Las medidas antipopulares impuestas desde el gobierno nacional hasta las provincias en un territorio federado y de contrastes asombrosos, manifiestan la receta ‘para crisis mundiales en países dependientes’, donde los que mandan súperviven de sus rentas a cuenta del empeoramiento de la vida del pueblo trabajador. El capitalismo narco-financiero realmente existente de una Argentina golpeada por los efectos de su condición primario-extractiva, una inflación estelar, déficit fiscal, deuda pública y externa que urge dólares a como dé lugar y la corrupción, edifican su malestar social. La distancia entre los relatos interesados de las distintas facciones partidistas, tanto en el Ejecutivo como en la oposición, y la vida real del pueblo argentino ameritan una biblia de contradicciones salvajes. Queda como deuda y entrega capitulada.
El 14 de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires, se realizaron dos movilizaciones que signan y resumen parte sustantiva de los dolores sociales de Argentina. Los docentes, estudiantes, madres y apoderados, y universitarios impugnaron al gobierno metropolitano del empresario y ultraliberal, Mauricio Macri (uno de los pre candidatos a las elecciones presidenciales de 2015) por el cierre arbitrario de, hasta ahora, 221 cursos en establecimientos de la educación pública. En Buenos Aires, poco más de la mitad de la educación escolar es privada (es decir, tiene objetivos gananciales particulares) y el 49 % es pública.
También, el mismo día, los asalariados agrupados en la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) efectuaron una marcha masiva debido a la precarización del trabajo y de la vida en todos sus ámbitos. El pueblo organizado anuncia desde abajo el retorno de sus fueros.
LOS SUJETOS SOCIALES DE LA EDUCACIÓN CUESTIONAN LA GOBERNABILIDAD
Entrevistada por Mariane Pécora, la destacada especialista en educación del país, Susana Vior -Profesora de Política Educacional en el Departamento de Educación y directora de la maestría en Política y Gestión de la Educación en la Universidad Nacional de Luján, y autora de numerosos trabajos al respecto-, señala que hoy “la escuela perdió su capacidad integradora de grupos sociales diferentes. Históricamente, la escuela atemperaba las diferencias sociales porque a la misma escuela iba el hijo del médico, del obrero o del comerciante. Y eso generaba no sólo vínculos personales muy fuertes; también permitía la experiencia de descubrir qué tenemos en común como seres humanos los integrantes de una sociedad. La escuela ha perdido todo eso. Creo que los sectores que detentan el poder han perdido de vista el papel fundamental de la escuela como instrumento de integración social”, y añade Vior acusando la miopía de la casta política tradicional que “sin integración social no hay gobernabilidad posible. Porque quieras o no, más temprano o más tarde, los conflictos sociales surgen. Y surgen con las características de enfrentamientos muy tremendos.”
Por su parte, Santiago, delegado sindical de los educadores de la Ciudad porteña dirigida por el millonario, representante de los intereses de la minoría gran propietaria y cabal fundamentalista neoliberal, informa que “su proyecto es dejar a la escuela pública sólo para los sectores más marginales y empobrecidos de la población, y a los docentes, trabajando en condiciones salariales, laborales y de infraestructura patéticas. Lo que hace Macri es fortalecer cada vez más la enseñanza privada. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, la educación particular tiene un subsidio de $ 1600 millones de pesos (US$ 367 millones de dólares). Estos son los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que han acatado no sólo los gobiernos de la Ciudad, sino que las provincias y la administración central de la casa Rosada. El gobierno nacional sigue sosteniendo un Estado sin escuelas. No financia a las escuelas, ni paga salarios. Si se hiciera cargo del mantenimiento de las escuelas, sus aspectos materiales estarían mucho mejor. La provincialización de la educación se basó en medidas antisociales que no se retrotrajeron jamás, bajo ninguna gobierno hasta ahora.”
Mariana Scayola, maestra de 3ER grado de una escuela de primaria del barrio Almagro dice que en su establecimiento “quieren cerrar dos grados completos. Eso significa que hay que armar cursos de 30 o más alumnos. Pedagógicamente, el fenómeno lesiona la atención personalizada a los niños. Y se trata de chicos y chicas que demandan una atención más concentrada y laboriosa. El gobierno ordenó que un curso con más de 15 estudiantes debe, obligatoriamente, fundirse con otro. Macri mandata el mínimo de alumnos por aula, pero no el máximo. Habrá 140 docentes despedidos en la Capital, por el momento.
-¿Cuál es la diferencia con la privada?
