La cuestionada televisión abierta de Chile será más monopólica aún, tampoco mejorará la deplorable mala calidad de sus contenidos e incluso habrá que pagarla con la implantación de la televisión digital terrestre, según la ley aprobada el miércoles 6 por la Cámara de Diputados con 107 votos a favor y 1 en contra. La iniciativa, que se tramita desde noviembre de 2008, pasará ahora al Senado.
La legislación sobre la nueva tecnología digital abrió la posibilidad de un debate abierto sobre la democratización de la televisión abierta, que surgió en Chile a comienzos de los años 60 como actividad exclusiva de las universidades tradicionales (Católica y De Chile), pero la nueva ley consolida el control de los actuales dueños privados del negocio de la TV. A juicio de los especialistas Chiara Sáez y Jaime Mondría, vinculados al Observatorio Fucatel, “esta ley podría mejorar el escenario señalado, pero en vez de eso, lo empeora (…) El proyecto de TV digital se ha vuelto cada vez más beneficioso para los actuales grandes canales de televisión, los mismos que los telespectadores evalúan negativamente”.
Aunque ya existen bastantes señales pagadas de canales de cable y satélite, la nueva ley faculta a los dueños de la TV a cobrar por la mitad de sus transmisiones, que se supone seguirán ofreciendo su habitual calidad cero, más allá del fútbol. El boletín oficial de la Cámara anunció con todas sus letras que “en relación a la facultad de hacer nuevos negocios, se permitirá a los concesionarios destinar hasta el 50% del espectro de concesión para levantar señales de Televisión de Pago”. Para Sáez y Mondría, “este artículo (31A) contradice el uso consagrado para las bandas del UHF y del VHF del espectro radioeléctrico, que está pensado para el desarrollo de señales abiertas de televisión”.
Los grandes operadores actuales de la TV tampoco necesitarán concursar para obtener una concesión digital, según los artículos II y III transitorio de la ley aprobada por Diputados. Pero los legisladores de la derecha y la llamada “izquierda” (Concertación de Partido por la Democracia) coincidieron en no otorgar este mismo derecho a los canales regionales, locales ni comunitarios que actualmente se encuentran funcionan y suman más de 100 estaciones en todo el país. El Observatorio Fucatel anotó que “estos artículos transitorios atentan gravemente contra el derecho de igualdad ante la ley, en este caso de los distintos modelos de televisión existentes en Chile. La ley da mayores facilidades a los operadores más fuertes y pone más barreras de entrada a los más débiles, profundizando así la desigualdad dentro del sistema televisivo”.
“Primero perdimos la televisión universitaria, después perdimos la televisión pública y ahora perderemos la televisión abierta… ¿Qué podemos hacer, entonces, como ciudadanía informada y activa?”, se preguntaron en el Observatorio Fucatel la socióloga Chiara Sáez, doctora en comunicación y participante del Observatorio Internacional de Televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Jaime Mondría, actor, gestor cultural y activista ciudadano por una TV digital democrática.
TV = Censura, autocensura y mediocridad
El debate parlamentario de más de dos años sobre televisión digital fue casi clandestino, celebrado entre las cuatro paredes del Congreso que funciona en Valparaíso. No es sorprendente que la opinión ciudadana chilena esté absolutamente desinformada sobre cuestiones fundamentales que atañen a su propia existencia, como su creciente alimentación con productos transgénicos que consume sin información ni control de las autoridades. La televisión, junto a los grandes diarios, participa activamente en la desinformación. Privilegia noticias banales, como el éxito del último súper teléfono digital o el concierto del grupo extranjero tal y cual, pero oculta noticias reales e importantes como la huelga 32 días, hasta el 6/11/2010, de los trabajadores de la cadena Farmacias Ahumada SA (FASA), de la que fue accionista Piñera y es una importante avisadora en los medios.
