Nueve jóvenes que se encuentran hace más de siete meses en prisión preventiva por el llamado “caso bombas”, han cumplido más de 50 días de huelga de hambre. Los hombres en la Cárcel de Alta Seguridad y las mujeres en el Centro de Orientación Femenino (
A los detenidos se les imputó la colocación de bombas de ruido en instituciones financieras, edificios públicos y negocios privados que se venían investigando desde 2006, sin encontrar pruebas que permitieran identificar a los responsables. El fiscal Xavier Armendáriz, quien dirigió anteriormente la investigación, declaró a fines de 2009 que “es necesario actuar con cautela investigativa ante lo débil de las pruebas” y que todo hacía suponer que “los autores de los bombazos no integran células violentistas propiamente tales, sino que se trata de grupúsculos sin orgánica ni cabecillas”. Armendáriz fue removido de la investigación el 14 de junio de 2010 y en su lugar se designó al fiscal de la Zona Metropolitana Sur, Alejandro Peña. Los presos, sus familiares y amigos han denunciado que el cambio fue producto de presiones del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, hacia el fiscal nacional, Sabas Chahuán. Paradójicamente, a poco tiempo de asumir y sin contar con nuevos antecedentes, el fiscal Peña ordenó los allanamientos y detenciones, aplicando contra los imputados la Ley Antiterrorista bajo los cargos de participar en actos y asociación ilícita terrorista. Ni lo uno ni lo otro se ha probado, ni siquiera con análisis del ADN de los detenidos a los que se les tomaron a la fuerza muestras de sangre en la cárcel.
Sobrepasando incluso las arbitrariedades y abusos que permite la Ley Antiterrorista, cuando se cumplieron los seis meses de investigación que autoriza la ley, se anunció una nueva formalización de cargos. Luego de sucesivas audiencias en el Octavo Juzgado de Garantía, el juez Juan Manuel Escobar aceptó la reformalización presentada por la parte querellante que elevó de 23 a 30 los bombazos adjudicados a los imputados. Uno de los absurdos de este proceso es que algunos de esos atentados explosivos ocurrieron en el segundo semestre de 2010, cuando los jóvenes se encontraban prisioneros. Sin embargo, el juez no acogió la solicitud de ampliación del plazo de investigación a otros sesenta días -solicitado por los fiscales- y resolvió cerrar la investigación. Por tanto, en la segunda semana de abril la Fiscalía deberá presentar la acusación formal y luego tendría que comenzar el juicio oral. La pronta iniciación del juicio es lo que había pedido, a través de una carta, un grupo de más de 40 diputados, y es también una de las peticiones de los presos en huelga de hambre. Ellos piden, además, la no aplicación de la Ley Antiterrorista, el término del montaje jurídico-policial y la libertad inmediata.
Los familiares y amigos de los imputados han denunciado reiteradamente que desde el primer momento ellos fueron presentados en los grandes medios de comunicación –El Mercurio, La Tercera, canales de televisión- como culpables, violando sus derechos a la privacidad, a la presunción de inocencia y a un debido proceso, estando además sometidos a un sistema carcelario extremadamente severo. Están encerrados en celdas aisladas, con luz artificial durante 22 horas al día. En la mañana y en la tarde tienen una hora de salida a un patio de 3 por 4 metros, donde no tienen dónde refugiarse del sol ni de la lluvia.
Ximena Muñoz, del Colectivo Memoria 119 y vocera de las mujeres y hombres detenidos en este caso, y Myriam Tamayo, madre de Camilo Pérez, explicaron que los pocos visitantes permitidos -sólo cinco familiares directos en el caso de la Cárcel de Alta Seguridad- son sometidos a revisiones vejatorias, obligándolos prácticamente a desnudarse. Están autorizadas dos visitas semanales, pero una de ellas en un locutorio (a través de un vidrio), lo que fue rechazado por los detenidos. Por eso tienen nada más que una visita a la semana en una habitación pequeña. Para colmo, como castigo, cuando iniciaron la huelga de hambre les cortaron la luz durante cuatro días.
Solidaridad creciente
¿Cuál es el estado de salud de los huelguistas?
Ximena: “Están con calambres y se desorientan con facilidad. Las imputadas tienen visitas dos veces a la semana, previa inscripción. A los 35 días de huelga de hambre habían bajado ocho kilos y algunos hombres nueve a diez kilos. Sufren dolores de cabeza, están soñolientos, tienen la piel amarilla, las uñas ennegrecidas y los codos y rodillas escamados. Estamos pidiendo que los controle un médico porque hasta ahora ni los hombres ni las mujeres han tenido algún tipo de asistencia”.
Myriam: “Se han mantenido con buen ánimo, porque como son inocentes están con la convicción de que todo esto se tiene que resolver. También les hace muy bien darse cuenta de que tienen mucho apoyo. Al comienzo, por la forma en que los medios de comunicación abordaron su detención, mucha gente sintió miedo. Pero ahora es distinto, hay organizaciones como Codepu, Observatorio Ciudadano, Comisión de Derechos Humanos y otras que han venido conformando una red de apoyo. Además, estamos haciendo manifestaciones solidarias todos los miércoles a la 7 de la tarde en la Plaza de Armas y Paseo Ahumada”.
En una de las últimas manifestaciones fueron muy reprimidos...
Ximena: “Ha habido represión y detenidos. La última vez, la gente no lo podía creer. Habíamos avanzado recién como media cuadra cuando los carabineros empezaron a tomar detenidos, comenzando por los chicos de los tikus (grupos de bailes) y por quienes llevan lienzos y carteles. Pero eso no nos va a amedrentar. Al contrario, cada vez somos más los que nos reunimos”.
¿Cuáles han sido las principales irregularidades de este proceso? ¿Por qué hablan de un montaje jurídico-policial?
Ximena: “A partir del 14 de agosto de 2010 se sucedió una serie de allanamientos, en los que no siempre hubo detenidos. A veces se llevaron ropas, fotos y otras cosas muy personales. Por eso sostenemos que buscaban elementos para hacer el montaje y empezar a armar este cuento. El período legal de investigación era de seis meses, pero ya han pasado más de siete meses y todo lo que han presentado son ‘pruebas’ irrisorias, que solamente pueden provenir de una mente enferma. Por ejemplo, un joven se comunica por teléfono con la mamá de su hijo y le dice que el niño está durmiendo y que le dieron la comida al gato. Para ellos, eso es comunicarse en clave. A otro chico le encontraron en su casa una foto donde aparece su nombre y su apodo, con una ‘a’ reemplazada por una bombita -el típico dibujo de un círculo con una mechita-. Para los fiscales, eso sería la prueba de que él pone bombas. Se habla de asociación ilícita, pero muchos de ellos jamás se habían visto y se conocieron cuando ya estaban detenidos. Y así. Son cosas muy fantasiosas que no tienen peso jurídico.
En los sitios donde ocurrieron las explosiones no se ha encontrado ninguna evidencia que pueda demostrar la presencia de los imputados. Incluso el ADN salió negativo. La ‘reformalización’ es un invento, ni siquiera existe en términos legales, nunca antes se había hecho algo así. El Ministerio Público le mintió descaradamente al juez, porque en una audiencia le dijeron que la reformalización no implicaba cargos o hechos nuevos, sino solamente ‘algunas precisiones’. Pero agregaron siete atentados más, muchos de ellos terribles, como la colocación de bombas en dependencias de la PDI y de militares. También agregaron el traslado de TNT que supuestamente habría efectuado Andrea Urzúa a Argentina, en circunstancias que ella fue absuelta de ese cargo en el país vecino. Por eso nos interesa que el juicio se inicie cuanto antes. Allí se verá que no existen pruebas. Se comenta que pretenden utilizar testigos sin rostro a los que se les está ofreciendo plata, sacarlos del país o darles beneficios carcelarios”.
