Representantes de organismos de derechos humanos exigieron la salida del subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, de su cargo. Esto luego que se conociera que el actual jefe de esa cartera, Andrés Allamand, había cursado una serie de destituciones de los asesores de Izurieta, quienes durante la dictadura fueron agentes de la DINA y la CNI.
La dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Mireya García, sostuvo que de esta forma queda de manifiesto que el propio Izurieta mintió cuando era Comandante en Jefe del Ejército del entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal, ya que se les aseguró que no había ex agentes en esta rama castrense.
“Se nos mintió porque no era así. Ellos se mantenían y estas mismas personas hoy son parte de la subsecretaría porque el señor Vidal además es asesor de Izurieta. No entiendo cómo se siguen reproduciendo las mentiras y esta complicidad con los violadores de derechos humanos”, manifestó Pizarro.
Por su parte, el abogado y diputado Hugo Gutiérrez, aseguró que el ex Comandante en Jefe del Ejército debería presentar su renuncia, ya que tiene una clara responsabilidad en las contrataciones de estos asesores que fueron integrantes de los organismos represivos del régimen militar.
“La responsabilidad del mando está clara. Izurieta debería salir del cargo que detenta porque es de confianza del ministro de Defensa y es obvio que gran parte de los asesores han sido removidos de sus cargos”, dijo el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
A poco de asumir en el ministerio de Defensa, Andrés Allamand ordenó una nueva política de personal con lo que dispuso la salida de tres asesores de Óscar Izurieta por estar vinculados a la DINA y la CNI.
De esa forma fueron destituidos los generales en retiro Alejandro Romero Peragallo y Orlando Carter Cuadra, quien es yerno del ex director de la DINA Manuel Contreras, además del coronel en retiro José Pérez Manríquez.
Ministro en visita
Continúan las diligencias para investigar las distintas irregularidades que se han detectado en las ramas de las Fuerzas Armadas.
Este lunes, el Pleno de la Corte Suprema – respondiendo una petición realizada por el Consejo de Defensa del Estado – resolvió designar al juez de la Corte Marcial, Juan Manuel Muñoz Pardo, como ministro en visita para investigar los sobreprecios que habrían pagado algunos oficiales del Comando Aéreo del Ejército para repuestos de helicópteros al interior del Comando Aéreo del Ejército de Rancagua,
Este caso fue investigado en un comienzo por el juez Manuel Valderrama, quien se declaró incompetente para conocer los antecedentes que, finalmente, pasaron a la fiscalía militar de Rancagua.
De esta forma el CDE decidió solicitar un ministro en visita luego que la investigación no lograra resultados satisfactorios para el organismo. Muñoz Pardo dejará de cumplir funciones en este tribunal el 28 de febrero, por lo cual se determinó que a partir de esa fecha será reemplazado en esa investigación por el ministro Juan Cristóbal Mera.