Sólo la mitad de la ciudadanía aprueba su gestión al mando del Ministerio del Interior. Eso al menos dicen las últimas encuestas, que sitúan a Rodrigo Hinzpeter en la medianía de una tabla que ubica a su jefe, el presidente Sebastián Piñera, con un rechazo del 60 por ciento.
Hinzpeter es el rostro de la criticada política represora utilizada principalmente contra las marchas estudiantiles el año pasado –él es el principal responsable de la policía chilena– y de otros episodios complejos como el aumento de la delincuencia –él aseguró al asumir que disminuiría la victimización– que lo han tenido como candidato –al menos en las apuestas– a dejar un gabinete presentado como de excelencia cuando la derecha llegó al poder, hace exactamente dos años.
El último episodio de esta historia comenzó a escribirse la primera semana de enero, cuando Hinzpeter, el denominado brazo derecho de Piñera, deslizó que los incendios forestales ocurridos en las regiones del Bío-Bío y la Araucania y que costaron la vida a siete brigadistas, habían sido originados por miembros de la etnia mapuche. El juicio de Hinzpeter se adelantó a las investigaciones, razón por la cual fue criticado no sólo por los líderes de ese pueblo originario, sino también desde el plano político.
“Hace pocos días se incendió un helicóptero destinado a apagar el fuego, y ese atentado terrorista fue reivindicado por la Coordinadora Arauco Malleco, CAM. A partir de eso uno puede conjeturar y decir quién está detrás de otros incendios que pueden ser intencionales”, sostuvo Hinzpeter en ese momento.
En este teatro de operaciones, la Corte de Apelaciones habló ayer. Determinó que el ministro del Interior, en un plazo no mayor a 48 horas, debe entregar un informe sobre los antecedentes que posee respecto de los supuestos vínculos entre los comuneros mapuches y los incendios en el sur chileno. El requerimiento se hace a causa de un recurso de amparo presentado el pasado viernes por el abogado Juan Loncon y el ex director de la Conadi Domingo Namancura, que acusa a Hinzpeter de discriminación por relacionar estos siniestros con otras acciones que sí fueron adjudicadas por la CAM.
“Pídase informe, por la vía más rápida, a la recurrida, quien deberá evacuarlo en el término de cuarenta y ocho horas remitiendo a esta Corte, conjuntamente con su informe, todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso”, indicó la Suprema, según citaron los medios locales. La semana pasada, el abogado Loncon fustigó al ministro del Interior por atribuir responsabilidades contra el pueblo mapuche por su presunta responsabilidad en los incendios “sin ninguna prueba ni investigación que demuestre su participaron en estos incendios”. Agrega que en gran parte de ellos acusa formalmente a las comunidades mapuches como responsables del incendio, “por lo cual consideramos que hay una actitud racista en contra de los mapuches. Esa discriminación pone en peligro la libertad y seguridad individual de todos los mapuches”.
Consultado este miércoles al respecto, Hinzpeter aseguró que el requerimiento de la Justicia es “un procedimiento rutinario”. “Ocurre cada vez y constituye una medida de prudencia de las cortes para que antes de empezar a conocer un recurso de amparo, se le pida un informe a la autoridad respecto a la cual se dirige”, argumentó. Insistió en que cuando se presentan recursos de amparo –“como ocurre cotidianamente”– lo que hace la Corte de Apelaciones es darle la oportunidad a la persona requerida, o respecto de la cual se ha planteado el amparo, para que informe.
“No constituye ningún prejuzgamiento ni ninguna opinión anticipada de parte de la Corte sino más bien un trámite habitual que ocurre en este tipo de acciones jurisdiccionales”, agregó.
Las acusaciones no comprobadas por ahora y la imagen de duro de quien fuera vocero de la candidatura de Piñera y hoy ocupa un lugar clave en su gabinete hacen que Rodrigo Hinzpeter se haya convertido en una pieza de recambio de una maquinaria de poder que hace agua.
*Artículo publicado en Página 12