En Chile las encuestas –pese a ser de propiedad o sostener vínculos e intereses carnales con los propios sujetos o temas encuestados- juegan su lugar en las medidas que toma el gobierno de turno. Esta vez, los resultados de la encuesta Adimark de febrero de 2011, pone al gobierno de Piñera con un 40% de aprobación y el incremento de su rechazo respecto del mes anterior de un 46 a un 49%.
En la Región Metropolitana –donde se concentra un tercio de la población nacional- la aprobación a Piñera es de un 38%. Las explicaciones inmediatas son múltiples. El alza del precio de los alimentos por sobre los salarios reales (5 a 10%); el aumento proyectado a casi $800 pesos el litro del combustible (US$1,7 dólares) para mediados de marzo por la propia Empresa Nacional del Petróleo y su impacto en el costo general de la sobrevivencia de los trabajadores y el pueblo; el escándalo de corrupción impune de la Intendenta del Bíobío, una de las regiones más devastadas por el terremoto-maremoto de febrero del año pasado; el empinamiento incesante del costo del transporte público que hace tiempo superó un dólar por viaje, y que, desde que comenzó su implementación en 2007, se ha elevado entre un 42 y un 47%. Las remuneraciones promedio de los trabajadores se reajustaron en alrededor de un 4% el 2010, considerando que para la ecuación se toman los salarios más bajos hasta los de los gerentes de las grandes empresas, en uno de los países de mayor concentración del capital y desigualdad en la distribución de las remuneraciones.
Por eso no es extraño que el 2010, según la Dirección del Trabajo, la lucha de los trabajadores organizados haya crecido un 52% en relación a 2009, y un 192% respecto de 2000. Hasta el momento, la estrategia, tanto de las administraciones de la Concertación, como de la derecha tradicional (tradicional desde 1975, cuando se inauguró el programa de liberalización financiera, las súper políticas de ajustes estructurales, las privatizaciones de los servicios, derechos sociales, recursos naturales e industrias; la crisis del desarrollismo; la explosión de la tercerización y más aguda explotación laborales y un largo etcétera) ha sido imponer la fragmentación sindical y su crisis de sentido hasta reducirlo a un economicismo bajito y simbólico. De hecho, suele emplearse la “mediación” entre las partes a través de los “buenos oficios” cuyo objetivo es imposibilitar la huelga efectiva, dilatando las negociaciones y desmoralizando las fuerzas del trabajo. Sin embargo, a pesar del miedo a perder el empleo, el sobre endeudamiento y las sistemáticas medidas antisindicales, se multiplican los conflictos laborales por todo el país. Al respecto, el porcentaje de trabajadores sindicalizados (15%) y con capacidad de negociar colectivamente (7 a 9%) ya han tocado techo con los instrumentos tradicionales (las centrales amañadas desde arriba) y por necesidad histórica deberán recrear nuevos medios ajustados a la actual organización del trabajo, sobrepasando los existentes y hasta el mismo Código Laboral antisocial regente, en los hechos. Asimismo, los principios vigentes de la independencia política del los asalariados respecto del Estado y sus expresiones políticas (sobre todo del duopolio Concertación-Derecha) y el derrotero de la creación de las condiciones para la realización de un paro general, son elementos sustantivos de la rearticulación venidera. En esta línea, los trabajadores son el sujeto autorizado legítimamente por el conjunto del pueblo para la eficiencia de un empeño semejante. Los estudiantes y la juventud sin porvenir incluso pueden constituir la vanguardia social en el corto plazo, e inteligentemente ampliar de manera superlativa sus demandas en tanto las transformen en causa de la sociedad civil toda. Pero el capital acunado por el Estado y los transitorios inquilinos de La Moneda sólo se inquietarán seriamente en tanto los trabajadores cualitativa y cuantitativamente ingresen en un ciclo poderoso de lucha, arrancando con una plataforma y conducción lo más unitaria posible, y su subsecuente politización. De lo contrario se postergan las oportunidades estratégicas de edificar una fuerza social y política autónoma de las componendas en el poder y que tercie con contenidos no capitalistas la cómoda situación de los que mandan.
Sobre este aspecto pueden observarse fenómenos geopolíticos y económicos que preexistían, pero no de manera tan visible como hoy, y otros nuevos. Sobre los primeros, el paro general de Magallanes por la demanda del precio del gas reactivó de modo potente las reivindicaciones regionales del país, como en Concepción, el extremo norte, Valparaíso y el Norte Chico. Algunos han sacado del baúl añoso de la historia hasta el concepto de federalismo (!). Pero sobre los argumentos bien justificados de la excesiva centralización metropolitana en todos los ámbitos, el problema cardinal es el mismo a lo largo de todo el paisito: la ausencia de un proyecto propio de las clases subalternas y la colaboración determinante con las autoridades del complejo dominante y franjas empresariales locales a la hora de emprender protestas.
Lo “nuevo” en materia de movilizaciones –aún inestables, acotadas, parciales- es que luego de la baja en las encuestas de Piñera producto del paro general en Magallanes, una fracción significativa de la Concertación acompañada con la dirección del Partido Comunista resolvió propiciar su participación en la movilización social, pero “controlada” y subordinada a fines eminentemente electorales. No se trata de grandes protestas. Son marchas “civilizadas”, dentro de los marcos de una oposición limitada, tanto en el Legislativo, como por la vereda. Ante el descontento generalizado y las demandas sociales objetivas, pero que no terminan de adquirir formas políticas, se generó cierto vacío de dirección imposible aún de resultar cubierto por las agrupaciones no capitalistas. Es entonces que la Concertación y sus extensiones intentan convertir a Piñera en un Pinochet descafeinado y realizar la política de “todos contra Piñera”. Sin embargo, las cosas no han salido a pedir de boca. Por ejemplo, sectores de la Concertación ofrecieron como contenido para el Día Internacional de la Mujer movilizarse contra el gobierno por el proyecto de 6 meses para que la mujer trabajadora pueda dedicarse al recién nacido. Ocurrió entonces que Piñera se adelantó y ya propuso una iniciativa legal en ese mismo sentido. Sin entrar en los detalles de la medida, el diputado PPD Enrique Accorsi señaló que “(los del gobierno) se atrevieron a hacer algo que nosotros no nos atrevimos a hacer durante años.” A su vez, el presidente de la DC, Ignacio Walker, indicó que “valoramos este proyecto como un avance”. En buenas cuentas, la reivindicación agitada para el 8 de marzo se esfumó. Otra normativa de Piñera apunta a eliminar el 7% de la cotización en salud que pagan los jubilados en Chile, que ya tienen pensiones enanas. Asimismo, con bombos y platillos, el gobierno anunció la obligatoriedad de cancelar el sueldo mínimo a las empleadas domésticas o “asesoras del hogar”.
Naturalmente que los gestos de abierto populismo de Piñera tienen su contra cara en la ampliación del trabajo precario; la enajenación de un 66% del yacimiento Inca de Oro de propiedad de la estatal Codelco a la Minera australiana PanAust IDO(en todo caso la puesta en venta se efectuó el 2008 bajo el gobierno de la socialista Michelle Bachelet); el objetivo de que todos los chilenos paguen en el sistema de salud pública; la reforma educacional privatizadora; la manga ancha para el despojo de los recursos naturales, como el agua; el mantenimiento en la cárcel de 21 mapuche y 4 jóvenes en calidad de prisioneros políticos sin pruebas; la represión al pueblo de Isla de Pascua; la nula regulación de la industria del crédito y la deuda ante el incremento del costo de la vida; las facilidades extraordinarias para la inversión extranjera sin obligación de dejar nada en Chile; y sostener un sueldo mínimo (que para el 30% de los trabajadores, es el máximo) de $ 174 mil pesos (US$ 364 dólares), mientras que en Argentina es de casi de US$ 900, y en Ecuador y Venezuela de US$ 490 y US$ 481, respectivamente. Considerando además, que en los países comparados existen derechos sociales garantizados y regulaciones pro populares, mientras que en Chile la remuneración es la síntesis de las posibilidades totales de sobrevivencia de los trabajadores y sus familias. Es decir, en el paisito todo se paga, y junto con ello, el IVA del 19% sobre todas las mercancías y servicios, y que representa más de la mitad de las entradas del Estado son utilizadas por los concesionarios actuales y pasados de La Moneda para subsidiar al capital y a las industrias que lo demanden, condición para mantener sus utilidades y la cohesión de la clase dominante, evitando conflictos relevantes entre sus facciones.
