El gobierno nunca ha tenido la más mínima intención de negociar o de solucionar los problemas de los trabajadores y pobladores de Aysén. El gobierno hasta ahora solo se ha dedicado a mentir e intentar hacer creer al resto del país de que ellos quieren conversar con las organizaciones sociales de la región, algo que está muy lejos de la realidad.
Las condiciones que ha puesto el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, para sentarse a conversar con los dirigentes de Aysén son inaceptables y solo buscan impedir cualquier tipo de negociación, pero tratando de dar la impresión que los culpables son los integrantes del movimiento social aysesino.
La política aplicada por el gobierno es la típica política de comunicaciones fascista de mentir en forma reiterada con la esperanza de confundir a un sector de la población. El encargado de aplicar esta política es Andrés Chadwick, un aventajado alumno de la dictadura y que en este caso está haciendo el mayor de sus esfuerzos.
Preparando el camino a una represión aun más violenta
Hasta ahora los niveles de represión han pasado todos los límites aceptables para una “democracia”, pero aparentemente el gobierno de Sebastián Piñera está preparando el camino para un aumento de los niveles de represión. El primer paso tiene que ver precisamente con el esfuerzo por acusar de intransigentes a los dirigentes sociales de Aysén, tratando de esta forma de crear una justificación para sus planes.
Cada vez que ha viajado una autoridad de gobierno a la región, no han llevado con ellos soluciones a las demandas de los aysesinos, pero si han llegado con ellos miembros de las Fuerzas Especiales para represión (los matones a sueldo del gobierno). Con Rodrigo Ubilla, Subsecretario del Interior, llegaron dos aviones de represores y elementos para reprimir, lo mismo a ocurrido con la “visita” del Ministro Rodrigo Álvarez, lo que más llevó fueron miembros de las Fuerzas Especiales. Esto es lo que mejor demuestra la disposición de “negociar” que tiene el gobierno.
El gobierno está gastando miles de millones de pesos en el traslado y la mantención de las Fuerzas Especiales y en elementos represivos. Una sola bomba lacrimógena cuesta alrededor de los 120 mil pesos, recursos millonarios que podrían servir para solucionar una parte de los problemas por los cuales se están movilizando en esta región.
No podemos descartar que el gobierno esté planeando llevar a cabo una masacre, para convertir este movimiento en un ejemplo para el resto de las organizaciones sociales que se están desarrollando en otras regiones de este país y para que no sigan el ejemplo de Aysén.
Nada es descartable con el actual gobierno. Los que hoy están en el gobierno son los mismos criminales que promovieron el golpe de estado encabezado por Pinochet y luego fueron parte de la dictadura y ayudaron o encubririeron los asesinatos, los detenidos desaparecidos, las torturas, como se han encargado de recordar los propios dirigentes de Aysén después del ultimátum que les acaba de dar el gobierno.
Es necesario realizar una solidaridad más activa y organizada
Por supuesto el resto de los trabajadores de Chile, debemos empezar a realizar una solidaridad mucha más activa que hasta ahora, para impedir los planes criminales del gobierno de los empresarios. Más dirigentes sindicales y sociales deberían estar desplazándose a la región a entregar una solidaridad en el terreno, pero también llamando a movilizaciones más coordinadas en todas las demás regiones del país. Entre más movilizaciones existan menos posibilidades tiene el gobierno de seguir trasladando y concentrando sus fuerzas represivas en la región de Aysén.
Unidad, lucha y solidaridad de clase son claves para que los trabajadores podamos conseguir nuestras demandas, poner fin al abuso patronal, terminar con la desigualdad, para empezar a construir una sociedad distinta, más democrática, solidaria, o sea, realmente más humana.
Celso Calfullán
Socialismo Revolucionario.