Una compleja situación se está viviendo en
La orden fue emanada el miércoles desde el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y tendría como fin realizar licitaciones “públicas y abiertas”. En otros términos, las universidades, estatales y privadas, deberán competir y pagar por tener a estudiantes e internos en los hospitales.
El término del convenio docente asistencial involucraría los Hospitales Del Salvador, Luis Tisné, Instituto de Neurocirugía Asenjo e Instituto Nacional del Tórax. Frente a esto, académicos, estudiantes, funcionarios, el Rector e incluso algunos parlamentarios, han manifestado su total desaprobación frente a la medida.
Para Cecilia Sepúlveda, decana de
“Se perderían centros donde se desarrollan las actividades clínicas más relevantes para el aprendizaje de las carreras de
El rechazo de parte de los estudiantes tampoco tardó en manifestarse. “Nos sentimos obligados a movilizarnos, paralizando totalmente nuestras labores asistenciales a la espera de una respuesta concreta de parte de las autoridades del Servicio de Salud Metropolitano Oriente”, señala un comunicado firmado tanto por estudiantes, internos y funcionarios de
Mientras que el Consejo de Estudiantes de
Asimismo, el Rector y el Senado Universitario también manifestaron su desaprobación. Se trata de “un resultado extremo e inaceptable de las políticas de autofinanciamiento emanadas del MINSAL, que afectan a las instituciones del estado. Tales acciones no reflejan la voluntad que ha manifestado tener el gobierno para fortalecer a la educación pública, en el marco de las movilizaciones de los últimos meses”, se señala en la declaración emanada desde el Senado.
Mientras que el rector Víctor Pérez señaló que “esta no es la manera que consideramos que debe ser la relación entre dos Instituciones del Estado: los Hospitales y su Universidad. Los pacientes públicos no pueden ser licitados en el mercado al mejor postor”. Pérez además comentó que espera disculpas de parte del Ministro de Salud, Jaime Mañalich.
La decisión también llamó la atención del presidente del Senado, Guido Girardi, quien se refirió a la histórica relación entre los estudiantes de las universidades estatales y los hospitales públicos, lo cual ha influido en la calidad de formación de los profesionales de la salud. “Lo que está pasando ahora es que está llegando el lucro de manera brutal y sin compasión, y se está interponiendo el interés privado por sobre el bien común. Lo que uno debe suponer aquí es que hay muchos amigos dueños de universidades que tienen mucho interés de tener campos clínicos”, sugirió el senador a Radio Universidad de Chile. Por su parte, para el diputado Enrique Acorssi, se trataría de un “traspaso encubierto” de recursos del estado a instituciones privadas.
Normativa vigente
“Tras el aumento exponencial de las universidades que imparten carreras de la salud, y algunos acuerdos, se decidió hacer una normativa para adjudicar los campus clínicos a las universidades. Existieron muchos borradores y finalmente culminó con
Para Siches, el convenio permite que los hospitales, en su dinámica de autogestión, puedan encontrar beneficios económicos que lo favorezcan. “Esta normativa es un tanto perversa, porque intenta cuantificar el costo de formar estudiantes e intentar medir cuánto vale el acceso a los pacientes y el aporte de las universidades a los centros clínicos”, argumenta.
Para el CES esta normativa deja abierta “la posibilidad de cobrar a las universidades para que sus estudiantes puedan realizar sus prácticas en los centros asistenciales. Esto conjugado a la escasa responsabilidad que existe por parte del Estado, en términos del financiamiento a la salud pública, obliga a entrar en lógicas de autofinanciamiento, abriéndose al mercado y la competencia por recursos”.
Asimismo, la normativa vigente no ha estado exenta de dificultades, debido a lo complejo de establecer “relaciones interesantes” para los campus clínicos. “Mucho del aporte que hacemos de