Cuando la industria avícola ya había exhibido fruición comercial mediante la práctica de una gestación y crecimiento acelerado de las aves en sus granjas de producción de carne manipulada, el “libre mercado” nos sorprende ahora con una aberración comercial.
Las grandes corporaciones avícolas no sólo están dispuestas a producir carne hinchada y reblandecida con hormonas y otras sustancias, a atentar contra el medioambiente y la salud humana, tal como exhibió y denunció el documental Food.Inc, candidato al Oscar en 2009, sino a saltarse todas las barreras del propio mercado y actuar como pandilla de rufianes.
La ambición, el lucro, en su obsesión, nos ofrece cada día nuevas marcas en este país otrora elevado como faja de tierra ejemplo para neoliberales y otros libremercandistas.
La colusión de los productores de carne de pollo no puede haber emergido a la luz pública en mejor momento: aparece cuando el modelo de libre mercado desregulado está en franca descomposición, cuando gran parte de la sociedad ha puesto al lucro como uno de los peores males del entablado económico, cuando aún no se acababa de silenciar la indignación por la colusión de las tres grandes cadenas de farmacias, los buses interurbanos y, cómo no, las “repactaciones” de La Polar. Decimos mejor momento no sólo por la necesaria transparencia en las áreas públicas y en los mercados, sino porque contribuye a un reforzamiento de la conciencia y la movilización ciudadana. Las protestas y marchas iniciadas en 2008 contra el cártel de las farmacias, estimuladas de forma embozada por La Polar, podrían engrosarse contra el cártel de los pollos.
El nuevo escándalo transparenta las raíces de un sistema de mercado que ha estimulado el enriquecimiento vertiginoso de grandes conglomerados empresariales, los que sobre la clásica práctica del cártel, se han repartido el mercado, sus zonas, sus objetivos, han controlado los precios y los volúmenes de producción. Una estrategia que no sólo ha perjudicado a los consumidores, sino también a los distribuidores y a la competencia. Como en todo monopolio u oligopolio, el o los actores dominantes impiden por diferentes vías el ingreso de competidores.
La denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra los tres grandes productores de pollo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es concreta: Agrosuper, Ariztía y Don Pollo han acordado límites en la producción de carne de pollo asignando cuotas de mercado para influir indirectamente en los precios, colusión que data desde hace al menos una década. Una práctica ilegal, que está sancionada en el artículo tercero de DL 211: al haber celebrado “un acuerdo entre competidores, consistente en limitar su producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional y asignarse cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto”.
El cártel funciona, según denunció la FNE, tras la fachada de la APA (Asociación de Productores Avícolas), desde la que se coordinan las acciones desde 1995. Estas tres empresas, que concentran más del 92 por ciento de la producción nacional, realizan anualmente una proyección del consumo de pollo para el año siguiente, para lo cual se planifica la producción y venta. Los directivos de las empresas, parapetados tras la APA, designaban a cada empresa porcentajes de producción, los que se han mantenido estables durante todos estos años. Como líder aparece Agrosuper, con 61 por ciento del mercado; Ariztía, con 31 por ciento y Don Pollo, con 8 por ciento.
Análisis econométrico para la colusión
El diseño estratégico se realizaba durante el último trimestre de cada año, plan que se perfeccionó con el tiempo. Durante los últimos años los especialistas del cártel incorporaron para el análisis variables econométricas, como el Imacec, las importaciones de pollo y el precio de la carne de pollo, vacuno y cerdo, desde la que los directivos de las empresas agrupadas en la APA construían los diversos escenarios posibles, discutían y optaban por un escenario. A partir de la estimación de la demanda total proyectada para el mercado nacional, determinaban la producción futura. Sobre este total nacional, se repartían, de acuerdo a porcentajes ya acordados, la producción que le correspondería a cada una de las empresas, proceso que estaría coordinado y supervisado por la APA.
Cabeza visible de la APA es Juan Miguel Ovalle, que ha cumplido una función clave en la cohesión y operación del cártel. De partida, confecciona las proyecciones de demandas de carne de acuerdo a la información proporcionada por las tres empresas, les remite la información para la producción anual requerida y monitorea el cumplimiento del acuerdo, a través de ajustes periódicos, semana a semana. Para realizar estos ajustes, la APA solicita, por ejemplo, una disminución de la producción, aumento de las exportaciones, aumento de los stocks congelados o matanza de crías recién nacidas. A la vez, las empresas que constituyen el cártel le entregan a la APA información sobre la venta, tanto en unidades, kilos y valores, volumen de exportaciones y producción congelada. De esta manera se cumplen las cuotas de producción asignadas y se controlan indirectamente los precios.
Hay dos aspectos especialmente sensibles como consecuencia de estas prácticas, los que ha considerado la FNE para hacer la denuncia y solicitar multas millonarias. Según explica el requerimiento presentado el 1º de diciembre, la conducta está agravada por su duración y el poder de mercado que les confiere el acuerdo y la sensibilidad del producto, dado que la carne de pollo forma parte de la canasta básica de gran parte de la población. Por ello, la FNE pidió la aplicación de la multa máxima contenida en esta legislación: unos 26 millones de dólares a cada empresa, en tanto contra la APA, teniendo en cuenta “su rol central en la coordinación y estabilidad del cártel, y junto a la aplicación de una multa de unos 18 millones de dólares, pide su disolución”.
Este es el primer requerimiento presentado por la FNE en el que utiliza sus nuevas facultades, que son el registro e incautación de toda clase de objetos y documentos que permitan acreditar la existencia de delito. Con estas nuevas facultades, la FNE inició la investigación hace más de un año. Antecedentes ya existían y las sospechas de colusión eran un rumor frecuente entre distribuidores y grandes consumidores de pollo, como restaurantes. Felipe Irarrázabal, el Fiscal Nacional Económico, informó a través de la prensa que tras un allanamiento realizado en enero de este año para recopilar correos electrónicos y testimonios, decidió demandar a las empresas.
Control de la producción y manipulación de precios
Al observar los precios de la carne de pollo durante los últimos años, éstos se han mantenido más o menos estables, sin grandes alzas, con variaciones simultáneas en todas las empresas. Por ejemplo, entre julio del 2009 y octubre de 2011, según datos de Odepa (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias), el precio del trutro a granel, pieza que representa el 58 por ciento de las ventas, ha subido más de 16 por ciento en supermercados, que es el principal canal de ventas. Sin embargo, ha habido también disminuciones en los precios: tras un techo de 2.484 pesos el kilo registrado hacia finales de 2010, bajó a unos 1.800 pesos hacia agosto de 2011, tendencia que ha sido levantada como defensa por el cártel. Estas variaciones, en cualquier caso, han sido estudiadas por la FNE, porque las bajas no coinciden con la realidad de los precios internacionales ni tampoco respecto al alza o baja de los insumos. Con el control total del mercado, los precios responderían a otras variables, como a las proyecciones de ganancias.
Las tres empresas citadas y denunciadas controlan más del 90 por ciento del mercado nacional de la carne de pollo, principal producto cárnico consumido por los chilenos, con casi el 40 por ciento del total. Le sigue la carne de cerdo, con 30 por ciento, la de vacuno, con 26 y la de pavo, con 5 por ciento. La empresa que lidera las ventas es Agrosuper, con sus marcas Super Pollo, Pancho Pollo y Pollos King; fue fundada en 1960 por Gonzalo Vial Vial. El año pasado vendió 18 mil toneladas mensuales de pollo y facturó 639 millones de dólares. Agrosuper no se queda en los pollos. Es la principal empresa agroalimentaria de Chile, con ventas anuales por dos mil millones de dólares.
En el segundo lugar del cártel está Ariztía, con casi 30 por ciento del mercado. La empresa, cuyo presidente es Manuel Ariztía, vende más de nueve mil toneladas mensuales de pollo, con una facturación de más de 50 millones de dólares. A la cola del cártel está Don Pollo, empresa fundada en 1986 por Ramón Covarrubias, con el 8 por ciento del mercado.
Gonzalo Vial Vial:
de Doñihue
a la conquista de
los mercados
Al observar la historia del mayor consorcio de pollos, podemos hacer un perfil de la empresa nacional en tiempos de globalización. El caso de Gonzalo Vial Vial, de Agrosuper, cruza varias etapas sociales, políticas y económicas de la reciente historia chilena. Desde la profundidad del campo chileno y bajo el amparo familiar, surge desde Doñihue hasta llegar hoy a los mercados asiáticos y europeos. Un proceso de permanente expansión, la que ha estado basada, hoy lo vemos, en el filo de la institucionalidad. No sólo mañas comerciales de cártel, sino influencias políticas, buenas amistades y todo tipo de prácticas antisindicales.
Vial Vial comenzó hacia finales de los años 50 vendiendo huevos en el campo, luego crió gallinas ponedoras y compró tierras en Doñihue. En la década siguiente introdujo en Chile los pollos broiler, de crecimiento rápido y completamente comestibles. Poco tiempo después, creo la empresa Super Pollo y empezó a meter el pollo en la dieta de los chilenos. A fines de los años 80 los chilenos consumían unos siete kilos de pollo en promedio al año. En los años 2000 se llegó a 25 kilos al año y hoy bordea los 28.
Crecer y diversificarse. En 1986 empezó a producir fruta para exportación en Super Fruit: hoy dispone de casi tres mil hectáreas de frutales y vides en Rancagua, Colchagua y Melipilla. En 1990 creó Cecinas Super y en 1996 ingresó al mercado de los pavos comprando el 40 por ciento de Sopraval, que hoy tiene el 60 por ciento del mercado. En 2000 partió con la Viña Vial, con plantaciones en los valles del Maipo y de Rapel. Luego agregó la viña Ventisquero. Hoy da empleo a más de siete mil personas en forma directa y a cuatro mil por medio de contratistas, además de las temporeras, que superan las dos mil.
Uno de sus principales ejecutivos por casi 25 años fue Eugenio Bauer, quien en 2002 se transformó en diputado de la UDI con apoyo de su patrón en el Distrito 33. Bauer y Vial son fundadores de la Universidad de Rancagua, donde también figuraba Esteban Valenzuela, diputado del PPD, quien reconoció admirar a Vial “porque es un empresario decente”.
En la Dirección del Trabajo las empresas de Vial acumulan decenas de denuncias por abusos laborales de todo tipo. También acumula multas y denuncias en la Corema (Comisión Regional del Medio Ambiente). Entre 2002 y 2007 las empresas de Vial pagaron más de 150 millones de pesos en multas, en su mayoría por la pestilencia de los excrementos y desechos de pollos y chanchos. El holding de Vial hoy tiene presencia en 50 países, con oficinas en Atlanta, Londres, Milán y Tokio. En 2000 la Sofofa le entregó el Premio a la Responsabilidad Social Empresarial.
Tal como en el escándalo de La Polar, los productores de pollo forman parte de la misma red del sector privado hoy en el gobierno, un tejido que se extiende por todos los sectores de la economía, los partidos de gobierno y parentelas. El gobierno de Sebastián Piñera está hecho de esas relaciones. Si las relaciones fueron intensas en La Polar, aquí son íntimas.
Funcionarios de Indap; el director de Fomento, Ramón Arrau, y el jefe de gabinete del subsecretario de Agricultura, Federico Errázuriz, vienen o están ligados familiarmente a dos de las principales empresas acusadas por la FNE: Pollos Ariztía y Agrosuper. Algunos ocuparon cargos en esas firmas o en entidades relacionadas durante el periodo en que se las acusa de coludirse contra los consumidores.
Y hay más: este 23 de diciembre el mismo Sebastián Piñera estará emparentado con la fortuna proveniente de la producción de pollos. Su hijo Sebastián se casará con Carmen Ariztía Ovalle, nieta del dueño de las Empresas Ariztía, Manuel Ariztía Ruiz.
Ricardo Ariztía, director, no es el único funcionario de Indap ligado al mundo avícola. El subdirector de la entidad, Juan Carlos Domínguez Covarrubias, estuvo vinculado a Agrosuper desde 2002. Ese año se integró a Agrosuper Comercializadora de Alimentos, donde se desempeñó como product manager de las áreas salmón, hortalizas y congelados. Luego entre 2003 y 2006 se sumó a la empresa pesquera Los Fiordos, del holding de Agrosuper ligado a la marca Super Salmón.
Piñera, pese a estar envuelto en estas redes empresariales y sociales, sólo tiene una opción: regular el sistema de libre mercado para su propia subsistencia
PAUL WALDER