Si bien a lo largo de estos cuatro años disminuyeron los porcentajes de precisión preventiva, hay un aumento notorio en el tiempo que los jóvenes pasan encerrados en la cárcel. Peor aún, muchos de ellos son recluidos mientras dura el procedimiento judicial y finalmente no son condenados a penas privativas de libertad.
Desde el primer al tercer año de implementada la ley, este tipo de sanciones aumentaron de un 8,6 a un 10,1 por ciento, lo que sin duda genera una fuerte presión sobre los centros del Sename, entidad que cuenta con serias deficiencias no sólo en infraestructura, sino que en las condiciones adecuadas para la recuperación de los internos.
Las cifras demuestran que algo está fallando, pese a los avances que ha generado la creación de esta ley especial. Sobre esto se refirió Luis Vial, sociólogo y coordinador de sistemas de supervisión de niños privados de libertad de Unicef, quien declaró que “la nueva ley introduce una serie de reformas y crea un sistema especial, pero más que un sistema tenemos una ley, no todos los jueces son especiales y los fiscales no tienen dedicación exclusiva. No podemos hablar de un fracaso, pero sí que falta mucho por hacer”.
Por su parte, Gonzalo Berríos, Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, quien también es jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública indicó que, pese a los esfuerzos, en líneas generales el sistema no ha logrado diferenciar el trato que se les da a los menores infractores de ley y a los adultos.
“No aparecen mayores diferencias del sistema penal adulto y el adolescente en las distintas maneras de afrontar los casos. Las salidas alternativas y la suspensión del procedimiento es casi igual, las condenas son porcentualmente mayor en los jóvenes sin hacerse cargo en las consecuencias que recaen desde el sistema penal sobre estos niños” indicó el experto.
Es conocido que en cuanto a menores de edad se debe evitar el contacto con el sistema judicial, ya que constituye una verdadera “escuela del delito”, generando altísimas tazas de reincidencia, y por lo tanto, se deben privilegiar las sanciones alternativas. Para ello es necesario introducir más flexibilidad con los jóvenes primerizos para evitar que sean recluidos, limitando el uso de la internación. No obstante, no hay respuestas de por qué no se ha caminado en esta dirección.
El director del departamento de sociología de nuestra casa de estudios, Claudio Duarte, se refirió al respecto y declaró que “quienes ganaron en la definición final de la ley son los sectores de este país que piensan en castigo y más castigo, tanto para quienes van a la cárcel como quienes están afuera. Para muchos, la delincuencia en los barrios se combate con más carabineros, sin poner confianza en la comunidad o en otras instituciones sociales que puedan mediar en el desarrollo de medidas alternativas”.
Duarte advirtió que este tipo de leyes, si bien pueden ser un aporte, no resuelve los problemas de fondo que generan las conductas delictuales y afirmó que, para dar un verdadero salto en esta materia, se debe asumir que el problema tiene varias causas y que no está asociado directamente a la pobreza, sino con una serie de elementos culturales como, por ejemplo, las relaciones de violencia o la orientación al éxito a través del consumo desmedido.