Trampas para optimizar los lucros en las universidades privadas

Gracias a las masivas movilizaciones de los estudiantes secundarios y universitarios, a través de todo el país, se están conociendo con mayor nivel de detalle los artificios que  utilizan los más habilidosos para obtener ganancias en sus emprendimientos educativos que la ley dice que no tienen fines de lucro. Al respecto, el senador Alberto Espina (RN) en una entrevista en El Mercurio indicó “cuando te das cuenta de que los dueños de las universidades se han ganado fortunas, la sensación de impotencia, injusticia e inequidad en la gente es muy grande”.

 

 

 

 

 

Debemos tener presente que las más importantes de estas universidades gastan centenas de millones de pesos en divulgar sus presuntos méritos en los medios de prensa escrita, radio y TV para captar todo tipo de alumnos. Si éstos no tienen la capacidad económica para solventar el costo de los aranceles, se tienen que endeudar hasta el tuétano con intereses abusivos que difícilmente pueden pagar, calamidad social que no les concierne a los dueños de tales modernas casas de estudios superiores.

 

 

El drama de Chile es que estamos llenos de leyes que no se cumplen porque los que están llamados a fiscalizar  -funcionarios públicos-  no se atreven a ejercer sus atribuciones por diferentes motivaciones. Las universidades privadas se crearon en 1981, bajo el régimen militar, y los dueños de las mismas, con la complicidad del Estado, han estado lucrando a destajo sin que nadie revise sus mentirosas contabilidades y balances.  

 

En la mayoría de estas universidades sus accionistas y controladores, con ardides, retiran utilidades sin reinvertirlas en educación como en rigor corresponde, no tienen consejos imparciales a quienes deban rendirle cuenta de sus actos, traspasan entre diversas sociedades costosos inmuebles y todo tipo de bienes y flujos de clientes (alumnos). Todo se transa en el mercado y los sueldos que se auto asignan como educadores, decanos y directores son lo suficientemente altos para que así sus inversiones sean muy rentables.   

 

Como tales influyentes actores particulares no son tímidos, se las han arreglado para no pagar las contribuciones de bienes raíces de las propiedades que poseen a nombre de sus sociedades, con el argumento de que allí se imparte educación. Y esto es sabido por todos quienes se desenvuelven en este tipo de empresas, como también por los distintos gobiernos desde Pinochet, pasando por todos los de la Concertación, a Piñera. Es decir, la clase política ha estado tolerando este tipo de corrupción.

Ahora bien, en el diario La Hora y en las noticias de la noche del Canal 13 de Televisión del 24 y 25 mayo pasados, respectivamente, se mostraron los efectos perniciosos en los espacios públicos de la esquina Pío Nono y Bellavista, en el límite de las comunas de Providencia y Recoleta, originados con ocasión de los recientes emplazamientos de las universidades privadas Andrés Bello y San Sebastián.

 

Se vieron en pantalla los atochamientos de los peatones en las aceras y los interminables tacos vehiculares. Recordemos que en esta esquina está localizada, desde hace muchos años, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y hasta la irrupción de las dos construcciones anteriores nunca se habían visto los colapsos hoy existentes en esa conjunción de calles.  

 

Se estima que hay más de 6 mil nuevos estudiantes en ese sector, muchos de los cuales utilizan sus propios automóviles y como esas casas de estudios superiores carecen en sus interiores de apropiadas infraestructuras de esparcimiento y recreación, aquellos  deambulan en las inmediaciones de Pío Nono aumentando la población flotante, generándose más ruido y contaminación de todo tipo y, por lo tanto, degradándose el tradicional barrio Bellavista.

 

Estas dos universidades obtuvieron los correspondientes permisos de edificación, por parte de las direcciones de obras de Providencia y Recoleta, en cuya tramitación se observaron diversas irregularidades que están siendo investigadas por la Contraloría General de la República. En ambos casos se iniciaron sumarios administrativos, afortunadamente realizados por el órgano fiscalizador, ya que cuando los sumarios son efectuados por los municipios, todos sabemos que sus resultados no sirven de nada porque en sus tramitaciones operan las consabidas alianzas de socorros mutuos funcionarios.

 

Para demostrar que estas dos universidades, al igual que la mayoría de las privadas existentes, son simples nichos de buenos negocios, a continuación diremos a nombre de qué personas jurídicas mercantiles se otorgaron esos permisos :

La municipalidad de Providencia cursó el permiso a nombre de la Inmobiliaria e Inversiones San Genero Dos S.A. con RUT 96.709.510-9 para que, sobre la calle Bellavista 0121, se construyera el edificio de la Universidad Andrés Bello y un instituto profesional ligado a la anterior. 

 

La municipalidad de Recoleta cursó el permiso a nombre de la sociedad Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. con RUT 76.702.480-0 para que, ocupando toda la manzana de las calles Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, Dardignac y Pío Nono, se construyera la sede y un centro de extensión de la Universidad San Sebastián y de pasada, 3 altas torres de pequeños departamentos.

Aprovechando el cotidiano laissez faire imperante en Chile en el ámbito regulación urbanística, ello porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las municipalidades, sus socios naturales, consideran que las leyes son meramente indicativas para así no disgustar a los inversionistas inmobiliarios, los dueños de estas dos universidades privadas obtuvieron sus permisos vulnerando las normas de edificación contenidas en diferentes cuerpos reglamentarios, todo lo cual, desde hace un par de años, está en conocimiento pleno de las instituciones que tienen el deber de exigir el cumplimiento de la ley.  

 

En el caso de la Universidad Andrés Bello, muy interesada en obtener rápido el permiso municipal, lo consiguió sin que estuvieran fusionados los distintos predios en donde ella y su instituto profesional levantaron sus construcciones. Tuvo el descaro de manifestar que no sabía cuantos estacionamientos requería su proyecto para así no contar con el Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) en la fecha del otorgamiento del permiso de edificación. Para salvar las apariencias en el tema vial, el abrumado Seremi de Vivienda manifestó que el citado permiso “está condicionado a lo que más adelante decida el titular del proyecto” (sic).  

 

Además violó la normativa de uso de suelo, ya que sobre la calle Bellavista, no se admiten edificaciones universitarias, aunque sí institutos profesionales. Dado que el equipamiento universidad requiere obligatoriamente que su acceso sea por la Av. Santa María, esta exigencia normativa nunca se podrá cumplir porque el angosto pasaje que podría ser utilizado para ello es de uso exclusivo de un antiguo edificio habitacional que enfrenta dicha avenida con el número 0112. La comunidad de este edificio reclamó insistentemente ante la Dirección de Obras de Providencia por una serie de tropelías cometidas en el período de construcción que perjudicaban la calidad de vida de sus comuneros. Por estas denuncias, en más de una ocasión se suspendieron las obras y los vecinos le expresaron que, por la irresponsabilidad y ausencia de rigor profesional de la empresa constructora, se tuvo que lamentar la muerte de un trabajador.

 

En relación a la Universidad San Sebastián, por un capricho de sus autoridades, el proyecto en su conjunto no lo ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como un “Estudio”, sino que sus directivos se conformaron con presentar en la Conama una insuficiente “Declaración” sólo por las 3 torres habitacionales. Es decir, la sede universitaria que más parece un colorido mall y el centro de extensión respectivo no cuentan con la debida calificación ambiental. Esta tremenda burla ha sido observada por la Contraloría, organismo que le ha exigido a la Corema que curse las sanciones que correspondan por esa infracción. Pero el dictamen del ente fiscalizador es desoído majaderamente por la institucionalidad ambiental.

 

Para sacar ventajas indebidas y así construir más en el predio que supera los 15.000 m2 de superficie, la universidad se puso de acuerdo con la municipalidad para sobrepasar las normas de edificación de una de las dos zonas que tiene dicho terreno. En efecto, el sector que enfrenta Bellavista permite la construcción en altura y en el sector que enfrenta Dardignac se permite solo altura media que llega a los 20 metros, unos 7 pisos. En esta zona más restringida se proyectaron 3 torres de 19 pisos, una de las cuales ya está terminada, con lo cual se consagra la indeseable práctica de los hechos consumados.

 

 

Para evitarse la licitación pública para concesionar el bien nacional de uso público Pío Nono, en cuya superficie y subsuelo se construyó el acceso a un estacionamiento de vehículos, la municipalidad solo suscribió un permiso precario con una de las empresas de la universidad. Demás está decir que en este lugar se arriendan, a precios de mercado, los espacios disponibles para todos los usuarios de los mismos.   

 

Con estos dos ejemplos hemos evidenciado que el deshonesto sistema imperante no da para más y por ello valoramos la iniciativa animosa de los estudiantes que, en la calle, proponen cambios radicales en la educación secundaria y terciaria. No sabemos cual será el desenlace de las irregularidades urbanísticas detectadas en estas dos universidades privadas, aunque lo más probable es que no pase nada para así no incomodar a los dueños de las mismas, personajes que forman parte de la regordeta élite chilena.  

 

Pero en todo caso el actual gobierno, forzado por las marchas, se ha comprometido a exigir que este tipo de universidades no persigan el lucro en sus actividades. Veremos cómo las instituciones del Estado, después de tantos años de pasividad, harán cumplir la ley.

 

Patricio Herman

Fundación “Defendamos la Ciudad”