Pongamos por caso que a falta de alguien más idóneo, que cumpla con las exigencias que debería tener un candidato que represente a quienes se oponen a la derecha, sea la ex presidenta Michelle Bachelet la que asuma en desafío y se presente a la reelección.
Y supongamos que de una vez por todas baja a la tierra desde su nube rosada y se dispone, ahora sí, a hacer lo que siempre rechazó hacer durante su mandato. Y que ni siquiera se esbozó en el de sus colegas anteriores.
Para el efecto, debería contar con un Programa de Gobierno en que las reivindicaciones de la gente estén contempladas para que durante su mandato se resuelvan. Del mismo modo, sus Ministros y funcionarios de confianza deberían tener el perfil de personas sensibles a los malos tratos que ha debido soportar la chusma durante los últimos cuarenta años y, dejando de lado sus intereses, se dispongan a trabajar para la gente.
En ese escenario, las leyes deberán ser hechas por legisladores que respondan a sus promesas electorales y no se olviden de ellas una vez que se sientan en sus sillones y comienzan a recibir los regalos que el sistema les reserva no más por que son diputados y senadores, por lo que ya ganan más dinero que la gran mayoría de los tontos que trabajan por un sueldo.
Esas mismas leyes u otras, deberán gravar con verdaderos y efectivos impuestos a las grandes fortunas cuya viveza, conocimiento del sistema y las propinas que dejan a legisladores y funcionarios, les permite pasar por esta vida llenándose de fortunas, sin pagar un peso. Por lo mismo, deberá el nuevo gobierno promulgar una verdadera ley de Royalty que obligue a las empresas mineras y pesqueras a pagar por las enormes riquezas que se llevan impunemente. De lo contrario, se les quitarán las licencias.
En el caso de las riquezas mineras, el nuevo gobierno enviará al parlamento un proyecto de reforma constitucional que permita respetar la ley de manera que todos los yacimientos de cobre sean efectivamente para Chile.
Ni qué hablar de los Ministerios sociales. En Trabajo habrá un sólido compromiso con los trabajadores, se eliminará el multirut, serán sancionadas duramente las empresas que violen los derechos de los trabajadores, y el derecho a huelga será igual en el sector privado y en el público.
Y a propósito de sanción. Habrán sido expulsados del partido de la presidenta el presidente de Cruzados SA, Jaime Estévez, cuyo fino olfato no soporta el olor ha roto, el militante PPD, Daniel Fernández, que contraría todo lo que sus correligionarios recitan con relación al medio ambiente, a Mariana Aylwin, empresaria de la educación que no aceptará el cese del lucro. En fin el listado será algo extenso.
Los Ministros ocupados del orden interior erradicarán a los mandos y tropas de Carabineros involucrados en las evidentes y graves violaciones a los derechos humanos de niños y jóvenes durante las jornadas de protestas estudiantiles. Se terminará con el fatídico Decreto 1086, del 15 de septiembre de 1983, firmado por Augusto Pinochet y Sergio Onofre Jarpa, aún vigente, y que permite el control de los derechos de la población a manifestarse.
Se desmontarán todas oficinas secretas, semi secreta y pública que se haya establecido en el último cuarto de siglo y que hayan servido para espiar a los connacionales y a las organizaciones sociales, sindicales y gremiales.
Los equipos técnicos usados para la represión se fundirán y con ese metal se levantará un túmulo en el cual se recuerde a las víctimas de la brutalidad policial.
Por orden de la presidenta se estatuirá un día de celebración nacional cuando se promulgue la ley que define un sistema público de educación el que a todos los niveles el Estado garantice un acceso libre, democrático y de la más alta calidad para todos quienes opten por esta modalidad.
El sistema electoral binominal será cosa del pasado y regirá un sistema que garantice que la voluntad del pueblo se va a respetar en cualquier circunstancia. Habrá una instancia revocatoria para cuando algunos representantes se les olvide el cambio de las reglas del juego, de manera que un importante porción del electorado podrá exigir un nuevo llamado a elecciones para reemplazar al irresponsable, al mentiroso, al sinvergüenza o al ladrón. Justo proceso mediante.
Habrá otras medidas que resuelvan las falencias, olvidos o simples injusticias que cruzan la sociedad toda. Pero por algo se parte.
Sobre todo en estos ejercicios de imaginación. Todos sabemos que para algo así, la ex presidenta Bachelet no da el ancho ni el angosto. Y no lo da ninguno de sus ex ministros y la mayoría de sus altos funcionarios y colegas.
Otra cosa es la gran mayoría de la gente que alguna vez creyó en esa gente que de a poco algunos, más rápidos, otros, abandonaron las ideas que alguna vez defendieron con la pasión de la juventud, pero que ahora, en el dorado otoño de sus vidas, no son más que recuerdos que a veces vuelven para incomodar la siesta de los domingos.
Será mejor buscar por otros lados, en otra gente. Tal vez en esos hombres y mujeres que comienzan a superar el largo momento amargo que vaticinó Salvador Allende.