La Corte de Apelaciones de P. Montt se encuentra resolviendo respecto de tres recursos declarados admisibles, luego de que los jueces de la Corte de Coyhaique se inhabilitaran.
La información proviene desde el sitio web del Poder Judicial, y se da en el marco de serias acusaciones de corrupción de los organismos públicos encargados de la decisión administrativa en la región de Aysén vertidas en la Comisión de Derechos Humanos de la cámara de Diputados, que se encuentra investigando presuntas irregularidades en la aprobación del Proyecto…
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró admisible tres recursos de protección acumulados, presentados por los senadores Antonio Horvath Kiss, y Guido Girardi Lavín, y los diputados Patricio Vallespin y Enrique Acorssi, junto a diversas organizaciones y personas, en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, por la resolución exenta N° 225 de 13 de mayo último que calificó favorablemente el proyecto denominado “HidroAysén”.
Asimismo el tribunal de alzada acogió una orden de no innovar, presentado en contra de la resolución que aprobó lo que significa que el proyecto se encuentra paralizado hasta que no se resuelva el fondo del asunto. Esto según lo publicado en el sitio web del Poder Judicial (ver link) y difundido hoy por las redes socioambientales y medios de comunicación del tercer sector.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt asumió la competencia de los recursos de protección de Hidroaysén, luego de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitara para conocer los recursos interpuestos al resolver un recurso anterior.
La resolución del tribunal porteño se da en el marco de serias acusaciones de corrupción de los organismos públicos encargados de la decisión administrativa en la región de Aysen, presentadas por funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de la región de Aysen ante la Comisión de Derechos Humanos de la cámara de Diputados, que investiga presuntas irregularidades en la aprobación del Proyecto HidroAysén.
En una nota de Radio Santa María de Coyhaique, se informaba que, en la sesión de la Comisión el 13 de junio, el testimonio de Natasha Pot, analista de desarrollo urbano del Minvu de la región de Aysén, corroboró lo señalado anteriormente ante la misma instancia por el arquitecto Fernando Miranda de una modificación en la evaluación del informe “se cambió de disconforme a conforme” para favorecer a Hidroaysén, había declarado el profesional.
En su declaración de Natasha Pot sostiene que el arquitecto fue presionado para cambiar el informe favorable a HidroAysén, y que el Sumario interno que se realiza en el Minvu, lo instruyó Nicolás Terrazas, Seremi de Vivienda y presunto implicado en actos de corrupción, con la única finalidad de encontrar a la persona que filtró los dos informes el original y el adulterado.
La funcionaria manifestó además su preocupación por su situación laboral y la de sus colegas, pidió a la comisión resguardo de la integridad laboral de los funcionarios citados a declarar, la mayor parte no son de planta, pudiendo sus jefes, como medida de amedrentamiento, prescindir de sus funciones en cualquier momento a causa de sus declaraciones, informaba Radio Santa Rosa.
Ecologistas con cautela
Como una señal positiva, pero que debe ser tomada con cautela, calificó Acción Ecológica, a través de su coordinador Luis Mariano Rendón, el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que concedió una Orden de No Innovar en uno de los recursos interpuestos en contra de la resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Hidroaysén.
“En un avance y un reconocimiento preliminar de los tribunales a lo sólido de los planteamientos respecto de las ilegalidades cometidas. Sin embargo, lo primero que hay que tener claro es que la Orden de No Innovar es una medida provisoria, que podría ser dejada sin efecto más adelante y que incluso manteniéndose, no obsta a un eventual rechazo del recurso por la sentencia definitiva. Por lo tanto, la ciudadanía no puede bajar la guardia en esto y entregarse a lo que se haga en tribunales, los que en última instancia fallan en el marco de una legalidad muy precaria, que es justamente lo que se rechaza. Acá hay una institucionalidad que por ejemplo, no considera en lo más mínimo la decisión de las comunidades regionales acerca de lo que se hace o se deja de hacer en su territorio. Debemos continuar difundiendo este tema, ganando más voluntades a nivel nacional e internacional en defensa de la Patagonia y empujando los cambios democratizadores necesarios, para tener una forma realmente democrática de resolver estos conflictos y que no sea permanentemente en la calle ni en los tribunales donde se juegue la sustentabilidad del país