Myriam: “Ahora se sabe que la mayoría de quienes están detenidos fueron seguidos durante los más de cinco años que ha durado la investigación. Les sacaban fotos y les tenían intervenidos los teléfonos y correos. Por tanto, es imposible que hayan colocado bombas sin que nadie se diera cuenta. La Biblioteca Sacco y Vanzetti era constantemente vigilada. Allí se hacían actividades sociales y cuando iba a ingresar mucha gente, los muchachos avisaban a Carabineros. Nunca escondieron nada y no hubo problemas. Pero cuando allanaron la biblioteca el 17 de agosto, parecía que estábamos en dictadura y no en una democracia. Los funcionarios policiales apuntaban a todo el mundo con los rostros cubiertos, sólo se les veían los ojos. Por medio de El Mercurio, La Tercera y La Nación quisieron presentarlos como jóvenes andrajosos que no estaban ‘ni ahí’, pero conversando con ellos uno se da cuenta que tienen muchos valores. Ojalá la sociedad fuera como ellos. Pero el fiscal Peña tenía que cuadrar las piezas del montaje. Para eso debía ubicar personas procesadas anteriormente o que son contrarias a este sistema neoliberal. De ahí parte todo”.
El “superfiscal”
¿Quiénes habían estado detenidos en otros procesos?
Ximena: “Pablo Morales, Omar Hermosilla y Rodolfo Retamales, son ex presos políticos del ex Movimiento Juvenil Lautaro. Estuvieron diez a doce años detenidos por un proceso que tampoco tuvo nada de justo”.
Myriam: “Y estaban sujetos al sistema de firma semanal, sin poder salir del país. Eran vigilados permanentemente”.
¿Qué problemas han tenido los abogados, familiares y amigos de los presos?
Myriam: “Seguimientos, toma de fotos a escondidas, como en los mejores tiempos de la CNI. El ‘pinchazo’ a los teléfonos ha sido descarado. Hemos descubierto que hasta los cargan cuando uno no tiene plata para que siga comunicándose, con la esperanza de descubrir ‘algo’”.
¿Qué opinan del fiscal Alejandro Peña?
Ximena: “Es el ‘superfiscal’, el hombre de poderes mágicos. No me explico cómo en menos de dos meses pudo saber toda la verdad y enterarse de lo que los otros fiscales no lograron descubrir en más de cinco años. El fiscal Xavier Armendáriz dio a entender que no había nada contundente ni pruebas específicas como para vincular a alguien con los atentados. Entonces intervino el ministro Hinzpeter, y en dos meses el señor Peña mostró resultados, deteniendo a esta gente injustamente. Todos los hechos demuestran que se quiere sentar un precedente para quienes viven y se mueven contra la corriente del sistema neoliberal. Hoy están comenzando con ellos, que tienen ideas anarquistas y libertarias, para apuntar finalmente contra cualquier persona que se organice y se rebele contra este sistema. Como no pueden decir que por eso son apresados, les inventan cargos, los estigmatizan y ningunean, vinculándolos a cosas diabólicas”.
Myriam: “La justicia nos está dando la espalda, se está haciendo parte de lo que quiere este gobierno. Piñera dice que va a luchar contra la delincuencia y el terrorismo, pero es un terrorismo que parece que sólo existe dentro del país, porque cuando sale al extranjero a decir que las empresas pueden venir a hacer negocios, a sacar plata del país ¡aquí no hay terrorismo!”.
Ximena: “Lo que no toman en cuenta es que tenemos nuestra dignidad y el intelecto suficiente para discernir por nosotros mismos. Los que mantenemos un bagaje de valores solidarios y de justicia vamos a seguir solidarizando con estos muchachos. No los dejaremos solos y esperamos que mucha gente se nos una para desmoronar este aparataje inventado por mentes enfermas”
PATRICIA BRAVO BERLI
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 730, 1º de abril, 2011)
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