Parto esta columna definiéndome como un santiaguino de nacimiento y un Patagón por adopción.
El conflicto de Aysén que, pronto va a cumplir un mes, se viene germinando hace años, la falta de conectividad y muchas veces olvido en que está inmersa la Región repercute en el costo de la vida. Las distintas administraciones de gobierno nunca han entendido la real magnitud del problema de aislamiento, asimetría en los ingresos, la calidad del empleo, o la necesidad de una universidad regional, etc.
La gente está frustrada y esa sensación hizo un breve camino desde la desesperación a la indignación por la falta de entendimiento del actual Gobierno, como cuando el Subsecretario Ubilla viaja a la Región y los dirigentes se dan cuenta que no manejaba la información y, por consecuencia, la naturaleza del conflicto. Se perdió la paciencia y la confianza en las autoridades públicas. La llegada del Ministro de Salud sirvió para generar algunos anuncios importantes como son la concreción del anhelado hospital de Aysén. Sin embargo, esto no obedece a un plan de desarrollo estratégico para la Región, sino más bien, se trata de pequeñas píldoras para calmar el conflicto. Mientras tanto, el Gobierno envía aviones con fuerzas especiales y guanacos para reprimir el conflicto con muestras claras de apostar al debilitamiento del movimiento.
A modo de ilustración, el costo de vivir en una zona austral es 30% más caro que en Santiago, a eso usted debe agregar que muchas personas viven con el sueldo mínimo en el sector privado de servicios, familias que viven de la leña que cortan en verano, u otros que trabajan en las pesqueras en largas jornadas en galpones húmedos. La asimetría en los sueldos es violenta cuando hay determinados cargos públicos que, además, reciben una asignación de zona. El costo de la gasolina es desigual, con precios de margen muy distorsionados entre algunas localidades, llegando a más de mil pesos en Villa O´Higgins y Cochrane, y más de mil trescientos pesos en zonas del litoral más extremo como Puerto Aguirre y Puerto Gala, o las Guaitecas, en circunstancias que en Puerto Chacabuco el costo es de aproximadamente ochocientos cincuenta pesos.
En otras palabras, vivir en Aysén es más caro y el aysenino es quién paga el costo real del traslado del combustible, ya sea por mar, o por tierra.
La disminución de las cuotas de pesca artesanal, el costo de la extracción, los bajos precios, que afectan a tres mil pescadores sólo reflejan un problema más de fondo.
El problema de Aysén es más complejo que la construcción de un hospital público o las cuotas de pesca. El problema pasa, porque las autoridades accedan a las propuestas del movimiento social y entiendan que la Región necesita el diseño de un plan estratégico generado en conjunto con quienes viven en Aysén y no sin ellos desde un despacho en Santiago.
Es preocupante, pero también nos ilustra el ver algunas opiniones como la columna de un ex Ministro de este Gobierno titulada “El incendio patagónico”, al sostener que si el Ejecutivo cede a presiones como en el caso de Barrancones o ahora Aysén, el Gobierno debe abstenerse de comportamientos oportunistas y, por ello, insta a no caer en estas tentaciones, señalando: “El Ejecutivo no se jugó por buscar una reputación de hacer prevalecer el orden público y sus propias políticas a como de lugar, para cortar la sucesión de estallidos…”; o también las opiniones del Ministro de Salud que señala que hay agitadores profesionales que agudizan el conflicto.
Sin embargo, creo que ha quedado de manera manifiesta que este Gobierno y los anteriores no tienen un plan para Aysén, es más, sólo recuerdan la Región cuando deben dar apoyo a proyectos que atentan contra uno de los pocos territorios vírgenes del país como fue en su momento Alumysa que quería construir una planta para la producción de aluminio, argumentando que ofrecería 2.600 puestos de trabajo, en circunstancias que el sector turístico ofrece ocho mil plazas, según datos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Chile.
Las propuestas del movimiento social por la Región de Aysén, buscan romper el aislamiento y agregar algo de equidad. El conflicto no tendrá solución mientras el Ejecutivo no envíe una autoridad con capacidad resolutiva, requerimientos que no cumple la Intendenta Regional, toda vez que ,por si no lo recuerdan ,Chile es un país centralista y ella también depende de Santiago.
Por: Carlos Alvear Pareja. Abogado de la UCEN. Vicepresidente de la Organización para la cooperación y acción social interamericana (OCASI).