Una serie de irregularidades y omisiones cometidas por la Intendencia y el Ministerio de Vivienda en la aprobación del proyecto de expansión urbana de Santiago han detectado las organizaciones y parlamentarios.
La Fundación Defendamos la Ciudad, el diputado PPD Enrique Accorsi, el diputado DC Gabriel Silber, el consejero regional PC Manuel Hernández y el concejal PPD por Providencia Rodrigo García Márquez, dieron a conocer un cúmulo de irregularidades y omisiones cometidas por la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, en su calidad de titular del proyecto y por el intendente Fernando Echeverría, promotor del mismo, con ocasión de la forzada aprobación del proyecto PRMS-100 de expansión urbana en 8 comunas periféricas de la región metropolitana, con el cual se modifican los usos de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas transformándolas en urbanas, aptas para desarrollar proyectos inmobiliarios privados, que contemplan sólo un 8% de viviendas sociales.
Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad, manifestó . “ha quedado de manifiesto que con esta operación inmobiliaria que favorece exclusivamente a actores privados que han estado adquiriendo terrenos agrícolas en los últimos años, cuyos nombres el gobierno de Piñera se ha empeñado en mantener en secreto, se le ha ocasionado un daño ambiental enorme e irreversible a la saturada región metropolitana. Esta situación es tanto o más escandalosa que el caso Karadima, pues ahora se viola el interés público de toda la nación ocultándose los vínculos de poder político e inmobiliario que se han coludido a expensas de los ciudadanos. En efecto, ahora nos enfrentamos a una nueva situación de abuso por parte de oscuros e influyentes intereses económicos que, contando con la obsecuencia de funcionarios débiles de carácter, han obtenido los lucros que deseaban con tales cambios de uso de suelo. El gobierno se negó a someter a una Evaluación Ambiental Estratégica esta modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), a sabiendas que la nueva legislación ad hoc vigente desde enero de 2010 lo obligaba a proceder en tal sentido. Con los mencionados diputados y otras organizaciones denunciaremos esta aprobación en la Contraloría General de la República y esperamos que la Cámara de Diputados, cumpliendo con su rol fiscalizador, conforme una Comisión Investigadora citando a todos los funcionarios públicos que han intervenido en este episodio pues se han violado todos los criterios y medidas adoptadas en los últimos 20 años para controlar y disminuir la grave contaminación ambiental que nos aqueja. Además, con esta iniciativa mercantil del gobierno se asesta un golpe fatal a la regionalización del país, pues no hace más que acentuar las facilidades para la migración a esta megalópolis”.
En tanto, Luis Mariano Rendón, coordinador de “Acción Ecológica”, señaló hoy que “El Presidente Piñera puso a un actor del negocio inmobiliario, como es Echeverría, a cargo del ordenamiento territorial de la Región. O sea, puso al gato a cargo de la carnicería. Y como era de esperarse, el gato ha dado buena cuenta de las tierras agrícolas que rodean la ciudad para beneficio de los especuladores inmobiliarios. Sin embargo, aún no pueden cantar victoria, pues recurriremos a la Contraloría General de la República y a los tribunales para impugnar la legalidad de la resolución”, afirmó.
Sobre las bases para dicha impugnación, Rendón afirmó que tienen que ver con que el Gobierno decidió burlar la normativa ambiental creada para evaluar adecuadamente los impactos ambientales de los planes de ordenamiento territorial. “Actuando como cualquier negociante sin escrúpulos, el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos para sacarle el cuerpo a la normativa ambiental vigente. Contamos ahora con un instrumento diseñado especialmente para evaluar los planes de ordenamiento territorial, como es la Evaluación Ambiental Estratégica. Si aquí se actuara de buena fe, se habría utilizado dicho instrumento, pero como lo que prima es favorecer el negocio privado a costa del bien común, se ha rehuído su aplicación mediante resquicios que creemos, no se sostienen jurídicamente”.
Consultado sobre el argumento dado por el Gobierno en el sentido que se requería terreno para viviendas sociales, Rendón señaló que “resulta casi enternecedor ese argumento, a no ser porque sabemos que existe mucho terreno disponible dentro del actual límite urbano, y que comunas centrales, como Quinta Normal, Independencia o Recoleta, están sufriendo un proceso de despoblamiento. Si lo que primara fuera realmente el interés de beneficiar realmente a familias de menores recursos, entonces se desarrollarían planes de viviendas sociales en ese tipo de comunas, que cuentan con buena infraestructura y con buena accesibilidad. Estaríamos construyendo así una ciudad integrada socialmente, estaríamos edificando cohesión social. En lugar de eso, el Gobierno pretende instalarlos en la periferia. Eso, si algún día llegan a construirse efectivamente este 8% de terrenos que deberían destinarse a viviendas sociales. Los especuladores van a tener todos los incentivos para no construirlas y sacarle máxima plusvalía al 92% restante”.