Este 3 y 4 de septiembre se celebró el Segundo Encuentro de Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas (PI) de Chile, con el título: “Gobernabilidad e Institucionalidad Indígena, Aplicación e Implementación Convenio 169 de
Autoridades y dirigentes de seis pueblos originarios, venidos de diferentes comunidades y regiones, se auto-convocaron para proponer, discutir y levantar medidas para responder al Estado nacional, que de un modo abusivo y prepotente viene anulando trascendentales derechos establecidos en el Convenio 169 de
Haciendo un llamado a sus hermanos indígenas del país y del mundo, a mantenerse alertas y vigilantes, entre otras resoluciones, elaboraron una Declaración a la opinión pública Nacional e Internacional. Al Estado chileno exigen:
1.- La anulación inmediata del Reglamento 124 de Mideplan. Dado que dicha normativa fue dictada sin realizar la consulta previa a los PI, ella no se ajusta a los estándares internacionales, pretende reemplazar al Convenio 169 en Chile y atenta contra la esencia de la consulta y participación de los PI en la adopción de medidas Administrativas y Legislativas que les afecta.
2.- Una vez anulado el Reglamento 124, proponen un Diálogo genuino, efectivo y transparente con todos los PI, expresado en un Pacto de implementación del Convenio 169, congruente con los tratados y acuerdos internacionales de Derechos Humanos y Derechos de los PI. Para la firma de dicho Pacto solicitan la intermediación del Relator Especial de Naciones Unidas James Anaya, y mientras dure este proceso, exigen que las consultas sean regidas por los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de
3.- En concordancia con el espíritu del Convenio 169, propician un acuerdo previo entre el Gobierno y los PI, sobre la consulta de la consulta, que establezca un procedimiento de la consulta de acuerdo a los estándares internacionales, el que debe incluir al Congreso de
4.- Anulación del proceso de Consulta de Instituto Nacional de Estadística (INE), para el censo 2012. Señalan que la “propuesta” de preguntas implementadas por esta institución, conducen a un “genocidio estadístico”, y a la negación política de los derechos colectivos de los PI, en especial al pueblo mapuche, al transformarlo en identidades territoriales internas (pueblos pehuenche, lafkenche, pikunche, etc.), reduciéndolos a una minoría estadística.
5.- Suspensión de la convocatoria a elecciones de Consejeros Indígenas al Consejo Nacional de
6.- Solicitan a la comunidad internacional, instar al Gobierno de Chile a respetar los tratados internacionales y leyes nacionales que cautelan los Derechos de los PI, propiciando su aplicación efectiva. Asimismo pidan al Gobierno y al Congreso Nacional el desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas de calidad. Como también velar por una correcta ejecución de programas y proyectos destinados a los PI, más si se cuenta con financiamiento internacional, estos deben asegurar la cohesión social y no la fragmentación de los PI.
7.- Finalmente piden al Gobierno las garantías para efectuar asambleas locales y regionales, a cada uno de los PI y un Congreso Nacional de los pueblos originarios, el cual facilitaría un diálogo constructivo, autónomo y genuino entre sus dirigentes y organizaciones, permitiendo la deliberación de todos los temas de interés de los PI de Chile y a ejercer su libre determinación.
La declaración está firmada por más de 50 organizaciones y comunidades indígenas de los pueblos: Aymara, Lican Antay, Colla, Diaguita, Rapanuí y Mapuche (pehuenche, lafkenche y huilliche).