“En la escuela pública, los chicos no son clientes, no está el dinero de por medio. En las escuelas privadas, hay cursos de 40 alumnos porque eso suma más cantidad de mensualidades para el propietario del colegio. No les importa si el niño aprende o no. En la escuela pública no tenemos ese problema, obviamente. Lo único que nos interesa es que los chicos aprendan. Yo he trabajado en escuelas privadas y ahí hay que hacer ‘cosas para mostrarle’ a las madres, padres y apoderados con el fin de retener la matrícula. Incluso mentir sobre la situación de sus hijos. En las escuelas privadas el director más parece un gerente comercial que un conductor pedagógico.”
Desde el Sindicato de la Ciudad allegado al gobierno deCFK, Matías Woiciechowski, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que junto a otros representantes de esa organización magisterial hacen guardia en una carpa frente a la jefatura de gobierno de la Ciudad “exigiendo a Mauricio Macri que no cierre ningún grado más. Ello redunda en chicos sin escuela y docentes sin trabajo. La escuela pública es inclusiva, no cobra derecho de admisión. La privada diferencia por el monto de la cuota que cobra, por alguna confesión religiosa, etc. La gente se pone la camiseta de la escuela pública.”
Manuel Gutiérrez, dirigente del la organización de docentes más independiente del Estado, el gobierno y el empresariado, la Asociación de Educadores de Enseñanza Media y Superior (Ademys), pero que también integra en sus filas a las maestras y maestros de primaria, dice que el cierre de 221 cursos “tiene como fin desmantelar la escuela pública a favor del mercado y los privados. Pero es preciso, por el contrario y objetivamente, abrir escuelas. La escuela privada está limitada por cuestiones económicas, y es excluyente desde el punto de vista religioso. Sólo la escuela pública garantiza la pluralidad, la amplitud de criterio para una formación democrática. Y la excelencia académica sólo puede entregarla la educación pública. No por nada, los países desarrollados del mundo cuentan con un sistema de educación pública nacional, laica, gratuita y universal. La enseñanza pública es la base para la construcción de una sociedad igualitaria y libre.”
María Laura Frecha, es también representante de Ademys (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139594).
-¿Por qué una madre, un apoderado, debería optar por la educación pública en vez de la privada?
“Porque la pública es de mejor calidad. No sólo las niñas, niños y jóvenes tienen acceso a mayor cultura, al contacto con otros saberes. El egresado cuenta con un pensamiento reflexivo y no dogmático de la realidad. Es y será un mejor trabajador, un mejor ciudadano, con más oportunidades de elegir y desarrollarse. En cambio, la educación privada siempre tiene un sesgo ideológico estrecho, lo que limita sus posibilidades en la vida.”
-Pero la educación es un tema país, y aquí en la marcha sólo se observan actores del mundo escolar, docentes, apoderados, alumnos, universitarios…
“El Estado tiene que responsabilizarse de la enseñanza para su mejoramiento material y de infraestructura. Entonces la lucha por su defensa debe involucrar al conjunto de la sociedad. La enseñanza pública no está al servicio de intereses particulares, como la privada. Está destinada a la formación integral de futuros hombres y mujeres cuyos conocimientos son útiles al desarrollo y prosperidad general del país. Sin un sistema nacional y público de enseñanza, no hay porvenir para la Argentina que todos soñamos.”
Sólo en la escuela 2 del Distrito 7º, Francisco Herrera, ya han cerrado 11 cursos, es decir, la mitad del establecimiento.
EL AJUSTE, LA MEGAMINERÍA, LA LEY ANTITERRORISTA
El 14 de marzo, la Central de Trabajadores de Argentina convocó a marchar masivamente por la Av. 9 de julio y Corrientes hacia el Ministerio de Trabajo, en repudio a los ajustes económicos que vienen ejecutando Gobierno Nacional y por la derogación urgente de la ley antiterrorista.
Miriam Liempe, mapuche, del área de Relaciones con las Comunidades de la CTA notifica que “como pueblo originario estamos participando, porque lo que ocurre en este territorio nos pasa a todos. Hoy estamos marchando para que el ajuste no lo pague el pueblo, ni los más marginados, y para que se derogue la ley antiterrorista”.
-¿Qué impacto tiene la sanciona de la ley antiterrorista, en relación a la lucha de los movimientos?
“Para los pueblos originarios la represión se agudizado. Antes de que aquí se implementara la ley antiterrorista, para entenderla mejor, mirábamos a Chile, como al pueblo mapuche se le perseguía brutalmente. Pero nunca imaginamos su aprobación en Argentina, ya que hay un gobierno que luce en el concierto internacional la bandera de derechos humanos. Existe una contradicción entre lo que dice y lo que hace. Con el agravante que no se visibiliza en los medios.”
Pablo de Micheli, Secretario General de la CTA añade que “hay un desafío de construir un paro nacional, con una movilización a Plaza de Mayo en compañía protagónica de todas las fuerzas del campo popular. Nuestro rol es defender con hechos la reivindicación de los trabajadores y trabajadoras del país”.
-¿Qué efectos comportaría la ley antiterrorista en relación a estas reivindicaciones?
“La ley antiterrorista sirve para controlar y perseguir la lucha social. Hemos salido a la calle y lo seguiremos haciendo hasta que se anule semejante atrocidad porque los únicos portadores de la violencia y de terrorismo son los que generaron esta ley y no los luchadores y el pueblo argentino.”
Finalmente, Anabel Melnik, de la Coordinación de Asambleas del pueblo expresa que la marcha “es por la injusticia de lo que se paga a las cooperativas, el ajuste, lo que está pasando con los trabajadores, por todo lo que se viene este año, por las paritarias que se cierran, la inflación, los colegios que se cierran, por la minería a cielo abierto, crimen de lesa humanidad. Es la única herramienta de lucha que tenemos, ya que el gobierno ha empezado un combate contra nuestro pueblo”.
LA TRAMPA Y LA VOLUNTAD
Arnaldo Ernesto del sindicato de Agentes de Propaganda Médica (APM) que trabajan en laboratorios farmacéuticos, comunica que “estamos en plan de lucha para conseguir el 82% móvil. Las empresas farmacéuticas siguen ganando millones y millones de dólares sin hacer participar a la gente de sus ganancias pero si de sus pérdidas”.
El sindicalista añade que “somos más 6 mil trabajadores en todo el país. Nuestra demanda es una paritaria libre (negociación colectiva) sin piso ni techo para poder llevar nuestro salario al lugar donde deben estar, Los empresarios nacionales e internacionales deben dejar de extorsionar a los trabajadores con políticas de aprietes y reivindicar nuestro trabajo”
Ricardo Peidro: Secretario adjunto de la CTA dice que “no queremos topes en las paritarias como los quieren las patronales. Luchamos para que se derogue el impuesto a las ganancias. El salario no es ganancia. Ese impuesto es totalmente regresivo”.
El dirigente nacional apunta que “respecto de las asignaciones familiares, queremos unificarlas especialmente por hijos. Hay una diversidad muy grande y compañeros que perciben poco más de de 5 mil pesos de salario (US$ 1140 dólares mensuales) que no cobran esas asignaciones familiares”.
A su vez plantea que en los programas de inserción laboral como el “Plan Argentina Trabaja”, “puedan discutir paritarias, y no solamente aumento salarial sino también que se discutan condiciones de trabajo, seguridad social, obra social.”
Laura Albornoz trabaja en ese plan gubernamental. Ahí realiza labores de limpieza y dice que “pedimos aumento en la cooperativa. Estamos recibiendo 1200 pesos al mes (US$ 275 dólares). Pero ese sueldo sólo alcanza para comprar un kilo de carne por día, ¿y las demás cosas? Queremos un salario que nos alcance para vivir.”
Respecto de los planes de inserción laboral en los municipios donde se han implementado, se ha utilizado a la gente como rompehuelgas. Luis Gómez es empleado de la municipalidad de Quilmes, trabaja en el área de alumbrado público y asegura que “en los municipios ocurre que no se equipara la justicia social entre los trabajadores. Están los que entran por afinidad política y los que vienen trabajando de planta desde hace mucho tiempo en los municipios. Ellos están con un sueldo bastante ‘groso’, mientras que los empleados municipales estamos con un sueldo básico para abajo. Y como ellos entran con una cantidad de gente bastante grande y los contratan, entonces nos dividen. En cuanto a las cooperativas vienen a cumplir una labor de rompehuelgas porque al no comprender el trabajo que realizan a través de ellas, obedecen al mandato del puntero político que los convoca sin saber cuáles son los derechos y obligaciones que se tiene. Están sometidos a hacer trabajos allá o acá sin saber si tienen obra social o no.”
Cuando desean canalizar su reclamo mediante una huelga “ellos salen con la gente contratada por los partidos de arriba. Esos trabajadores, como no tienen interés de hablar de paritarias, salen igual a trabajar por la necesidad que hay. Está organizada la política de esa manera en casi todo el cono urbano”, aclara Gómez.
Consultado sobre el ambiente laboral en ese escenario, Luis Gómez expresa que “cuesta mucho mantenerse en ese clima. Tiene que haber mucha lucha, concientizando a los compañeros de reclamar lo que es justo, de lo que corresponde.”
Marzo 16 de 2012