Los actores que trabajan en televisión también se quejan del silencio que hace invisible el conflicto que mantienen con las estaciones por el incumplimiento de una ley de 2008 (N° 20.243) que obliga a los canales a pagar por las repeticiones de sus actuaciones. Precisamente hoy, jueves 7 de abril, realizan una huelga convocada por Chile Actores, organización gremial presidida por Esperanza Silva. La agrupación ya presentó demandas civiles contra la televisión pública TVN, Canal 13, Mega y Chilevisión y hoy no asistirán a grabaciones de telenovelas como advertencia. Claudio Arredondo, de Chile Actores, explicó: “Esta es una ley aprobada en 2008 y no se ha aplicado. La ley autoriza a Chile Actores a cobrar hasta 2% de los ingresos brutos por toda emisión pública de una producción donde esté presente un actor (…) Nosotros queremos que se cumpla la ley…”
Como contrapartida, la propaganda del gobierno tiene como caja de resonancia a todos los canales de televisión abierta, sin excepción, sin excluir su versión en cable. La mega producción tipo reality show del recate transmitido en vivo de los 33 mineros cuyo protagonista estrella fue Piñera no fue responsabilidad de ningún director de TVN, el canal público que lideró la transmisión. Fue un descarado acto de gobierno de corte goebbeliano. La puesta en escena de esta impactante transmisión oficial tuvo como director general de televisión a Reynaldo Sepúlveda, encargado de toda transmisión de eventos en que participe Piñera desde su cargo en la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda. “Resultó muy evidente la manipulación de las imágenes para favorecer los planos del primer mandatario y demás autoridades presentes, convirtiendo la transmisión en una cadena nacional que rendiría nutritivos frutos a la imagen del Ejecutivo y sus rostros más protagónicos”, reseñó el Observatorio Fucatel. Incluso el domingo 22 de agosto, cuando se supo que los mineros estaban todos vivos, los medios y periodistas que cubrían in situ en la mina San José hicieron “un pacto de caballeros” con el gobierno para retrasar la entrega de la noticia y dar tiempo para otorgarle la exclusiva a Piñera, quien llegó con retraso a enseñar y leer el famoso papel escrito bajo tierra: “Estamos vivos los 33 en el refugio”.
El falso “progreso” de la TV digital llega a un país donde dos partidarios de Piñera y defensores acérrimos de la versión neoliberal del actual capitalismo en crisis –Agustín Edwards y Álvaro Saieh- controlan los principales diarios que leen los chilenos, mientras el grupo Luksic controla el 66,6% del Canal 13, que en sus comienzo fue operado por la Pontificia Universidad Católica y por lo tanto, el otro tercio le pertenece al Vaticano. Chilevision Canal 11, que nació como Canal 9 de la Universidad de Chile, terminó bajo el control de Sebastián Piñera, quien se lo vendió al grupo Times Warner CNN. El actual Canal 9 Mega, que estaba destinado a la Universidad Técnica del Estado, hoy USACH, y no alcanzó a salir al aire por el golpe militar contra Salvador Allende en 1973, cayó en manos del grupo de Ricardo Claro, cuyos herederos acaban de asociarse con el grupo Luksic en la Compañía Sudamericana de Vapores, empresa insignia de ese holding cuyos barcos fueron utilizados para transportar prisioneros políticos al campo de concentración de Chacabuco, en el desierto cercano a Antofagasta. El otro canal abierto de alcance nacional, La Red, pertenece al mexicano Ángel González, mientras TVN tiene un directorio que refleja la composición política del Congreso, donde en la práctica dejó de existir algo que seriamente pueda llamarse oposición al gobierno.
¿Qué hacer?: Gaste su dinero en otra cosa
La pregunta obvia -¿qué hacer?- surge mientras la televisión presiona a los ciudadanos para que consuman más y ahora se embarquen en la compra a crédito de televisores nuevos, sin abordar para nada el carácter exclusivista que está adquiriendo la ley de televisión digital en favor de los monopolios de la información. “En primer lugar -recomiendan Chiara Sáez y Jaime Mondría- escriba a los parlamentarios de su distrito pidiéndoles que no aprueben la ley así como está. Los artículos 31A, II y III transitorios son sólo la punta del iceberg de un proyecto de ley orientado a consagrar un sistema televisivo cada vez menos democrático y diverso. En segundo lugar, infórmese de los contenidos de la ley, de los debates parlamentarios y de las posiciones críticas que desde organizaciones de medios y organizaciones ciudadanas se vienen haciendo al proyecto, al menos desde hace un año”.
“Si lo anterior no funciona, no invierta en un nuevo aparato para ver la misma oferta que la actual. La televisión abierta en Chile se financia principalmente a través de la publicidad: los canales venden audiencias a los anunciantes. Y para eso necesitan que la clase media (el colectivo que consume en mayor número) vea televisión (porque los grupos de menos ingresos tampoco le interesan). Si usted como clase media o como clase baja piensa que con esta ley la oferta televisiva seguirá siendo la misma, rebélese ante este engaño y gaste su dinero en otra cosa”.
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno