La causa que se le sigue al juez Garzón -tras haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo- comenzó este martes en el Tribunal Supremo español, bajo la mirada de representantes de asociaciones de derechos humanos y juristas internacionales.
Garzón, el juez español más conocido internacionalmente después de que en 1998 ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación, tras ser juzgado la semana pasada en la misma corte por ordenar escuchas en un caso de corrupción.
A su llegada al Tribunal Supremo, el magistrado fue recibido por los aplausos, vítores y gritos de apoyo de decenas de simpatizantes congregados frente a la corte para protestar por el proceso.
Entre los concentrados estaba el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, quien en declaraciones a los periodistas afirmó que una eventual condena a Garzón sería “una mancha para la Justicia española”.
“Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón”, “Tenemos memoria, queremos justicia”, “Hay que juzgar al franquismo criminal” o “Garzón, amigo, el pueblo está contigo” eran algunas de las consignas que coreaban los concentrados.
El proceso es seguido en la sala por representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas, que participan como “observadores” porque creen que la decisión del Supremo incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal, en la que España fue pionera gracias a Garzón.
Los hechos por los que el juez está encausado se remontan a octubre de 2008, cuando se declaró competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante el franquismo y autorizó la apertura de 19 fosas en toda España, entre ellas la que se suponía albergaba los restos del poeta Federico García Lorca.
La investigación no avanzó mucho, porque el 28 de noviembre de ese mismo año la sala de lo penal de la Audiencia Nacional estimó el recurso de la Fiscalía y consideró que Garzón carecía de competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española (1936-39) y el franquismo (1939-75).
El Tribunal Supremo español, posteriormente, admitió a trámite varias querellas por prevaricación presentadas por organizaciones derechistas alegando que cuando Garzón se declaró competente ya sabía que no lo era.