El Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos adelantó hoy que presentará una denuncia ante organismos de las Naciones Unidas sobre discriminación racial frente a los dichos del gobierno y personeros políticos conservadores quienes, con abuso de publicidad afirmaron tener antecedentes de que los incendios forestales que afectan a diferentes territorios mapuche del sur de Chile, tendrían una causal de origen “terrorista” y que de manera paralela han responsabilizado a organizaciones Mapuche.
La presentación se hará efectiva ante el Comité de eliminación de discriminación racial, CEDR y ante expertos de los mecanismos de protección de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, ya que a juicio del Grupo de Trabajo, representado por Sergio Millamán, Ronny Leiva, Eugenia Calquín y Alfredo Seguel, las declaraciones que han emitido autoridades del ejecutivo y legislativo frente a los recientes incendios forestales y al relacionarlas con causas Mapuche, son irresponsables, desprolijas y tendenciosas, ya que, con el abuso de publicidad en diversos medios masivos y comerciales chilenos, causan estigmatización generalizada a todo el Pueblo Mapuche, perturban la atención y dañan gravemente la convivencia.
Cabe mencionar que el Ministro del interior Rodrigo Hinzpeter señaló a medios de prensa que el origen de los incendios que arrasa plantaciones forestales en la Región de la Araucanía, y que en Carahue cobró la vida a 7 brigadistas, habría sido provocado por “manos criminales” y que estas provendrían de organizaciones mapuche, en particular apuntan a la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, relacionando este hecho como un acto con calidad de “terrorista” y aplicó la Ley Antiterrorista (LAT) para todo el proceso de investigación.
En esta actitud, también se identifica a autoridades locales designadas como el Intendente de la Araucanía, Andrés Molina; Al diputado de la República, José Edwards; Al Senador de la República, Alberto Espina; Al Senador designado, Carlos Larraín, y a medios de información masiva que han hecho relación directa entre los incendios y causas Mapuche.
Para el Grupo, esta situación es una campaña y una operación encubierta que busca desviar la atención sobre las verdaderas responsabilidades que tienen las empresas forestales en los incendios. Es a su vez, dijeron, una utilización política para consolidar la aplicación de la Ley antiterrorista y una enorme irresponsabilidad, porque a juicio del grupo, “No es posible aceptar conjeturas, ni suposiciones, cuando ni siquiera se han hecho peritajes, ni investigaciones, ni nada y todos los sectores Mapuche, incluyendo a la propia CAM han negado todo vínculo”
Para el Grupo de Trabajo cabe que el gobierno se retracte, reconozca los errores y pida disculpas públicas, como también, que se asegure el derecho a réplica en los medios de información que han venido señalando que los “ataques” incendiarios tendrían un origen Mapuche.