El gobierno de Sebastián Piñera adelantó este domingo la hora de verano en dos meses, pero el tiempo político transcurre implacablemente en su contra.
El reloj de la política avanza contra el gobierno y cada día aumenta el rechazo ciudadano al modelo de negocios llamado “industria de la educación”, erigido en la enseñanza superior hace tres décadas por Pinochet y perfeccionado en la educación media durante 20 años de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia , a expensas del Estado y de las familias. Piñera hasta ahora ha hecho concesiones mínimas sin ir al fondo del conflicto, como rebajar a 2% los intereses de los préstamos a universitarios –mediante un subsidio en beneficio de los bancos, que seguirían cobrando 5,6%- pero no tiene ningún deseo de sentarse a conversar con los afectados para debatir una transformación radical de una “industria” que enriquece a sus propietarios privados, como lo piden estudiantes, profesores, padres, apoderados y población en general.
El Movimiento por la Educación crece a lo largo de los 4.000 km de este país, pero no se vislumbran propuestas reales de solución a un conflicto que presiona el autismo voluntario –y quizás patológico también- del gobierno, en un país donde cualquier iniciativa legislativa de orden tributario o gravamen al erario público es responsabilidad exclusiva del poder Ejecutivo, no del Congreso, ni del poder Judicial, menos de la ciudadanía. Por eso, el movimiento transversal por la Educación está planteando un plebiscito que defina un nuevo modelo educacional o un “proyecto educativo país” absolutamente opuesto a los designios ideológicos del jefe del Estado, su gabinete de hombres de empresa y los dos partidos de derecha que lo sustentan en un poder cada día más precario.
Puede parecer irreverente burlarse de un Presidente de la República que ha sido castigado por la opinión pública con la caída vertical de su credibilidad. Pero hoy dan risa muchos dichos de Piñera, como su alusión al “maremoto” (vb: mareculo) tras el terremoto y sobre todo sus promesas electorales como ésta de 2008: “Somos partidarios de un sistema mixto de educación financiado por el estado, gratuito y que garantice a todos una educación de calidad” (http://www.youtube.com/watch?v=jRNlCJg3LrQ). Esta alocución de la campaña electoral, enunciada bajo el gobierno saliente de Bachelet, fue subida a YouTube por su comando y está reproducida en numerosas páginas y medios Internet, al igual que otros dichos presidenciales francamente para la risa.
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La gran Marcha de la Familia por la Educación realizada durante la jornada del domingo congregó pacíficamente a más de 400.000 personas -según la televisión-, y quizás más de 500.000, entre estudiantes, profesores, padres, apoderados y público general. La manifestación en el Parque O’Higgins de Santiago, de 76,7 hectáreas , culminó con un prolongado festival artístico y demostró que cada día se pliega más y más gente al movimiento por una educación pública gratuita, de calidad, garantizada y financiada por el Estado. La demostración ciudadana fue replicada en las principales ciudades del país, mientras se prepara un paro nacional general por la Educación previsto para el miércoles y jueves.
La reivindicación de los estudiantes dejó de ser una lucha sectorial del alumnado secundario y universitario apoyada por los profesores. Hoy es una bandera que agita más del 80% de la sociedad chilena, según las encuesta CEP y otros sondeos de opinión considerados serios. En definitiva, los chilenos exigen el cambio del actual modelo de “industria de la educación”, que succiona el presupuesto de las familias y absorbe los pocos fondos del Estado asignados al rubro, pero no beneficia a los estudiantes, sino exclusivamente a los dueños del negocio.
Simultáneamente, a las 9 de la mañana del domingo partió desde Santiago una multitudinaria marcha de estudiantes que demorará tres días en llegar hasta la sede del Congreso en Valparaíso, donde arribará al mediodía del martes 23. Los medios de comunicación no han ofrecido información sobre esta caminata, iniciada por unas 500 personas, según la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), que agrupa a los alumnos de la Universidad de Chile (www.fech.cl).
Huelgas de hambre críticas
La nota dramática del conflicto la ponen más de 30 estudiantes en huelga de hambre en diferentes ciudades. Seis alumnos secundarios de Buin, 35 km al sur de Santiago, completaron el domingo 35 días en ayuno. La joven Gloria Negrete fue trasladada al hospital local, donde se encuentra fuera de peligro pero mantiene firme su decisión de no ingerir alimentos hasta que Piñera escuche a los estudiantes.
Radio Bío Bío informó que el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, protagonizó el domingo un incidente con el padre de Gloria Negrete, a quien tildó de “asesino” mientras visitaba a su hija por estimar que incentivaba la rebeldía de la joven. El Dr. Mañalich pretende mostrar una imagen “humanitaria” del gobierno, tipo “médicos sin frontera”, pero con evidente intencionalidad política.
En Temuco ( 700 km al sur de Santiago), nueve estudiantes de la Universidad de La Frontera cumplieron el domingo 20 días de ayuno. También están en huelga alimentaria cuatro alumnos del Liceo Darío Salas de Santiago Centro, tres jóvenes del Liceo Experimental Artístico de Quinta Normal (Santiago), cinco del Liceo Politécnico de Castro (en la austral isla de Chiloé), dos de la Universidad del Bio Bío de Chillán ( 400 km al sur de la capital), otro estudiante del Liceo Gronemeyer de Quilpue ( 120 km al NO de Santiago, cerca de Valparaíso), tres alumnos del Liceo A-14 de Antofagasta ( 1.370 km al norte de Santiago) y tres alumnos del Liceo Rayen Mapu de Quellón ( 1.300 km al sur de la capital). Los estudiantes afirman que se mantendrán en huelga hasta que el gobierno responda a sus demandas e incluso están dispuestos a radicalizarla dejando de consumir líquidos, según manifestó Ana Soto, una de las huelguistas de Temuco.
