Las relaciones con nuestros países vecinos han sido siempre poco felices. Es cierto que durante el siglo XIX conspiraron contra ellas factores en buena parte superados: Una definición completamente ambigua de los límites geográficos heredados de la Colonia; las búsquedas de hegemonía regional tan propias del contexto decimonónico; y la inexistencia de instituciones internacionales que pudiesen resolver conflictos entre naciones.
Pero lamentablemente, los tratados que pretendieron superar definitivamente los efectos de la guerra del Pacífico fueron muy desafortunados. Y esto en gran medida debido a la miopía de las autoridades chilenas. Así, el Tratado de Ancón (1883) con Perú sembró un nuevo conflicto que se prolongaría casi 50 años, al estipular que el futuro de las provincias de Tacna y Arica se definiría por un plebiscito de sus poblaciones a efectuarse en el curso de 10 años. Por cierto, las condiciones específicas de su aplicación fueron imposibles de obtenerse a satisfacción de ambos países, continuándose con un virtual clima de guerra que solo se resolvió en 1929 con el Tratado de Lima que asignó Tacna a Perú y Arica a Chile.
Pero también dicho tratado sembró un nuevo conflicto al plantear que cualquier salida soberana al mar para “un tercer país” (Bolivia) por los territorios disputados tendría que contar con el beneplácito de ambos países. Es decir, estableció una virtual soberanía limitada de Chile y esto a iniciativa del gobierno chileno de acuerdo a lo manifestado por el propio canciller de la época, Conrado Ríos Gallardo. (Ver Gonzalo Vial.- Historia de Chile (1891-1973), Volumen IV, Edit. Fundación, 1996; p. 359)
Para qué hablar del Tratado de 1904 con Bolivia que dejó a este país sin salida al mar. Luego de la “tregua” pactada en 1884, ambos países habían suscrito en 1895 un tratado –que no fue ratificado- por el cual “Chile se comprometía, una vez adquiridas definitivamente Tacna y Arica (fuere por el plebiscito o por arreglo directo), a transferirlas, también en dominio definitivo, a Bolivia. El precio: 5 millones de pesos chilenos de plata (aprox. 625 mil libras esterlinas)” y que “si Chile no adquiría Tacna y Arica, se obligaba a ceder a Bolivia la caleta Vítor hasta la quebrada de Camarones, u otra análoga”. (Gonzalo Vial.- Historia de Chile (1891-1973), Volumen II, Edit. Santillana, 1983; p. 188) Notablemente, este tratado fue suscrito en el momento en que Chile estaba a punto de tener un conflicto bélico con Argentina por sus diferencias limítrofes.
Luego del fracaso de la ratificación de dicho tratado –en gran parte debido a la reserva añadida por el Congreso boliviano de que le correspondería a aquél la calificación del puerto que ofreciera Chile en caso de no materializarse la cesión de Tacna y Arica- y del término del conflicto con Argentina; el gobierno chileno le planteó a Bolivia en 1900 que se tenía que conformar con puertos libres y compensaciones adicionales, por medio de una brutal “nota diplomática” entregada por el ministro de Chile en La Paz, Abraham König, y que en su parte medular señalaba: “Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle el opinar que Bolivia tiene derecho a exigir un puerto en compensación de su litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que Alemania anexó al Imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título con que los Estados Unidos de la América del Norte han tomado a Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones. Que el litoral es rico y que vale muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque vale; que si nada valiera no habría interés en su conservación. Terminada la guerra, la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia fue vencida, no tenía con qué pagar y entregó el litoral. Esta entrega es indefinida, por tiempo indefinido, así lo dice el pacto de tregua: fue una entrega absoluta, incondicional, perpetua. En consecuencia, Chile no debe nada, no está obligado a nada, mucho menos a la cesión de una zona de terreno y de un puerto. En consecuencia, también, las bases de paz propuestas y aceptadas por mi país y que importan grandes concesiones a Bolivia, deben considerarse, no sólo como equitativas, sino como generosas”. (Mario Barros Van Buren.- Historia diplomática de Chile, (1541-1938); Edit. Andrés Bello, 1990; p. 583)
Y era tal la debilidad del país altiplánico, que aquél se avino finalmente a aprobar un tratado en la línea de dicho “ultimátum”. Así, de acuerdo a Gonzalo Vial, “Bolivia tenía dificultades limítrofes no sólo con Chile, sino con todos sus otros vecinos: Paraguay (por el Chaco), Brasil (por la región de Acre), Perú y Argentina; sus finanzas, además, se hallaban gravemente quebrantadas”; necesitaba inversiones extranjeras para explotar “diversos tipos de riquezas nacionales”, pero “la indefinición de una guerra perdida, pero no liquidada, era mortal para los capitalistas extranjeros”. Y, por último, la tregua implicaba una apertura total de la economía boliviana a los productos chilenos (y peruanos) y “simultáneamente, diversos países que gozaban ante Bolivia de la llamada ‘cláusula de la nación más favorecida’, sostenían su derecho a ser equiparados con nosotros y los peruanos”. Todo lo anterior condujo a Bolivia a reconocer “la pérdida de los territorios conquistados por Chile, a cambio de compensaciones económicas, la construcción de un ferrocarril Arica-La Paz y la concesión a Bolivia del “más amplio y libre tránsito comercial por su territorio y los puertos del Pacífico” y “el derecho de constituir agencias aduaneras” en dichos puertos. (Vial, Volumen II, pp. 378-9)
Obviamente que lo anterior significaba una resolución jurídica del problema de límites con Bolivia, pero en ningún caso una resolución políticamente efectiva. Lo que fue reconocido por el distinguido diplomático chileno Beltrán Mathieu ¡en 1902!, al señalarle al presidente Riesco que “si el litoral continúa valiendo lo que hoy, con tratado o sin tratado procurarán (los bolivianos) recuperarlo”. (Vial, Volumen II; p. 384) Así, ya en 1910, el canciller boliviano, Daniel Sánchez, en memorándum dirigido a Chile y Perú, señalaba que “Bolivia no puede vivir aislada del mar”, que necesitaba “por lo menos un puerto cómodo sobre el Pacífico; y que respecto de esto “no podrá resignarse jamás a la inacción”. (Vial, Volumen II, p. 556) Y en 1913, Ismael Montes, ¡el mismo presidente boliviano que había suscrito el tratado de 1904!, en su paso por Chile a Bolivia para reasumir la presidencia, sugirió en una reunión con personalidades chilenas que se le cediera Arica a Bolivia al resolver Chile su problema con Perú. (Ver Manuel Rivas Vicuña.- Historia política y parlamentaria de Chile, Tomo I; Edic. de la Biblioteca Nacional, 1964; pp. 358-9) (Continuará)