La Corte de Apelaciones determinó que las escuchas y grabaciones telefónicas hechas por Carabineros en el marco de una investigación por tráfico de drogas fueron ilegales y pueden constituir un delito.
El tribunal resolvió que las conversaciones que fueron interceptadas y grabadas por la Dirección de Inteligencia de Carabineros “no se adecuaron a la ley” y que podrían constituir algunos de los delitos tipificados contra el respeto y la protección a la vida privada.
Esta resolución se produjo después de que el Ministerio Público admitiera que mensualmente se realizan unas 1.600 escuchas y grabaciones telefónicas.
Un tema que el abogado de Derechos Humanos, Alberto Espinoza catalogó de “preocupante desde el punto de vista de los derechos ciudadanos y del ejercicio de las libertadas personales” y que apunta al debate del tipo de país y democracia que se quiere construir.
El abogado señaló que, de practicarse estas medidas debe hacerse de las formas y en los casos previstos por la ley y advirtió que “si no están autorizadas por un juez de garantía y concurren a motivos juzgados, debieran proscribirse y declararse ilegales”.
Finalmente indicó que “es inquietante que se estén otorgando medidas de este tipo de una forma tan masiva, porque se pone en tela de juicio la democracia y el sistema constitucional mismo”.