La piedra fundamental del conflicto educativo chileno es la Constitución Política de 1980. Asunto complejo, relacionado directamente con el establecimiento y ordenamiento por la fuerza del poder político en el país, por lo que no debe buscarse arreglos o acomodos como si se tratase sólo de agregar fondos para financiamiento del sector en crisis, aunque éste no es un asunto menor. Hay que buscar en los antecedentes no revelados por la letra escrita.
El conflicto tiene su origen cuando a Constitución de 1980 ―la décima de estas disposiciones en la historia de Chile― es promulgada sin consulta ni aprobación ciudadana, al más puro estilo conservador portaleano. Diego Portales le expresa a su amigo y socio José Manuel Cea su idea sobre cómo se debe conducir la República (1822): “Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga un Gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual”.[1] Desde el régimen de Augusto Pinochet hasta nuestros días, como resultado de la extensión de ese orden político-jurídico impuesto, todo hombre de “mediano criterio” piensa igual, pero ―es evidente― que no todos comparten ese juicio de valor.
Los chilenos con mayor criterio repudian ser interdictos por una voluntad como la que inspira a la Comisión Constituyente (Reforma de 1980); se reivindican como personas integrantes de la comunidad nacional, con derechos humanos inalienables en los que se fundan sus garantías individuales y el propósito del bien común.
Rechazan ser regidos por la preeminencia de los preceptos y principios de la economía de mercado como fundamento de las libertades públicas. Enrique Ortúzar Escobar, presidente de la Comisión Constituyente, sostiene en una de sus primeras intervenciones: “La Nueva Carta debe contener (…) los principios o normas fundamentales que señalan el campo de acción del Estado en la economía y, a su vez, los que fijen y garanticen a los particulares el amplio ámbito en que pueden libremente desarrollar sus actividades económicas”.[2] Esta racionalidad es respaldada por la ley orgánica constitucional que complementa el estado de excepción y faculta al ejecutivo para ejercer por sí o por otros el poder conferido dentro del marco hecho a su medida. En el caso de la educación, es la Ley Constitucional Orgánica de Enseñanza (LOCE), promulgada entre gallos y medianoche, en marzo de 1990, y reemplazada por la Ley General de Educación, en septiembre de 2009, como consecuencia de la conocida “revolución de los pingüinos”.
Pero los efectos del sistema serán permanentes hasta promulgar una nueva constitución. Por sobre los postulados políticos fundamentales ―que Chile es un estado unitario, una república democrática y una nación soberana― predomina el precepto de que el precio de los bienes y servicios es un acuerdo entre particulares, basado en la ley de la oferta y la demanda. Con otras palabras, que no hay Estado, hay mercado.
La sujeción a esa norma tiende a hacer que: 1) Se diluya cada vez más el concepto de bien común o público, al punto de enajenar gran parte del patrimonio nacional, principalmente el cobre, y se realce el de bien individual o particular, hoy pujante y avasallador; 2) Se subentienda que todos en el país son negociantes, es decir, que la forma como se relacionan es vendiendo y comprando; y 3) Se minimice la coacción regulatoria por el Estado, aún en asuntos de primera necesidad, cuya obligación primera y fundamental es promover el bien común. (Art. 1° Constitucional).
El rechazo manifiesto a estas premisas emerge espontáneamente por segunda vez al colmar la conciencia de los más jóvenes, quienes viven en carne propia las aberraciones del mercantilismo al que han conducido la descentralización escolar y la privatización de la educación superior, y han aprendido, no en la escuela, sino por ella, que el asunto principal es la educación de calidad para todos, más bien, el de su distribución equitativa; y que los ajustes al presupuesto nacional para esta rama no constituyen un fondo de contingencia, porque ni se trata de eventos imprevisibles, ni deben significar un cargo oneroso a las familias, porque sería el aseguramiento gubernamental de la llamada “iniciativa creadora de los particulares”.
Las reivindicaciones de las nuevas fuerzas sociales aportan más por el momento a la reconstrucción de un país soberano, democrático e igualitario que los aparatos de los partidos de la oposición y los gremiales juntos.
El malestar en la cultura chilena sucede por la confrontación de las pulsiones más profundas y legítimas de la comunidad, en este caso, dominar a la naturaleza mediante el trabajo productivo gratificante, y ejercer plenamente las actividades superiores (psíquicas, intelectuales, artísticas, científicas y técnicas), con las restricciones y frustraciones que les imponen las normas fundamentales del país, escritas a nombre de todos.
* Poeta chileno, catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México (