La política chilena más reciente está llena de contradicciones, pero la política minera posiblemente mantiene algunas que son insuperables. Los discursos, acciones y decisiones políticas de los últimos 50 años, pero en especial de los últimos veinte, han instalado un escenario en el que sus actores y protagonistas han representado una de las peores comedias. Un tablado para la representación de la comedia neoliberal, la que ha tenido sus más vergonzosos actos y escenas en el sector minero.
El litigio entre Codelco y Anglo American por la opción de compra del 49 por ciento de la propiedad de la ex Disputada de Las Condes ha vuelto a revivir viejos procesos históricos, los que simplemente estuvieron anestesiados durante los últimos 40 años. Las fuertes contradicciones y choques históricos de los años 60 y 70 condujeron a la nacionalización parcial de los recursos mineros durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y, posteriormente, a su estatización completa con Salvador Allende. El siguiente giro de la historia fue en el sentido opuesto: golpe de Estado en 1973 y progresivo traspaso de esos recursos al sector privado nacional y global.
La primera y gran contradicción no fue, por cierto, ni el golpe de Estado -propiciado desde Washington para cautelar los intereses de sus corporaciones mineras- ni las indemnizaciones que la dictadura cívico-militar chilena le entregó a estas corporaciones por los bienes estatizados durante el gobierno de la Unidad Popular. Tampoco fue una contradicción la creación, a comienzos de la década de los 80, de la ley de concesiones mineras al sector privado por el economista José Piñera, hermano del actual presidente de la República.
La primera gran contradicción vino más tarde, a partir de 1990 con los gobiernos de la Concertación, los que justificaron y certificaron los cambios en las políticas económicas realizadas por la dictadura. Quienes gobernarían durante los próximos veinte años no reclamaron por aquellas transformaciones, sino que las avalaron. El primer proyecto minero privado post dictadura, Escondida (de BHP Billiton, Río Tinto y Mitsubishi), lo inauguraba en 1990 Patricio Aylwin. Este fue el inicio de un proceso de involución histórica que llevó al sector minero chileno a una condición similar a la que sufrió durante todo el siglo pasado y el precedente. Los tiempos de Anaconda, Kennecott y Braden Copper comenzaban a mutarse en otros, con nombres como Billiton, Exxon y más tarde Xstrata, Anglo American y Barrick Gold.
Tras poco más de tres décadas desde la nacionalización del cobre, por la fuerza de la reacción y la avaricia corporativa que ha caracterizado el proceso de globalización neoliberal, la economía chilena volvía a registrar una dependencia similar a la sufrida durante los dos siglos precedentes, con un protagonismo, esta vez creciente, del sector privado nacional y mundial en la economía y las decisiones políticas. Este trance ha sido denominado desnacionalización de los recursos mineros. Hacia finales de la década pasada, aproximadamente el 70 por ciento de la producción nacional de cobre era elaborada por compañías privadas nacionales y extranjeras, las ventas de este sector se elevaban a 18 mil millones de dólares en tanto las ganancias eran superiores a los ocho mil millones. El año 2010 sólo Minera Escondida tuvo utilidades por 4.300 millones de dólares.
La segunda gran contradicción se produjo hace muy poco, bajo el gobierno de derecha de Sebastián Piñera. La estatal Codelco, al intentar hacer efectiva una cláusula del contrato de venta, en 1978, por parte del Fisco a Exxon de la ex Disputada de Las Condes, hoy propiedad de Anglo American, se estrelló contra el muro levantado por la historia de las inversiones extranjeras en la minería en Chile, aunque es aplicable a cualquier otro sector y país latinoamericano, africano u asiático. El gobierno proempresarial de Piñera, muchos de cuyos miembros fueron entusiastas partidarios del golpe militar, de la dictadura y de las privatizaciones, ha embestido al corazón y esencia del capitalismo.
La reacción del gobierno de Piñera ha sido defender en tribunales ese derecho para comprar el 49 por ciento de la mina, opción que Anglo American, también con el contrato en la mano, impugna. El litigio, hoy en manos de conspicuos bufetes de abogados, seguirá su curso legal o, también, es posible, extrajudicial.
