Los estudiantes ratificaron el llamado a paro previsto para este jueves 8 de septiembre, a pesar de la suspensión decretada ayer por la presidenta de la FECH, Camila Vallejo. Ante esto, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios acusó descoordinación universitaria, informó Radio Bío Bío. Es así como en todas las regiones del país se concretará el paro nacional estudiantil el próximo jueves.
En Concepción marcharán todas las universidades, además de los escolares, según señaló el presidente de la federación de la Universidad de Concepción, Guillermo Petersen.
El dirigente dijo además que el Gobierno buscó complicar a las organizaciones estudiantiles con su propuesta de cronograma de trabajo.
En la quinta región también confirmaron la realización del paro. Nathaly Espinoza, presidenta de la federación de la Universidad Católica de Valparaíso, aseguró que respetan el duelo por las 21 personas fallecidas en Juan Fernández, pero que es necesario continuar movilizados.
Mientras tanto José Ancalao, presidente de la Federación de Estudiantes Mapuche, indicó que existe autonomía de cada región para marchar.
Asimismo los escolares confirmaron que marcharán en todas las regiones. La vocera de la Coordinadora Nacional (CONES), Paloma Muñoz, acusó descoordinación por parte de los universitarios.
Ayer, Cristóbal Lagos, secretario general de la FECH y miembro del Movimiento Amplio de Izquierda (MAIZ), afirmó que la respuesta que dio el presidente Sebastián Piñera a los estudiantes durante la reunión en La Moneda “es la reiteración de la insatisfactorias 21 medidas que el Ministro de Educación anunciara hace algunos días, ya que ellas no atacan los pilares fundamentales de un sistema de educación clasista y de deficiente calidad”.
A las propuestas del Presidente hechas en la reunión del sábado pasado en La Moneda, el movimiento estudiantil responde, dice Lagos, “diciendo estar dispuesto a integrar las mesas de trabajo que el Gobierno propone, deponer las movilizaciones y retornar a clases una vez que el Presidente se comprometa formalmente a convocar a un plebiscito para que los chilenos decidan si aceptan o no introducir una norma constitucional que, dentro de un plazo razonable, prohíba al Estado entregar directa o indirectamente recursos financieros a empresas educacionales que persigan fines de lucro. Este plebiscito podría realizarse en paralelo con las próximas elecciones municipales”.
