La ira de la Intendenta

La Intendenta de la Región Metropolitana habla sobre sí misma en tercera persona como obligada a rendirse tributo cada vez que debe decir una palabra. Más que Intendenta, parece la dueña de la Región, y en virtud de esa potestad, entrega permisos o los niega según su propio parecer, sin tomar en cuenta los derechos de las personas. De la misma forma reparte palos, gases y golpizas.

 

 

Nadie, en su sano juicio, pretenderá que las movilizaciones cuentan con un aparato especial, integrado orgánicamente a éstas, para cometer desmanes. Una especie de grupos de comandos que operan bajo las órdenes directas de Camila o de Giorgio. Sin embargo, la señora Intendenta acusa directamente a los dirigentes del movimiento como los responsables de los incidentes en que terminan las marchas.

 

De manera simultánea, hace caso omiso a la evidencia que muestra a las Fuerzas Policiales atacando a los participantes de las manifestaciones sin mediar otra cosa que no sean órdenes venidas de algún lado. A menos que las Fuerzas especiales de carabineros sean capaces de deliberar políticamente y actuar según sea que les gusten las consignas, las marchas y sus exigencias y entonces, den sus mandos la orden de ataque sin que las Intendenta lo sepa.

 

La autoridad, ésta y a las que han pasado antes por ahí, incluidas, por ciertos las de la Concertación, tiene el convencimiento que la utilización de las calles para manifestarse es una dádiva prevista en su investidura como autoridad y no un derecho de los más elementales. Por alguna razón extraña, quien se sienta en el sillón de Morandé esquina Moneda, se cree dueño, en este caso dueña, de decidir cómo, cuándo y por dónde, la gente hace uso de un derecho que costó recuperar. Incluidas las muertes de muchas personas.

 

Si las fuerzas de Carabineros no han sido capaces de capturar a uno sólo de los encapuchados que malogran las extraordinarias manifestaciones de los estudiantes, y uno que otro profesor, será por razones que la propia autoridad regional deberá investigar. No por la oposición de los convocantes.

 

Creer, más bien decir con un ánimo político evidente, que los responsables de los desmanes de la marcha son Camila y Giorgio, resulta de una calidad más que discutible como criterio de autoridad. Sería equivalente a culpar de los destrozos que albos y azules hacen en las inmediaciones de los estadios no más suena el pitazo final, a Hernán Levy y a Federico Valdés.

 

La Intendenta es otra arista de un ordenamiento político anacrónico que sobrevive utilizando normas que se consagraron al amparo de la noche de la dictadura y que buscaron acallar las voces que finalmente dieron al traste con el régimen de Pinochet.

 

Cuando los estudiantes marchan por el país y ponen sobre la mesa exigencias para cambiar los paradigmas en educación, también están poniendo en cuestión la existencia de autoridades como la Intendenta que entiende la democracia como el ejercicio que se hace cada dos años en la cámara secreta y no como una forma de vida que abarca todo lo demás.

 

No se puede levantar una crítica al sistema educacional sin afectar la esencia se un sistema, más que de un gobierno. De hecho, las reivindicaciones estudiantiles son tan válidas bajo este gobierno como lo han sido bajo los cuatro anteriores. Lo que está en discusión es la legitimidad de una cultura, de la cual la Intendencia es una de sus expresiones.

 

Sin dudas, un país de verdad democrático, no necesitaría de los servicios de autoridades cuyos argumentos varían desde agentes encubiertos, a gases o el simple apaleo, para controlar las manifestaciones que irritan sus convicciones.

 

Tampoco será necesario autoridades que no consideran los derechos humanos de los Carabineros a los que, en función de sus juramentos y obediencias debidas, llevan a envilecerse por la vía de hacer del castigo físico a otras personas su trabajo cotidiano.

 

Hay un claro contrasentido entre la campaña que acusa de maricones a quienes golpean a una mujer, y las imágenes en las cuales los funcionarios policiales reciben órdenes para hacer exactamente lo mismo, con el agravante de castigar a menores de edad, como si se tratara de enemigos del reino.

 

Las autoridades se entienden democráticas no sólo porque su sector político ganó una elección, sino porque, por sobre todo, suscriben a priori una conducta de respeto a los Derechos Humanos y eso significa el destierro de toda conducta autoritaria.

 

De no ser capaces de lo anterior en razón de profundas convicciones doctrinarias o religiosas, lo mejor es quedarse en el ámbito privado y no en el servicio público.