El gobierno ha entrado con fuerza en apoyo de Codelco, generando una nueva e inédita corriente nacionalista sobre la propiedad de los recursos naturales. Un discurso, sin embargo ambiguo, aun cuando políticamente rentable: si bien está acotado a la ex Disputada, se integra muy bien con el actual clima de insatisfacción con el modelo de mercado.
La historia los condena
Es necesario hacer un poco de memoria. Hace poco más de diez años, durante el gobierno del “socialista” Ricardo Lagos, la multinacional de la energía, Exxon, entonces dueña de la mina hoy en disputa, la muy bien llamada Disputada, anunció la venta de este activo a Anglo American por 1.300 millones de dólares. El anuncio de venta escandalizó a más de un especialista y observador de la economía y del sector minero. Exxon vendía en una suma millonaria una mina que, según sus balances, sólo le había generado pérdidas, pero que en los hechos era una clásica y desvergonzada práctica realizada en los países del Tercer Mundo, con la ayuda de los amigos en el Estado y en el Parlamento, para no pagar impuestos. El buen precio en que Exxon traspasaba la Disputada a Anglo American también consideraba estas “exenciones” tributarias.
Los gobiernos de entonces podrían haber organizado la misma maniobra que el actual: la cláusula estaba vigente. Pero no lo hicieron. Lagos ha aparecido durante estas semanas en la prensa justificando su omisión, pero el lector, el ciudadano de la calle, ya tenía y tiene sus opiniones.
El ex presidente “socialista” se justificaba en la prensa del duopolio. Lagos escribía: “En ese momento (2002) habíamos tratado de comprar Disputada, pero la oferta que hizo Codelco fue levemente inferior a Anglo American. Todos respetamos las reglas del juego y Anglo American se quedó con la compañía”.
Ese y otros gobiernos de la Concertación no sólo aplaudieron cada una de las inauguraciones de las nuevas instalaciones mineras, hidroeléctricas y forestales, sino que fueron diligentes para facilitarles una ganancia buena y rápida. Durante aquellos años los organismos internacionales lo mismo que las agencias de calificación de riesgo -aquellas mismas que mintieron con los balances, desde Lehman Brothers a La Polar-, colocaban a Chile como el mejor país latinoamericano para hacer negocios. Era que no. Hacia finales de la década pasada las grandes empresas, lo mismo que en los años precedentes, aumentaban sus ganancias en un 50 por ciento.
Los concertacionistas se desvivieron por atender al inversionista extranjero. Y también perdieron la compostura y la dignidad. Para ello, sólo dos recuerdos. Uno data de los primeros años de la década pasada, durante el gobierno de Ricardo Lagos y con Ricardo Solari como ministro del Trabajo. La intoxicación de un niño tras comer una hamburguesa en un local de McDonald’s detonó airadas protestas ciudadanas, lo que terminó con ese ministro junto a otros funcionarios de gobierno comiendo hamburguesas ante la prensa para calmar la indignación de la sociedad civil. El segundo episodio es mucho más grave, y estuvo oculto hasta su emergencia hace pocos meses gracias a WikiLeaks. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, la embajada de Estados Unidos presionó a La Moneda a favor del proyecto termoeléctrico Campiche, de la empresa estadounidense AEG Gener, rechazado en la evaluación de impacto ambiental por estar emplazado en un área verde. Tras algunas llamadas telefónicas, la solución fue muy simple: un cambio de la destinación del suelo, de área verde a industrial.
La mala conciencia
y el royalty minero
Hay que ser justos en este recordatorio. El escándalo de Exxon dejó en muy mal pie la oscura relación entre las corporaciones mineras y los gobiernos de entonces, que habían observado con parsimonia cómo evadían de un modo obsceno el pago de impuestos, lo que generaba sospechas sobre la calidad del lobbying con todo tipo de dádivas, aguinaldos o gratificaciones. De este episodio, y por cierto, de la insistencia de un grupo de políticos, entre ellos el ex senador Jorge Lavandero, que persistieron durante décadas por demostrar este escándalo de las políticas mineras, surgió un proyecto de royalty, por el cual el Estado, y gracias hoy al alto precio del mineral, ha logrado obtener algunos beneficios.
Es prudente recordar también la actual estructura del sector minero, que expresa con claridad el proceso de desnacionalización del cobre. Hacia finales de la década pasada, del total de la producción minera chilena, que superaba los 5,5 millones de toneladas, el 70 por ciento correspondía a la producción privada, con una venta por 8.370 millones de dólares. De este total facturado por la empresa privada, casi siete mil millones de dólares correspondieron a ganancias, de las cuales pagaron un total de 1.400 millones de dólares entre Impuesto a la Renta e impuesto específico a la minería.
La comparación con los aportes de Codelco al Fisco expresa con evidencia las enormes pérdidas que sufren el Estado y la ciudadanía con la ley de la dictadura y la desnacionalización de los recursos mineros. Aquel mismo año, Codelco produjo el 30 por ciento del cobre y tuvo utilidades por 1.800 millones de dólares. De este total, pagó sobre mil millones de dólares por concepto de impuestos, en tanto pagó otros 580 millones como aporte directo al Fisco (Ley Codelco). Es decir, Codelco, que produjo a fines de la última década un tercio del total del cobre, aportó al fisco 1.600 millones de dólares, más que los 1.400 millones que la minería privada pagó tras haber producido más del 70 por ciento del cobre chileno.
Más absurdo que contradicción
Que la derecha tenga hoy un litigio con una empresa transnacional es también un sinsentido y una contradicción al recordar la historia más reciente. Porque hay al menos dos eventos que permanecerán tal vez por siglos en la memoria. Tras la nacionalización del cobre por el gobierno de Salvador Allende, las empresas estadounidenses, agrupadas entonces bajo una transnacional que lideraba la ITT (International Telephone and Telegraph), impugnaron las nacionalizaciones a través del camino judicial, tanto a nivel internacional como nacional. Este proceso, hay que recordar, incluyó también el financiamiento de la oposición y de los medios de comunicación de derecha para crear un clima de inestabilidad en el país.
Estas medidas tuvieron un éxito parcial hacia 1972, cuando los requerimientos de Anaconda y Kennecott lograron la retención de embarques de cobre chileno en puertos internacionales. Meses más tarde estos intereses lograban paralizar el país, generar un clima de caos y desencadenar el golpe de Estado. Hoy, casi 40 años más tarde, una corporación internacional, esta vez británica, entra en litigio con un gobierno chileno ¡de derecha! Pero durante los veinte años anteriores, con los herederos de Allende (PS, PPD, PRSD) en La Moneda, las relaciones no pudieron ser más fluidas.
El otro evento también refuerza este absurdo y esta contradicción. Tras el golpe de Estado, una de las primeras acciones impulsadas por los golpistas civiles y militares fue la devolución de los activos nacionalizados. El proceso de desnacionalización de los recursos naturales chilenos comenzó el mismo 11 de septiembre de 1973 y hacia 1974, la dictadura de Pinochet negociaba con las empresas norteamericanas para indemnizarlas. El acuerdo supuso el pago de cerca de 400 millones de dólares de la época, y las principales beneficiadas fueron las empresas mineras, aunque la ITT también recibió su parte. La Anaconda recibió 168 millones, Braden 54 millones, Cerro Corporation, 15 millones. El resto correspondió a ITT y a otras inversiones menores.
Estas acciones, acopladas a otras, como la creación de la ley minera en plena dictadura, nos explican con claridad el actuar tradicional de la derecha económica ante los recursos naturales. El febril discurso nacionalista que hemos observado en estos días, también ha comenzado a decantar y es probable que se encauce bajo la lógica neoliberal, la que, bien sabemos, pone el interés corporativo como bien supremo. En ese sentido, las declaraciones a mediados de noviembre de Guillermo Luksic, presidente de Quiñenco y empresario minero, son expresivas: “El gobierno no debiera formar parte de esta cantidad innumerable de árbitros que se han erguido en el país opinando sobre un problema que es de dos empresas”.
La Concertación hoy se rasga las vestiduras y clama otra vez por la nacionalización de los recursos mineros. Tras veinte años de fruición neoliberal, de haber entregado con placer los recursos naturales, después de avalar todas y cada una de las políticas económicas de la derecha, este nuevo canto nacionalista es sin duda una inexplicable contradicción.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 747, 25 de noviembre, 2011
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