A Jacqueline Van Rysselberghe la echaron… Sí, tal cual. Nada de renuncias antojadas, ni desórdenes en la alianza motivando dimisiones ni agobios por la injusticia. Le pidieron que se fuera. Los cerebros de La Moneda hicieron su trabajo y verificaron información que emanaba desde un Concepción en ruinas. Lo sé porque fui de los primeros en denunciar sus faltas a la probidad –sino acaso quien lanzó la piedra inicial en los medios- y me aburrí de vender la noticia a editores desinteresados. O quizás, demasiado temerosos de meterse con el poder establecido.
¿Por qué no lo denunció antes? Peor aún, ¿existe alguna explicación de por qué se entregaron los antecedentes de semejantes irregularidades en forma de cuentagotas? Navarro, como los demás parlamentarios de la Octava región no sólo sabía de los abusos de poder bajo la administración Van Rysselberghe sino que además, los soslayó por conveniencia, acomodo o simple irresponsabilidad social. Por privilegiar sus asientos y armonías distritales. Sólo cuando vieron un flanco, atacaron a su enemigo disimulado…
¿No me cree? Hasta ahora, recién se supo que existen entregas irregulares en dos poblaciones de la ciudad –lo de Aurora de Chile con subsidios engañosos y un edificio en Anibal Pinto para empleadas domésticas y parientes de colaboradores-, eso más el bullado caso de una plantación de marihuana en el predio que compró su marido. No se aclaró que el mentado terreno se obtiene por un arreglo del tribunal que expropió a los antiguos dueños rematando irregularmente el fundo en menos de un tercio.
Hay más. Bajo la administración municipal de Van Rysselberghe se contabilizan centenares de millones de pesos pagados en sobresueldos a funcionarios de confianza elegidos “a dedo”. Las investigaciones formales ya arrojan resultados que confirman un enorme vacío en los procedimientos que indica la ley. No existía control ni delegación de funciones clara. Además, hay recaudación de fondos privados a nombre de organizaciones comunales de fachada con cuantiosos gastos injustificados. Eso está probado y contraloría posee innumerables pruebas.
Lo que se maneja en el campo de la especulación –aunque es secreto a voces en el Gran Concepción- es que desde el municipio penquista se cargó a la cuenta de la Dirección de Desarrollo Comunitario unas 30 mil canastas familiares que acercaran votos para el hermano de la ex intendenta, el electo diputado Enrique Van Rysselberghe. También, hay licitaciones para recolección de basura inexplicablemente ganadas por empresas “amigas” que presentaron proyectos menos viables.
Se dice que la “renunciada” autoridad intervino directamente en el arbitrario despido de dos concejalas opositoras desde el departamento de salud regional apenas se materializó el arribo de seremis designados por el gobierno central. Incluso, se asume que un concejal concertacionista recibió 18 millones de pesos desde sectores cercanos a la intendencia para votar a Patricio Kuhn, alcalde elegido inexplicablemente en Concepción -obtuvo 600 votos en la urna ciudadana- tras la salida de su antecesora, a quien además se le considera una mera sucursal de la administración anterior. Todos lo saben. Nadie del bloque opositor quiso sacar esos temas a la luz para no inmolarse ni enfrentar persecuciones.
El tema de fondo es simple. Hoy, los mismos dedos acusatorios que callaron en su momento y destaparon abusos quieren sentar el peor precedente. Desestimar la acusación constitucional contra quien hasta ayer encarnaba el total control de poder en la zona del terremoto es olvidar su compromiso social y prostituirse ante la conveniencia política. ¿O acaso sienten ilusamente que la dimisión de Van Rysselberghe es un triunfo para su sector?
No investigar, procesar o erradicar el despotismo es un atentado contra la democracia y la gente que los elige. Se gane o se pierda, este procedimiento indagatorio libre, legal y amparador de gestiones honorables es un espaldarazo a la institucionalidad. Jamás un instrumento de acuerdos o conveniencias. Así debiese ser. Pero con suerte se acuerdan de la honorabilidad cuando tienen que lanzar su campaña. Hoy, como siempre, vuelven a arreglarse los bigotes entre todos…
Mientras reporteaba el tema, con informes oficiales de abuso de poder que me blindaban contra el espanto, una de las fuentes acusatorias -correligionario de partido de la ex intendenta quien entregó los documentos irrefutables- me aseguró que este escándalo se supo a mediados de 2010 en la zona cero. Y se silenció, por todos los sectores. Se escondió y se maquilló por conveniencia. Hasta que algún oportunista senador se distanció de la autoridad regional, incomodidad que lo avaló para usar su envestidura y transparentar los audios, videos e informes que salieron a la luz sorprendiendo a la opinión pública. Hoy, ese detalle se pasa por alto, aunque hable mal de toda la clase política. Incluyendo al mismo Alejandro Navarro, principal actor en la remoción de la autoridad regional.