Fundación Defendamos la Ciudad, Junta de Vecinos Nº 11, la Costanera de Providencia y Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia, dieron a conocer el dictamen de la Contraloría General de la República, referido al sumario administrativo realizado en la Dirección de Obras de Providencia, en base al requerimiento que le formuló el Seremi de Vivienda y Urbanismo por las ilegalidades detectadas en el megaproyecto inmobiliario Costanera Center de la empresa de retail Cencosud, presidida por Horst Paulmann. El órgano fiscalizador resolvió aplicar medidas disciplinarias de censura y anotaciones de demérito en la calificación de los 3 profesionales inculpados, a saber, el Director de Obras, el Jefe de Edificación y el Revisor de Proyectos.
Patricio Herman de Defendamos la Ciudad manifestó : “esta construcción se inició en marzo de 2006, sin que el titular del proyecto dispusiera de un permiso de edificación, el cual fue obtenido extemporáneamente con Nº 71-A/07, de fecha 30 de marzo de 2007, es decir, un año después, acto administrativo viciado tal como lo determinó el Seremi de Vivienda y Urbanismo y la propia Contraloría General de la República. Pero no podemos perder de vista que la Corema, como resultado de la fiscalización ejercida por el Seremi de Salud también sancionó en 2 ocasiones a dicha empresa por incumplimientos en la Resolución de Calificación Ambiental. Este megaproyecto se inició, como lo dijimos, en marzo de 2006, y recién el 16 de septiembre de 2009, 3 años y medio después, obtuvo la calificación ambiental definitiva, en circunstancias que el artículo 8º de la Ley de Bases del Medio Ambiente prohíbe el inicio de faenas si los proyectos no cuentan con las aprobaciones correspondientes de la Corema. Y por si fuera poco, el Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) recién fue aprobado por el Seremi de Transportes en enero de 2009, 34 meses después del inicio de obras, teniéndose en cuenta que Costanera Center no podía comenzar sus faenas de construcción si no contaba con el EISTU autorizado. Las obras de mitigación vial son las exigidas para otorgarse la recepción final, una de las cuales es el túnel bajo la vía Andrés Bello y Cencosud todavía está negociando con el MOP para ver quien paga su conexión con la futura autopista Costanera Sur. Con este suscinto relato queda en evidencia el desorden descomunal que existe en Chile en materia de Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente y Transportes y por ello, le formulamos una exigencia al presidente Piñera en orden a que ordene la casa y que la probidad en sus funcionarios no sea sólo una bonita palabra que se utiliza en los discursos. Este es un nuevo hecho ilegal consumado y esperamos que sea el último en el ámbito de la ciudad”.
Josefa Errázuriz, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia señaló: “lo terrible de este proyecto, de gran impacto comunal, es que nunca fueron consultados los vecinos, quienes somos los principales afectados. Y lo que es más grave es que estas resoluciones de la Contraloría nunca son conocidas por la ciudadanía y peor aún no tienen ninguna incidencia en quienes son las autoridades comunales. Hoy en día, en la Dirección de Obras de Providencia, siguen los mismos funcionarios que autorizaron este proyecto al margen de la ley, lo que nos demuestra fehacientemente que las instituciones en Chile no funcionan”
Marcelo Böhm de la Junta de Vecinos Nº 11, La Costanera, dijo:”hemos constatado una neglicencia absoluta por parte de los funcionarios de la Municipalidad de Providencia, quienes se negaron a acatar la normativa de construcción con lo cual ahora aumentarán en nuestro vecindario la congestión vehicular y otros males derivados del desmedido incremento de la densidad. Le preguntamos al alcalde Cristián Labbé en qué quedaron sus buenas intenciones de promover el desarrollo armónico con respeto a los actuales habitantes. Nos molesta sobremanera que las instituciones públicas se rindan ante los abusos de los conglomerados económicos, como lo estamos viendo en esta ocasión”
Jorge Cisternas de Defendamos la Ciudad expresó : “Lamentablemente, una vez más, las autoridades que tuvieron la responsabilidad política, quedarán impunes. Quienes deberán asumir los perjuicios derivados de esa construcción ilegal son los comerciantes de la Av. Providencia, los automovilistas que sufrirán los tacos, los pasajeros que acceden al Metro por la Estación Tobalaba, quienes pasan en locomoción colectiva por la Av. Nueva Providencia, y todos los que contribuiremos con nuestros impuestos a financiar los gastos en que deberá incurrir el Estado, para solucionar los problemas creados por este antojadizo, aberrante e invasivo proyecto inmobiliario que degrada urbanísticamente una zona de la ciudad”.