¿Ser o no ser?: Dilema de un gobierno de derecha
La paradoja de la actual política chilena radica en que el movimiento por una nueva educación implica reformar o cambiar de una vez la Constitución y borrar la “industria de la educación” del modelo neoliberal chilensis, impuesto por la dictadura, “mejorado” por los gobiernos de “la democracia” bajo la Concertación y cuasi-religión para el gobierno de Piñera. El cuestionamiento del dogma neoliberal involucra también a la Concertación , a las dos ramas del Congreso y, por cierto, a toda la clase política chilena, que ya envolvió y engañó a los estudiantes secundarios en la llamada “Revolución Pingüina” de 2006, muchos de cuyos dirigentes (as) son hoy líderes universitarios. Tanto quienes apoyan y se oponen al gobierno, sea cual fuere su signo partidario, están involucrados y han hecho dinero en la “industria de la educación”. A manera de ejemplo, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera (de RN, el mismo partido de Piñera), es co-dueño de la Universidad Autónoma de Temuco, establecida en 1989, mientras Gutenberg Martínez (dirigente del PDC, ex jefe de la ODCA y marido de la senadora Soledad Alvear, obviamente “opositora” al gobierno) detenta la propiedad de la privadísima Universidad Miguel de Cervantes.
El gobierno, sus voceros y la clase política RN-UDI desvirtúan las demandas de los estudiantes con argumentos falaces y tratan de “emborracharles la perdiz” con ofertas insustanciales, como el término del fin de lucro en las universidades privadas, que está expresamente prohibido por la ley que las inventó bajo la dictadura, pues además casi todas reciben fondos del Estado. Obviamente, la oferta gubernamental de acabar con el lucro carece de valor para los estudiantes, porque simplemente se trata de hacer cumplir la ley y deja en la nebulosa la evasión tributaria acumulada en casi tres décadas de ganancias sin pagar impuestos, pues están exentas de IVA, que en Chile grava incluso al pan de cada día.
Los estudiantes no quieren acabar de la noche a la mañana con la educación superior privada, ni eliminar de golpe más de 3.500 establecimientos de enseñanza media que reciben dinero fiscal, sino iniciar un proceso para cambiar radicalmente el sistema y terminar con la estratificación de universidades buenas pero caras, al alcance de quienes pueden pagar, y otras menos caras, y malas, en una escala variable, para quienes pueden pagar menos. Incluso las universidades públicas cobran por la educación tanto como las privadas, pues no reciben más que un 10% de financiamiento del Estado. La universidad privada tampoco encara seriamente la investigación.
En este callejón sin salida política aparente existe un “diálogo de sordos” que hablan de distintos temas en idiomas diferentes. Con un gobierno al que cada vez más pocos le creen, un Congreso y una casta política invalidados por lo estudiantes y la opinión pública, surgió la idea de convocar a un plebiscito para que la ciudadanía decida que tipo de educación requiere el país Chile. La clase política, con Piñera incluido, utilizó el plebiscito para sacar a Pinochet en 1998, pero después esa figura fue eliminada de la Constitución de 1980, literalmente “dictada” por los militares y sucesivamente modificada y legitimada por la Concertación. Pero la derecha en bloque se opone al plebiscito, alegando que es un instrumento típico de gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, etc., y que la “democracia plebiscitaria” es intrínsicamente perversa. Esta postura es compartida por el PDC, no así por otros partidos de la Concertación opositora. Otros sectores piensan que llegó el momento de dotar a Chile de una Constitución de verdad, decidida en Asamblea Constituyente.
En este impasse político, tanto el plebiscito como la Constituyente son caminos complejos. Hoy la convocatoria a plebiscito es facultad del Presidente en caso que el Congreso insista en un proyecto previamente aprobado por ese mismo poder con dos tercios de los miembros de cada rama. Por otra parte, una reforma constitucional requiere dos tercios de diputados y senadores. Y por último, la creación de nuevos servicios públicos es una prerrogativa exclusiva del jefe del Estado que requiere derogar normas de la constitución vigente que garantizan claramente el status quo en la educación.
Muchos creen que la clase política no está dispuesta a aprobar una reforma constitucional que implica revisar todo el sistema de partidos políticos que garantiza la “democracia representativa”, pero bloquea la “democracia directa” o “participativa”. En otras palabras, si Piñera no lo quiere, no habrá plebiscito, y tampoco lo habrá si no están de acuerdo los mismos legisladores que aprobaron la actual institucionalidad. Ésa es hoy la medición de fuerza entre dos bandos antagónicos: de una parte, el gobierno y la clase política chilena, y de otra, el movimiento social y estudiantil que aspira a cambiar profunda y estructuralmente la institucionalidad vigente. Sólo por estas razones (porque existen también muchos otros conflictos en la sociedad chilena) no hace falta ser adivino para predecir un largo calendario de marchas y manifestaciones. Lo que en Chile comenzó en la sala de clases se trasladó en tres meses a la lucha de clases, que ha resultado desenterrada y fortalecida bajo el gobierno de Sebastián Piñera. He aquí la paradoja principal.
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno
