Hemos tomado conocimiento de que el Consejo Regional (
1. Un proyecto de esta naturaleza tiene un impacto evidente sobre la calidad de vida del conjunto de la población de la Región Metropolitana. Por consiguiente, su debate debiera haber considerado una amplia participación de la ciudadanía. Ello no ocurrió, puesto que la autoridad presentó solamente una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en 2009, en el marco de un procedimiento que no contempla participación ciudadana.
El proyecto fue rechazado el 30 de junio de 2010 por el
Este solo hecho cuestiona la legitimidad democrática de origen del proyecto y nos lleva a la inevitable conclusión de la necesidad de rechazar esta iniciativa, lo cual se refuerza a la hora de examinar los contenidos de la propuesta.
2. El proyecto es contradictorio con una política nacional de descentralización y con todas las concepciones de sustentabilidad del desarrollo urbano. La Región Metropolitana ya concentra el 46% de la población de país y la proposición generará condiciones para la profundización del crecimiento exponencial de la urbe metropolitana, lo que generará un conjunto de fenómenos de los cuales no se hace cargo la propuesta: el incremento de la segregación social espacial, la inexistencia de infraestructura social en la periferia, el incremento de condiciones materiales y subjetivas de inseguridad pública, el aumento de la contaminación ambiental (vinculado además con la necesidad de transporte que causa el crecimiento poblacional en la periferia, en un contexto de atochamiento y falta de vías expeditas) y el exceso de demanda en la disposición de la basura y residuos domiciliarios.
La única respuesta ambiental del proyecto es la disposición de 2.577 hectáreas de áreas verdes. El proyecto no responde cómo se ejecuta y cuánto cuesta, sólo establece un límite de cinco años para su mantención. Ahora bien, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción contempla mecanismos para desafectar hasta un 20% de áreas reservadas, cuando no se hayan materializado como tales. Es decir, existe sobre estas nuevas áreas verdes el peligro de la reconversión a áreas urbanas por falta de riego y mantención.
Un proceso con participación de la ciudadanía hubiera permitido inscribir el debate sobre este proyecto en el contexto del problema de fondo: una concepción global de ciudad.
3. Existen estudios técnicos que muestran que la demanda de suelo podría ser resuelta sin dotar de mayor superficie urbana a la ciudad. En este sentido, la resolución de la demanda de vivienda de los allegados pasa por la voluntad política del Estado y no por la ampliación del límite urbano. En esta materia, nos preocupa que el proyecto de modificación del Plan Regulador de la Región Metropolitano mantenga y profundice la tendencia de segregación socio–económica espacial en la ciudad, confinando los proyectos de viviendas sociales a la periferia y sin hacerse cargo de la necesidad de proveer la infraestructura social necesaria para una vivienda digna.
¿Por qué el Estado no hace una opción, por ejemplo, por la construcción de vivienda social en el centro del Gran Santiago, favoreciendo procesos de integración social y el acceso a oportunidades urbanas ya existentes para las familias más vulnerables, incluso ocupando la herramienta de la expropiación frente a la especulación inmobiliaria?
Nos parece irritante constatar que se sostenga que la expansión del límite urbano tiene su fundamento en la prioridad de construir viviendas sociales, pero que el proyecto destine “al menos un 8% a uso residencial para vivienda social”. Por lo tanto, es inevitable inferir que la prioridad no es resolver aquella demanda, sino que responder a una necesidad de la industria inmobiliaria, más interesada en producir suelo urbano que en la resolución del problema social de la vivienda, por los altos réditos que generan los cambios de usos del suelo al adquirirse previamente los terrenos de nueva clasificación a precios agrícolas.
En este contexto, expresamos nuestro absoluto respaldo a los allegados, agrupados en la Federación Nacional de Pobladores, por conquistar viviendas y barrios dignos, así como a las organizaciones sociales y ciudadanas que luchan por una ciudad sustentable.
COMISION POLITICA
IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE