Gracias a la labor de bien público que ha estado desarrollando Wilileaks, al difundir documentos secretos y oficiales de las distintas embajadas de EE.UU. en el mundo, en Chile CIPER dio a conocer el vergonzoso episodio de la planta termoeléctrica en ejecución de la empresa norteamericana AES Gener.
Fue localizada en un terreno definido como área verde, por lo tanto no apto para acoger ese tipo de actividad, ubicado en el sector Campiche de la muy contaminada comuna de Puchuncaví, V Región de Valparaíso.
Por el contenido de esa documentación diplomática ha quedado en evidencia que varios ministros del gobierno pasado procedieron como simples amanuenses del embajador Paul Simons de esa potencia mundial al proceder administrativamente, cambiando las reglas normativas fijadas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Se vulneró así un contundente dictamen de la Contraloría General de la República y una sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia, instancias ambas que dejaron sin efecto los permisos ambientales otorgados por la dócil Corema porteña.
El 31 de diciembre de 2009, mientras el gobierno de Bachelet hacía los últimos esfuerzos para que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) admitiera a nuestro país como miembro pleno, el ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº 68 referido al uso de suelo de las actividades productivas. Fue redactado el 1º de diciembre de 2009 y firmado por Edmundo Pérez Yoma, en su calidad de Vicepresidente de la República y por Patricia Poblete, titular de ese ministerio.
Quien ordenó lo anterior fue la mismísima presidenta Bachelet, ante lo cual la ministra tenía dos opciones: renunciar a su posición porque en un Estado de Derecho es inaceptable ese proceder u obedecer dicha instrucción superior. Tan alta colaboradora sectorial sopesó y prefirió seguir ejerciendo el cargo de ministra. No vamos a repetir aquí lo que dice ese decreto que modificó el artículo 2.1.21 de la OGUC porque todos ya sabemos lo que se hizo, pero sí destacamos que ese acto administrativo dejó sin efecto otro del mismo año.
En una conversación que sostuvimos a fines de enero de 2010 con Patricia Poblete, analizamos este “traje a la medida” que le confeccionó su gobierno a esa empresa extranjera y uno y otro llegamos a la conclusión de que, a pesar de lo anterior, la municipalidad de Puchuncaví tenía todas las atribuciones legales para que ese cambio normativo no se aplicara en su territorio, en atención a que en tal Decreto Supremo que modificó la OCUC decía, y en rigor, todavía dice : “Con todo, el instrumento de planificación territorial que corresponda podrá prohibir la aplicación de este inciso dentro de su territorio”.
En el diálogo que manteníamos, a ambos nos extrañaba que el alcalde de esa comuna no hiciera valer esa salida fijada en la OGUC y después de varias rebuscadas teorías que pusimos en el tapete, no le dimos más vueltas al asunto. Posteriormente me llamó por teléfono un concejal de Puchuncaví pidiendo mi opinión sobre el camino a seguir en relación al modificado artículo 2.1.21. Le contesté que en forma rápida, porque la Corema de la V Región estaba urdiendo un artificio para aprobar nuevamente ese proyecto, se tenía que reunir el Concejo Municipal de Puchuncaví y acordar la prohibición establecida en la reglamentación urbanística de alcance nacional. Ese acuerdo se tenía que transformar en un Decreto Alcaldicio, el que tenía que ser publicado en el Diario Oficial antes de que la instancia ambiental porteña sesionara para autorizar el proyecto ilegal.
El tiempo para proceder en consecuencia era muy corto, pero a pesar de ello los concejales se reunieron oportunamente y por unanimidad acordaron valerse de la prohibición establecida en la OGUC. Es más, el Decreto Alcaldicio tenía que estar publicado en el Diario Oficial el mismo lunes de febrero de 2010 en que sesionaba la Corema en Valparaíso y para ello fue necesario que el suscrito le pidiera al funcionario que estaba a cargo de ese diario que le asignara un espacio para publicar tal decreto que el día viernes inmediatamente anterior traía a Santiago la alcaldesa subrogante.
Tal autoridad municipal llegó a tiempo a Santiago y por lo tanto el decreto alcaldicio salió publicado el día 22 de febrero de 2010 (ver columna “Campiche :hoy sesiona la Corema de la V Región” del 22/02/10 en El Mostrador). De esta manera legalizada, avalada por la ministra del ramo, la comunidad de esa zona no sufriría los embates de las emisiones tóxicas de esa planta que opera en base al carbón. Y así también cobraba vigencia, tanto el anterior fallo de la Corte Suprema como el dictamen de la Contraloría.
Después de esta publicación y ante la presiones ejercidas inmediatamente por los sectores empresariales, el 27 de febrero de 2010, dimos una conferencia de prensa en el Café Torres de la Plaza de la Ciudadanía con el diputado Enrique Accorsi, señalando ambos que, ante la avalancha de lobbistas que buscaban por todos los medios que la planta ilegal continuara construyéndose, el caso lo íbamos a llevar a la OCDE porque las autoridades no se estaban comportando con los estándares que exige esa organización internacional.
Pero posteriormente y en forma insólita, por una cierta suma de dinero que se consideró como compensación empresarial, el Concejo Municipal de Puchuncaví se dio una voltereta y acordó anular su soberana y limpia decisión anterior, con lo cual la empresa AES Gener reanudó las obras de su contaminante termoeléctrica.
Cuando CIPER, recientemente, dio a conocer los cables de WikiLeaks acerca de las exigencias del gobierno norteamericano para que el gobierno de Bachelet cambiara las reglas del juego con el fin de viabilizar tal proyecto de una empresa de ese país, no nos extrañó en absoluto porque conocemos muy bien los tráficos de influencia que se ejercen en Chile. Pero esa filtración de documentos motivó a nuestra Fundación a denunciar ese mal comportamiento de dos países miembros de la OCDE en la misma organización. Así fue como junto con ChileSustentable, Ecosistemas y Acción Ecológica, el martes 8 de marzo recién pasado, nos dirigimos formalmente al secretario general de la OCDE, con copia al presidente Piñera y al presidente de la Corte Suprema, instancia judicial menoscabada por unos insolentes dichos del diplomático Simons solicitándole que, con sus principales colaboradores, analizara la censurable intromisión de EE.UU. en nuestro país. Como esa injerencia distorsiona gravemente los principios, directrices y fundamentos de las economías de libre mercado, le pedimos a la OCDE que procediera con rigor y suprema voluntad política para sancionar ejemplarmente a ambos países.
Artículo publicado en CIPER Chile