El pobre en Chile está condenado a la muerte prematura, sea por una bala loca por un combate entre pandillas o acciones de soldados de narcotraficantes, o porque caiga en hospital, en el Servicio de Urgencias y no sea atendido oportunamente, o quemado vivo en una cárcel – como ocurrió en San Miguel el año pasado – o víctima de la bala de un gendarme cuando un reo intenta huir de la prisión: en estos y en muchos casos más los pobres están condenados a una muerte prematura y violenta.
El pertenecer a la etnia mapuche constituye una condena aún mayor: basta un incendio forestal para que una comunidad mapuche sea inculpada, irresponsablemente, por las autoridades del Ministerio del Interior. La policía se cree con derecho de allanar sus viviendas y violentar a las mujeres y a los niños. En Chile se violan, diariamente, los derechos humanos sin que ninguno de los tenores del duopolio levante su voz en defensa de los pueblos originarios. El trato que el Estado chileno da a los mapuches es inmoral, repugnante e inaceptable.
Está probado que más del 80% de los presos son parientes o hijos de personas que, previamente, ha sido condenado. Hay un círculo de hierro que hace que el pobre siempre termine yendo a prisión, a veces por delitos infinitamente menores que los que cometen los “polleros” coludidos, o los propietarios de farmacias o los dueños de empresas de empresas de transportes, o de La Polar. Chile sufre la gangrena de la desigualdad y, por tanto, de la injusticia que, poco a poco, está destruyendo lo que el Cardenal Silva Henríquez llamaba “el alma nacional”.
A raíz de la tragedia de Talagante, ahora reaparece el tema de las cárceles, verdaderos infiernos malolientes, cual cloacas de ratas; ningún ser humano merece vivir en las cárceles chilenas. Cualquier condena equivale a una pena de muerte hipócrita o a ser conducido a un crematorio, que no difiere mucho de aquellos de los nazis. Las cárceles no rehabilitan, sino que asesinan legalmente.
Este gobierno, completamente ineficaz en casi todos los planos, ha hecho muy poco para mejorar esta situación inaceptable. De los veinte años anteriores, mejor ni hablar, pues en este campo demostraron gran ineptitud. Pienso que los congresistas, si verdaderamente tuvieran vocación de servicio, como lo pregonan, debieran legislar de urgencia un proyecto que implemente cárceles dignas en todo el país.
Se agrega otro motivo más a la urgente reforma tributaria que permita la construcción de cárceles, con una infraestructura adecuada para la vida digna de los reclusos y su reinserción social por medio de talleres de capacitación.
Respecto a la prevención, poco se le puede pedir al actual gobierno, pues los índices muestran alarmantes incrementos de la delincuencia. Para variar, otro incumplimiento de las promesas del actual presidente cuando presentaba su programa de gobierno.
Dejémonos de hipocresías: cuando los pechoños de la derecha se golpean el pecho con el derecho a la vida del recién engendrado, poco o nada les importa que en Chile los pobres siempre sean condenados a una muerte prematura.
Rafael Luis Gumucio Rivas
30/01/2012