Una nueva legislación aprobada en abril 2011 aumentará la rentabilidad del negocio de las cárceles privadas para inmigrantes, pero también incrementará dramáticamente la cantidad de gente que llega a EEUU a rasguñar el “sueño americano” y termina presa, según la quinta noticia importante más censurada por los grandes medios de EEUU, seleccionada por el ranking anual Proyecto Censurado 2012. La historia periodística fue divulgada por Peter Cervantes-Gautschi (1) en Social Policy (Políticas Sociales), bajo el título “Wall Street y nuestra campaña por descriminalizar al inmigrante”.
El informe relata que en los últimos cuatro años el gobierno de EEUU ha encerrado a un millón de inmigrantes en peligrosas prisiones del sistema carcelario privado financiado por los contribuyentes. Allí se cometieron abusos de niños, violaron mujeres y dejaron morir hombres por falta de atención médica básica. La “Corrections Corporation of América” (CCA), que tiene su sede en Nashville, Tennessee, y el Grupo GEO, corporación global asentada en Boca de Ratón, Florida, son las principales fuerzas ocultas que agitan entre bambalinas una oleada de esfuerzos legislativos en curso contra el inmigrante, en una nación que se construyó con emigración.
El gobernador de Arizona, Jan Berger, recibió un financiamiento sustancial para su campaña electoral de la compañía CCA y del Grupo GEO, que son las dos más grandes corporaciones que diseñan, construyen, gestionan y operan prisiones en EEUU.
La revista Social Policy indicó que el consejo superior de
Revelaciones del artículo de Social Policy
Algo más de un año después de adjudicarse con éxito el contrato para poner en marcha el Campo de Detención de Guantánamo (GITMO), en Cuba, en octubre de 2003, el Grupo GEO contrató los servicios de lobbystas que recientemente habían alcanzado posiciones influyentes cabildeando ante el ministerio de Seguridad de
El 1 de mayo de 2006, mientras el Grupo GEO y
La “represión rápida” de diciembre de 2006 marcó un cambio en la aplicación de la ley de inmigración de 1995 por parte del gobierno federal, cuando fueron detenidos más de mil trabajadores, hombres y mujeres, de las plantas industriales de comida cárnica en varios estados. Por primera vez, muchos de estos detenidos fueron sentenciados por “crímenes” a largas penas de prisión. Cuando ocurrió esta incursión rápida, el diario USA Today citó al reverendo Clarence Sandoval, de la iglesia católica de St Thomas Aquinas en Logan, Utah, diciendo: “Están tomando a madres y padres y nosotros nos referimos realmente a los niños. Estoy recibiendo llamadas de madres diciendo que no saben dónde detuvieron a su marido”.
Poco tiempo después que la administración Bush ejecutara este cambio en la aplicación de ley que afecta a los inmigrantes, los consejeros de Wall Street recomendaron al público comprar acciones de compañías de prisiones privadas como CCA y GEO. El entonces vicepresidente Dick Cheney invirtió fuertemente en Vanguard, propiedad de un puñado de accionistas importantes en GEO.
El informe de “Políticas Sociales” sostiene que los gastos en cabildeo fueron recompensados por aumentos enormes de ingresos en contratos gubernamentales para encarcelar a inmigrantes. Entre
En 2007, el ICE condujo 30.407 incursiones contra inmigrantes en lugares de trabajo, vecindarios y espacios públicos tales como paradas de autobús y estaciones de trenes. El número de incursiones de ese año fue el doble del total de 2006. El número de inmigrantes colocados tras las rejas, como si fueran criminales, creció de 256.842 en
Como resultado del miedo inducido por estas incursiones y otros factores, las marchas del Primero de Mayo en favor de los inmigrante fueron mucho más pequeñas en 2007que en el año anterior. A mediados de 2007, mientras muchos organizadores fueron blanco de la legislación y las incursiones, los accionistas de GEO y CCA cosecharon beneficios enormes. Ambas compañías emitieron acciones 2 x 1 que prácticamente doblaron el valor de la participación de sus accionistas en las dos compañías.
Aunque los accionistas fueron generosamente beneficiados con aumentos de ingresos por contratos de prisión para ambas compañías, el incremento no fue suficiente para satisfacer a algunos de sus accionistas más importantes. JPMorgan Chase, un dueño importante de GEO, liquidó sus acciones y abandonó el liderazgo en la compañía.
Un problema para los inversionistas que buscaban grandes ganancias en el lucrativo negocio de la prisión fue que las tasas de ingreso no podrían mantenerse al alza porque las agencias federales como el ICE no tenían suficiente personal para arrestar y procesar más inmigrantes que la cantidad ampliada que ya manejaban. Llegó a ser evidente que la única manera de aumentar perceptiblemente los ingresos por mayor número de gente arrestada y encarcelada era contratando más personal en las agencias de aplicación de la ley. La industria privada de la prisión necesitó entonces una nueva fuente de personal barato autorizado para aplicar la ley. El nuevo foco de la expansión del negocio para el CCA y de GEO, al parecer, cayó bien en los gobiernos estatales.
