Casi doce años después que las familias interpusieron las respectivas querellas, la justicia gala someterá a juicio a diecinueve responsables de la dictadura militar chilena, inculpados del secuestro y desaparición de cuatro ciudadanos franceses. El juicio, que tendrá lugar en el Palacio de los Tribunales de Paris, entre el 8 y 17 de diciembre próximo, juzgará en ausencia a quienes se consideran autores del secuestro de Georges Klein, Etienne Pesle de Mesnil, Alfonso Chanfreau y Jean-Yves Claudet.
Con excepción del último, que por orden del régimen chileno fue detenido y desapareció en Argentina en el marco de la Operación Cóndor , todos los demás fueron secuestrados por las fuerzas represivas chilenas durante los dos primeros años de la dictadura militar del general Pinochet.
Durante estos años la justicia francesa ha indagado, escrutado e interrogado a decenas de testigos, familiares y víctimas. Al cabo de una paciente investigación (instrucción) realizada por tres jueces, las autoridades judiciales francesas han decidido someter a proceso a las personas imputadas por los crímenes. La inusual duración de la instrucción -de la que no se puede descartar el fondo político, el carácter excepcional del proceso que persigue a responsables extranjeros que cometieron los delitos fuera del territorio francés a ciudadanos galos y el hecho que el juicio se haga en ausencia de los acusados- ha transformado esta cita judicial del próximo diciembre en un verdadero proceso histórico a la dictadura de Pinochet.
Esta afirmación es tan cierta que los periodistas franceses y los diversos medios informativos o acreditados en Francia, hablan del “proceso Pinochet”, aún cuando el principal responsable haya sido eliminado de la nómina de acusados después de su muerte, ocurrida, paradojalmente, el 10 de diciembre de 2006, día internacional de los Derechos Humanos.
Por qué la justicia francesa juzga crímenes cometidos por chilenos en su país?
A muchos chilenos les podrá parecer extraño que sea la justicia francesa la que juzgue crímenes o delitos cometidos en Chile, por chilenos, en el marco de situaciones criminales ocurridas en nuestro país. La respuesta es que las víctimas de estos crímenes son francesas.
El artículo 113-7 del Código Penal francés estipula claramente que: “la ley penal francesa es aplicable a todo crimen y delito sancionado con cárcel cometido por un extranjero fuera del territorio de la República (francesa), cuando la víctima es de nacionalidad francesa, en el momento de la infracción”.
Este ha sido el criterio legal en que se han basado los abogados de las familias de las cuatro víctimas involucradas en este proceso. Como lo prueba la documentación en poder de la Corte de Paris, las cuatro personas detenidas desaparecidas gozaban de la nacionalidad francesa en el momento del delito.
Georges Klein, por haber nacido en Francia, hijo de emigrantes; Etienne Pesle por haber nacido en Francia; llegó a Chile en 1953; Alfonso Chanfreau y Jean-Yves Claudet por poseer la nacionalidad francesa por filiación directa. En estas circunstancias la estricta aplicación de la ley francesa obliga a las autoridades judiciales de Paris a instruir el sumario.
En febrero de 2007, nueve años después de haber presentado las querellas, los magistrados encargados de la investigación, consideraron haber recogido suficientes antecedentes y testimonios para acusar y someter a juicio a diecinueve personas -cinco de ellos están muertos-. Entonces, es sobre catorce responsables que recaen las principales acusaciones por el secuestro y torturas de los cuatro ciudadanos franceses.
Casos ejemplares de diversos hitos históricos de la tiranía. Cuando se analizan los crímenes sometidos a los magistrados franceses, se constata que cada uno de ellos representa un hecho ocurrido en diferentes períodos. Un acontecimiento histórico y trágico de la maquinaria represiva de la dictadura militar chilena.
Siguiendo el orden cronológico de estos crímenes se debe empezar por la detención y desaparición del doctor Georges Klein, consejero del Presidente Allende, detenido por las tropas a cargo del general Javier Palacios en el Palacio de La Moneda , la mañana del 11 de septiembre de 1973. No fue la víctima exclusiva ni el único secuestrado en el palacio presidencial. Allí también fue muerto el doctor Ricardo Pincheira, el joven estudiante Enrique Roppert Contreras[1] y muchos otros.
La investigación efectuada por los jueces franceses reconstituye la detención y posterior envío de los detenidos en La Moneda al regimiento Tacna; entre ellos, el doctor Georges Klein, que desaparece definitivamente de ese lugar el 13 de septiembre, luego de haber sido torturado -las autoridades militares y la justicia chilena jamás han entregado una explicación o sancionado a los culpables-.
El general Javier Palacios, responsable del asalto a La Moneda murió en junio del año 2006 sin haber sido juzgado ni condenado. Herman Brady, general en jefe de la Guarnición de Santiago al momento del golpe y por tanto, superior jerárquico de Palacios y de Luis Ramírez Pineda, comandante del regimiento Tacna, será juzgado por los tribunales franceses.
Junto al doctor Klein desaparecieron varios detenidos de La Moneda : profesionales, médicos, asesores y partidarios del gobierno del Presidente Allende, que habían permanecido junto a él hasta los últimos momentos del bombardeo.
Etienne Pesle de Mesnil, ex sacerdote, funcionario de INDAP de Temuco, fue detenido el 19 de septiembre de 1973 por miembros de la FACH. Numerosas declaraciones y testimonios dan cuenta de su presencia en la base aérea de Maquehua. Los abogados y jueces franceses sospechan que su rapto y desaparición forman parte de la venganza institucional contra los funcionarios de la Reforma Agraria , que cumplían con el mandato de realizarla, entregando a sectores de los pueblos originarios -principalmente mapuche- las tierras usurpadas. A instigación de los terratenientes de la zona y civiles de ultraderecha, Etienne Pesle fue detenido y se ignora su destino hasta la actualidad.
Alfonso Chanfreau representa la represión al MIR[2] y a la resistencia clandestina a la dictadura. Ex estudiante de Filosofía de la Universidad de Chile, fue detenido en su domicilio el 30 de julio de 1974, en presencia de su esposa, Erika Hennings. Numerosos testimonios de ex presos atestiguan su brutal tortura y su paso por diferentes centros clandestinos de detención. Erika, detenida junto a él, también fue sometida a torturas y es testigo directo de las vejaciones y desaparición desde la casa de Londres 38. En este caso es la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la que será sometida a juicio, representada por su principal responsable, Manuel Contreras Sepúlveda.
Finalmente, entre las múltiples víctimas del Plan Cóndor -coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas durante la segunda mitad de los años 70-, se encuentra Jean-Yves Claudet, ingeniero franco-chileno detenido en Buenos Aires, el 1º de noviembre de 1975. Los magistrados franceses han acumulado cargos suficientes para inculpar, al menos, a un oficial argentino en contacto con Manuel Contreras, de la DINA.
Un proceso simbólico.
El proceso francés a la dictadura chilena es ejemplar y transparente. Es el único que llegará a término fuera de Chile contra responsables de torturas, ejecuciones sumarias, prisión, exilios y desapariciones.
La dictadura chilena es un paradigma de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos. Será el único juicio legal que abordará diversas épocas y formas de represión, mostrando la variedad y red de complicidades con que contó el estado dictatorial para la ejecución de los crímenes. Juzgará a altos responsables, que por diversas razones, han escapado a las sanciones de la justicia chilena.
El juicio tendrá lugar a treinta y siete años de la perpetración de los delitos y a más de veinte años de intentos de normalización democrática, tiempo que habla por sí solo de la lentitud de la justicia y de las increíbles secuelas de la impunidad sufrida, no solo por los sobrevivientes de la tortura, los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados, cuyos cuerpos no han sido entregados, así como también de la falta de verdad y justicia vivida por la sociedad.
La lista de inculpados presentará ausencias importantes. Los generales Augusto Pinochet y Javier Palacios, el coronel Pacheco Cárdenas, murieron durante la investigación. Osvaldo Romo (alias “Guatón Romo”, lumpen al servicio de las tareas más bajas), murió en la cárcel hace cuatro años. Paul Schaeffer, jefe de la Colonia Dignidad (lugar al que se presume que Alfonso Chanfreau fue trasladado), también murió en la cárcel.
El juicio que se efectuará en Paris entre el 8 y 17 de diciembre próximo no es una experiencia nueva para la justicia francesa. Existen varios precedentes en la materia, como el juicio y condena al capitán de navío argentino, Alfredo Astiz, condenado a cadena perpetua por el secuestro y desaparición de dos religiosas francesas a fines de los años 70.
Hay quienes podrían restar importancia a este juicio por el hecho que los inculpados estarán ausentes y no serán obligados a cumplir condenas. La circunstancia que exista sobre ellos una orden de detención internacional y que sean condenados, los obliga a tener a Chile como cárcel y que no podrán abandonar, sin arriesgar la detención inmediata y la extradición automática a Francia. Constituye el comienzo de la pena a la que serán sometidos por vida.
Hacia una justicia con competencia universal.
La gravedad y pasividad que han revestido las violaciones a los Derechos Humanos en el mundo durante los últimos años (Ruanda, ex Yugoslavia, Sierra Leona, etc.), sumado al carácter global de la evolución del planeta, han puesto en el tapete la idea de una justicia universal.
Un importante paso en ese sentido lo ha constituido la instalación del tribunal de La Haya , encargado de juzgar a los criminales de guerra de la ex Yugoslavia, o el Tribunal de Arusha, responsable de investigar y someter a juicio a los criminales del genocidio ruandés.
Lo más significativo ha sido la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI), por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este organismo está encargado de juzgar las violaciones a los Derechos Humanos, genocidios y crímenes de guerra, sin importar el país o lugar donde se cometan.
A pesar de la oposición activa de Estados Unidos, varios países han firmado y ratificado la creación del TPI. La idea de una justicia con vocación y competencia universal avanza no solo en las esferas de gobiernos, también en la opinión pública internacional.
Cuando un país se encuentra impedido de impartir justicia accesible y democrática a todos sus ciudadanos, la participación de la comunidad internacional se transforma en una necesidad.
En este caso no se trata de justicia universal, ya que la justicia francesa está defendiendo a ciudadanos de su país, víctimas de la barbarie de la dictadura chilena.
Este juicio fortalece el proceso de sanción universal a agresiones futuras de los estados sobre los seres humanos, cualquiera su nacionalidad o condición.
Finalmente, este juicio representa una pequeña pero gran suerte de reparación moral para los familiares directos y sectores más conscientes de la sociedad chilena. La verdad es indesmentible: los familiares están desaparecidos hasta hoy, con la excepción del doctor Georges Klein, cuyos restos se encontraron en una fosa y luego lanzados al mar, por orden de Pinochet.
El duelo, rito ancestral, aún no existe.
Por estas razones, cinco organismos apoyan a los familiares querellantes y también se han constituido como querellantes: Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), sus asociados: CODEPU en Chile y la Liga Francesa de Derechos Humanos en Francia, Asociación de ex presos políticos chilenos en Francia y Francia-América Latina.
Santiago, Noviembre 2010.
Durante estos años la justicia francesa ha indagado, escrutado e interrogado a decenas de testigos, familiares y víctimas. Al cabo de una paciente investigación (instrucción) realizada por tres jueces, las autoridades judiciales francesas han decidido someter a proceso a las personas imputadas por los crímenes. La inusual duración de la instrucción -de la que no se puede descartar el fondo político, el carácter excepcional del proceso que persigue a responsables extranjeros que cometieron los delitos fuera del territorio francés a ciudadanos galos y el hecho que el juicio se haga en ausencia de los acusados- ha transformado esta cita judicial del próximo diciembre en un verdadero proceso histórico a la dictadura de Pinochet.
Esta afirmación es tan cierta que los periodistas franceses y los diversos medios informativos o acreditados en Francia, hablan del “proceso Pinochet”, aún cuando el principal responsable haya sido eliminado de la nómina de acusados después de su muerte, ocurrida, paradojalmente, el 10 de diciembre de 2006, día internacional de los Derechos Humanos.
Por qué la justicia francesa juzga crímenes cometidos por chilenos en su país?
A muchos chilenos les podrá parecer extraño que sea la justicia francesa la que juzgue crímenes o delitos cometidos en Chile, por chilenos, en el marco de situaciones criminales ocurridas en nuestro país. La respuesta es que las víctimas de estos crímenes son francesas.
El artículo 113-7 del Código Penal francés estipula claramente que: “la ley penal francesa es aplicable a todo crimen y delito sancionado con cárcel cometido por un extranjero fuera del territorio de la República (francesa), cuando la víctima es de nacionalidad francesa, en el momento de la infracción”.
Este ha sido el criterio legal en que se han basado los abogados de las familias de las cuatro víctimas involucradas en este proceso. Como lo prueba la documentación en poder de la Corte de Paris, las cuatro personas detenidas desaparecidas gozaban de la nacionalidad francesa en el momento del delito.
Georges Klein, por haber nacido en Francia, hijo de emigrantes; Etienne Pesle por haber nacido en Francia; llegó a Chile en 1953; Alfonso Chanfreau y Jean-Yves Claudet por poseer la nacionalidad francesa por filiación directa. En estas circunstancias la estricta aplicación de la ley francesa obliga a las autoridades judiciales de Paris a instruir el sumario.