¿Pero por qué Piñera adopta políticas que la Concertación no se atrevió a realizar? Porque a los ojos del imperialismo norteamericano (principal inversionista en Chile en los últimos 36 años y el que en 2009 alcanzó los US$ 7.111 millones de dólares), la administración de turno –no importa que sea de la derecha tradicional o la Concertación- debe ofrecer gobernabilidad y obsecuencia respecto de las instituciones tutelares del imperialismo. De acuerdo a WikiLeaks, el embajador de la época calificó a la última presidenta de la Concertación de este modo: “…el récord de la política exterior de Bachelet ha sido generalmente sólido y en línea con los objetivos de los Estados Unidos”. Allí existía gobernabilidad y obsecuencia. Sin embargo, casi todo el primer año de Piñera y su apuesta por un gobierno de tecnócratas y arquitectura empresarial cayó pesadamente como él mismo en las encuestas. Ámbitos como la mala reconstrucción post terremoto y el paro general de Magallanes obligaron a Piñera a reestructurar su gabinete, “politizándolo” y, dando una vuelta de tuerca, a establecer una seguidilla de concesiones “precautorias” ante su creciente impopularidad, y reales y eventuales movimientos de descontento social, tanto espontáneos, como mejor organizados.
La última semana de marzo llega Obama a Chile. El emperador transitorio del Estado corporativo más poderoso en la historia de la humanidad quiere como ofrenda un país que no sólo se ajuste al liberalismo financiero más paradigmático del Continente, al aperturismo económico más anti soberano posible, y a la tasa de ganancias del capital más altas en medio de una paz de cementerio y mansedumbre social. Piñera tiene que demostrar que él y su sector es mejor administrador que la Concertación de un sistema fundado sobre la especulación financiera, la súper explotación humana, el despojo de recursos naturales y la exportación de materias primas. Debe ser bendecido por Obama y ganarse sus respetos. De lo contrario, el fantasma de Bachelet –golpeado por graves denuncias de periodistas con credibilidad e independencia de la cadena CNN Chile- cobrará fuerza en la reyerta palaciega de la alternancia de los mismos.
En tanto, por abajo, las agrupaciones y fuerzas no capitalistas deben guardar cuidado de no confundirse y terminar como vagón de cola en movilizaciones y protestas hegemonizadas por la Concertación. Pese a las enormes dificultades que comportan las actuales relaciones de fuerza al respecto, ni Piñera es Pinochet, ni Bachelet es Allende. Aquí la contradicción esencial es la hegemonía de los intereses de la clase mandante y su doble expresión política, y la construcción de la hegemonía de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Si bien no se dice nada nuevo, es preciso reiterar que el objetivo político del anticapitalismo y todas sus formas y variantes en el actual período es la creación de una alternativa política independiente de la derecha y de la Concertación. Y ello se hace tanto en la práctica, como en la formación volcánicamente democrática de una teoría y proyecto político con sentido, un programa político con sentido, un instrumento político con sentido. Pegado a la realidad, pero no al posibilismo. Envueltos de pueblo trabajador, pero no presa de la alienación política y la colaboración con quienes consagraron el capitalismo de vanguardia en Chile.
Marzo 3 de 2011