Para “Políticas Sociales”, el resultado de este cambio de foco del negocio está ejemplificado por el papel de CCA en la ley SB 1070 de Arizona y los roles de la misma corporación y GEO en otros esfuerzos legislativos dirigidos a aumentar dramáticamente la cantidad de detenidos entre los inmigrantes indocumentados en más de veinte estados. El gobernador de Arizona, Jan Brewer, quien recibió financiamiento sustancial de campaña de altos ejecutivos de
El 30 de julio de 2010,
Además de recabar fondos para la apelación, los esfuerzos legales de Brewer incluyeron escritos de apelación ante las cortes de tres estados que tienen contratos con GEO y/o con CCA. Las dos compañías de prisiones actualmente están implicadas políticamente en estos estados y en varios otros que mueven proyectos anti-inmigrante en sus respectivas legislaturas. En total, en veinte estados están considerando legislaciones inspiradas en la ley SB 1070 que han sido endosadas por sus respectivos candidatos a gobernadores republicanos, que están en gran parte financiados por
CCA y GEO pertenecen a las instituciones más importantes de Wall Street que se benefician del negocio de encarcelar inmigrantes. EEUU ahora tienen más gente en prisión que cualquier otro país en la tierra. En noviembre pasado, la dirección superior de CCA en Tennessee hizo la contribución más grande fuera de ese estado en favor del gobernador de Arizona, Jan Brewer. La corporación CCA, que ya tiene varias prisiones en Arizona y está esperando ampliar su negocio con más inmigrantes aún por encarcelar en ese estado, aguarda más aumentos de ingresos cuando se ejecute la ley SB 1070.
La administración Bewer, en un gesto acogido con satisfacción por los grupos de vigilancia armados de supremacía blanca partidarios del notorio sheriff Joe Arpaio, aplicó recientemente una ley permitiendo que las armas que antes se portaban ocultas ahora sean llevadas en público. El CCA y GEO, que lucran casi exclusivamente de fondos públicos, en 2006 profitaron del encarcelamiento de inmigrantes aprehendidos por el ICE, después que la administración Bush cambiara el cargo de delito menor, con pena de prisión corta, por trabajar sin un número de Seguridad Social apropiado a una violación tipificada como crimen con una sentencia de prisión larga.
El cambio en cómo se hace cumplir la ley federal aumentó el mercado de potenciales internos inmigrantes para CCA y GEO en más de diez millones de personas por quienes el gobierno pagaría alojamiento y transporte. El negocio del encarcelamiento de inmigrante ha crecido substancialmente desde 2006 para CCA y GEO. Hoy, por ejemplo, cualquier persona cogida por el ICE en Los Ángeles se envía a una instalación CCA en San Diego, mientras lo capturados por ICE en Seattle o Portland, Oregón, se envían a una instalación GEO en Tacoma, pues las cárceles de propiedad y operadas por el gobierno federal representan el 137% de la capacidad.
El inversor más potente del CCA es el fondo de cobertura Pershing Square, que se transa en Wall Street por el gran gurú y activista del inversor Bill Ackman, quien también desempeña un papel potente en Target Corporation y Kraft Foods. Wells Fargo es el inversor más potente de GEO. Otros inversores importantes con poder de influir la gestión en una u otra, o en las dos compañías, son Vanguard, Lazard, Scopia, Wellington Management, FMR (Fidelity) y Bank of America. De uno u otro modo, cada uno de estos dueños importantes de cárceles es sensible a la opinión pública.
Ninguno de estos mayores inversionistas importantes necesita a
Esta probable vacilación para que actúe el Congreso no se debe simplemente a las generosas contribuciones de campaña que reciben senadores y congresistas de la industria privada de la prisión. La mayoría de los miembros del Congreso tienen inversiones personales en CCA y son accionistas importantes de GEO. La verdad es que mucha gente invierte sin saberlo sus pensiones en CCA o GEO. Asimismo, los informes sobre las finanzas personales de algunos miembros claves del Congreso
sugieren que algunos tienen más que un interés casual en las fortunas de CCA o GEO.
Senator Enzi, a senior Republican who sits on the Senate Budget Committee, was awarded a 100% approval rating by U.S. Border Control, which describes itself as “a non-profit, tax-exempt, citizen’s lobby. USBC is dedicated to ending illegal immigration by securing our nation’s borders and reforming our immigration policies.”
El veterano senador republicano Mike Enzi, por Wyoming, del Comité de Presupuesto del Senado, otorgó 100% de aprobación a una tasa en favor del Control Fronterizo de EEUU (USBC, por su sigla en inglés), que el mismo describió como “no lucrativo, exento de impuestos para el lobby ciudadano. USBC se dedica a terminar con la inmigración ilegal asegurando las fronteras de nuestra nación y reformando nuestras políticas en materia de inmigración”. (Enzi tiene una opinión de línea dura sobre la inmigración ilegal y ha sido altamente valorado por los grupos que apoyan controles de fronteras más estrictos. Ha votado a favor de la construcción de un muro a lo largo de la frontera de EEUU con México y contra la puesta en práctica de programas en beneficio del trabajador inmigrante. También ha votado para mantener
Obligar al Congreso a abandonar las políticas de criminalización de inmigrantes probablemente va a requerir, entre otras cosas, que convenzamos combinadamente a nuestros fondos de jubilación, Wells Fargo y uno o dos fondos de cobertura p ara que salgan de la industria privada de la prisión y se vayan a hacer dinero a otra parte. ¿Quién sabe? Algunas de estas instituciones financieras pudieron incluso tener la sabiduría de invertir en compañías que generan trabajos con el salario de las familias.
Notas:
1) Peter Cervantes-Gautschi, codirector de Enlace, ha sido un activista que trabaja desde 1965, desde que comenzó como agricultor en California. Ha organizado y dirigidos dos consejos de trabajo para HERE, SEIU y CWA, organizaciones que luchan contra los bajos salarios del trabajador y ha cofundado varias coaliciones de trabajo con la comunidad, membresía de organizaciones y comités de acción política.
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno
Fuente:
Wall Street & Our Campaign to Decriminalize Immigrants, Peter Cervantes-Gautschi
Source: Social Policy- Organizing for Social and Economic Justice, February 14, 2011
Student Researcher: Caitlin Morgan, Sonoma State
University
Faculty Evaluator: Peter Phillips, Sonoma State University