En febrero de 2007, nueve años después de haber presentado las querellas, los magistrados encargados de la investigación, consideraron haber recogido suficientes antecedentes y testimonios para acusar y someter a juicio a diecinueve personas -cinco de ellos están muertos-. Entonces, es sobre catorce responsables que recaen las principales acusaciones por el secuestro y torturas de los cuatro ciudadanos franceses.
Casos ejemplares de diversos hitos históricos de la tiranía. Cuando se analizan los crímenes sometidos a los magistrados franceses, se constata que cada uno de ellos representa un hecho ocurrido en diferentes períodos. Un acontecimiento histórico y trágico de la maquinaria represiva de la dictadura militar chilena.
Siguiendo el orden cronológico de estos crímenes se debe empezar por la detención y desaparición del doctor Georges Klein, consejero del Presidente Allende, detenido por las tropas a cargo del general Javier Palacios en el Palacio de La Moneda , la mañana del 11 de septiembre de 1973. No fue la víctima exclusiva ni el único secuestrado en el palacio presidencial. Allí también fue muerto el doctor Ricardo Pincheira, el joven estudiante Enrique Roppert Contreras[1] y muchos otros.
La investigación efectuada por los jueces franceses reconstituye la detención y posterior envío de los detenidos en La Moneda al regimiento Tacna; entre ellos, el doctor Georges Klein, que desaparece definitivamente de ese lugar el 13 de septiembre, luego de haber sido torturado -las autoridades militares y la justicia chilena jamás han entregado una explicación o sancionado a los culpables-.
El general Javier Palacios, responsable del asalto a La Moneda murió en junio del año 2006 sin haber sido juzgado ni condenado. Herman Brady, general en jefe de la Guarnición de Santiago al momento del golpe y por tanto, superior jerárquico de Palacios y de Luis Ramírez Pineda, comandante del regimiento Tacna, será juzgado por los tribunales franceses.
Junto al doctor Klein desaparecieron varios detenidos de La Moneda : profesionales, médicos, asesores y partidarios del gobierno del Presidente Allende, que habían permanecido junto a él hasta los últimos momentos del bombardeo.
Etienne Pesle de Mesnil, ex sacerdote, funcionario de INDAP de Temuco, fue detenido el 19 de septiembre de 1973 por miembros de la FACH. Numerosas declaraciones y testimonios dan cuenta de su presencia en la base aérea de Maquehua. Los abogados y jueces franceses sospechan que su rapto y desaparición forman parte de la venganza institucional contra los funcionarios de la Reforma Agraria , que cumplían con el mandato de realizarla, entregando a sectores de los pueblos originarios -principalmente mapuche- las tierras usurpadas. A instigación de los terratenientes de la zona y civiles de ultraderecha, Etienne Pesle fue detenido y se ignora su destino hasta la actualidad.
Alfonso Chanfreau representa la represión al MIR[2] y a la resistencia clandestina a la dictadura. Ex estudiante de Filosofía de la Universidad de Chile, fue detenido en su domicilio el 30 de julio de 1974, en presencia de su esposa, Erika Hennings. Numerosos testimonios de ex presos atestiguan su brutal tortura y su paso por diferentes centros clandestinos de detención. Erika, detenida junto a él, también fue sometida a torturas y es testigo directo de las vejaciones y desaparición desde la casa de Londres 38. En este caso es la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la que será sometida a juicio, representada por su principal responsable, Manuel Contreras Sepúlveda.
Finalmente, entre las múltiples víctimas del Plan Cóndor -coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas durante la segunda mitad de los años 70-, se encuentra Jean-Yves Claudet, ingeniero franco-chileno detenido en Buenos Aires, el 1º de noviembre de 1975. Los magistrados franceses han acumulado cargos suficientes para inculpar, al menos, a un oficial argentino en contacto con Manuel Contreras, de la DINA.
Un proceso simbólico.
El proceso francés a la dictadura chilena es ejemplar y transparente. Es el único que llegará a término fuera de Chile contra responsables de torturas, ejecuciones sumarias, prisión, exilios y desapariciones.
La dictadura chilena es un paradigma de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos. Será el único juicio legal que abordará diversas épocas y formas de represión, mostrando la variedad y red de complicidades con que contó el estado dictatorial para la ejecución de los crímenes. Juzgará a altos responsables, que por diversas razones, han escapado a las sanciones de la justicia chilena.
El juicio tendrá lugar a treinta y siete años de la perpetración de los delitos y a más de veinte años de intentos de normalización democrática, tiempo que habla por sí solo de la lentitud de la justicia y de las increíbles secuelas de la impunidad sufrida, no solo por los sobrevivientes de la tortura, los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados, cuyos cuerpos no han sido entregados, así como también de la falta de verdad y justicia vivida por la sociedad.
La lista de inculpados presentará ausencias importantes. Los generales Augusto Pinochet y Javier Palacios, el coronel Pacheco Cárdenas, murieron durante la investigación. Osvaldo Romo (alias “Guatón Romo”, lumpen al servicio de las tareas más bajas), murió en la cárcel hace cuatro años. Paul Schaeffer, jefe de la Colonia Dignidad (lugar al que se presume que Alfonso Chanfreau fue trasladado), también murió en la cárcel.
El juicio que se efectuará en Paris entre el 8 y 17 de diciembre próximo no es una experiencia nueva para la justicia francesa. Existen varios precedentes en la materia, como el juicio y condena al capitán de navío argentino, Alfredo Astiz, condenado a cadena perpetua por el secuestro y desaparición de dos religiosas francesas a fines de los años 70.
Hay quienes podrían restar importancia a este juicio por el hecho que los inculpados estarán ausentes y no serán obligados a cumplir condenas. La circunstancia que exista sobre ellos una orden de detención internacional y que sean condenados, los obliga a tener a Chile como cárcel y que no podrán abandonar, sin arriesgar la detención inmediata y la extradición automática a Francia. Constituye el comienzo de la pena a la que serán sometidos por vida.
Hacia una justicia con competencia universal.
La gravedad y pasividad que han revestido las violaciones a los Derechos Humanos en el mundo durante los últimos años (Ruanda, ex Yugoslavia, Sierra Leona, etc.), sumado al carácter global de la evolución del planeta, han puesto en el tapete la idea de una justicia universal.
Un importante paso en ese sentido lo ha constituido la instalación del tribunal de La Haya , encargado de juzgar a los criminales de guerra de la ex Yugoslavia, o el Tribunal de Arusha, responsable de investigar y someter a juicio a los criminales del genocidio ruandés.
Lo más significativo ha sido la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI), por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este organismo está encargado de juzgar las violaciones a los Derechos Humanos, genocidios y crímenes de guerra, sin importar el país o lugar donde se cometan.
A pesar de la oposición activa de Estados Unidos, varios países han firmado y ratificado la creación del TPI. La idea de una justicia con vocación y competencia universal avanza no solo en las esferas de gobiernos, también en la opinión pública internacional.
Cuando un país se encuentra impedido de impartir justicia accesible y democrática a todos sus ciudadanos, la participación de la comunidad internacional se transforma en una necesidad.
En este caso no se trata de justicia universal, ya que la justicia francesa está defendiendo a ciudadanos de su país, víctimas de la barbarie de la dictadura chilena.
Este juicio fortalece el proceso de sanción universal a agresiones futuras de los estados sobre los seres humanos, cualquiera su nacionalidad o condición.
Finalmente, este juicio representa una pequeña pero gran suerte de reparación moral para los familiares directos y sectores más conscientes de la sociedad chilena. La verdad es indesmentible: los familiares están desaparecidos hasta hoy, con la excepción del doctor Georges Klein, cuyos restos se encontraron en una fosa y luego lanzados al mar, por orden de Pinochet.
El duelo, rito ancestral, aún no existe.
Por estas razones, cinco organismos apoyan a los familiares querellantes y también se han constituido como querellantes: Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), sus asociados: CODEPU en Chile y la Liga Francesa de Derechos Humanos en Francia, Asociación de ex presos políticos chilenos en Francia y Francia-América Latina.
Santiago, Noviembre 2010.
[1] Ciudadano francés secuestrado frente al Palacio de La Moneda cuando fue dejar a su madre. Permaneció desaparecido hasta que su cuerpo, con huellas de tortura, fue encontrado por un familiar entre los cadáveres que se encontraban en el Servicio Médico Legal.
[2] Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
[1] Ciudadano francés secuestrado frente al Palacio de La Moneda cuando fue dejar a su madre. Permaneció desaparecido hasta que su cuerpo, con huellas de tortura, fue encontrado por un familiar entre los cadáveres que se encontraban en el Servicio Médico Legal.[2] Movimiento de Izquierda Revolucionaria.