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En el sistema económico implantado por el gobierno militar, convalidado por los políticos de la Concertación, vigente en el actual gobierno de derecha, se privilegia el interés particular por sobre el interés colectivo.
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En el último tiempo los parlamentarios, no sabemos si por desconocimiento, por ausencia de visión previsora o por presiones de eximios cabilderos, han aprobado legislaciones que han perjudicado a las ciudades, como por ejemplo desnaturalizar el sentido del artículo 55º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Ahora se permite la ejecución de proyectos inmobiliarios con viviendas de hasta un cierto precio en los sectores rurales del país, es decir, más allá de los límites urbanos, sin que los titulares de esas intervenciones se tengan que ceñir a las regulaciones urbanísticas contempladas en cada comuna como tampoco a las ambientales y de transportes vigentes en las normativas sectoriales. Este ex abrupto legislativo se produjo para atraer inversión privada que absorbe mano de obra, fraseología insulsa utilizada para justificar tan inicuo proceder.
Asimismo modificaron el artículo 59º de la LGUC referido a la declaratoria de utilidad pública de las calles (expresas, troncales, colectoras, locales y de servicio) y parques intercomunales y comunales, fijando una caducidad para esas afectaciones que está causando graves problemas en casi todas las comunas del país, situación que conoce muy bien el Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos, asociación gremial que incluso emitió un comunicado de prensa titulado “¿ Caducó la Ciudad ?”. Aunque el lector no lo crea, para superar la complicación creada por ese irresponsable cambio legal, algunos municipios se han visto en la necesidad de clasificar arbitrariamente algunas vialidades para que continúen afectas a sus necesarios ensanches, es decir, en nuestra institucionalidad se ha admitido la práctica de la mendacidad para evitar males mayores. ¿Qué dirá la seria OCDE al respecto ?
Y para seguir cometiendo desaciertos, en la actualidad a los parlamentarios se les ocurrió legislar para “regular” el cierre de las calles, bienes nacionales de uso público, porque los agentes policiales y carabineros son incapaces de resguardar la seguridad ciudadana en los diferentes barrios de las ciudades, aunque sabemos que esta inseguridad está radicada mayoritariamente en la región metropolitana.
Ellos creen que, con un símil de Guantánamo (*), se van a solucionar las contrariedades derivadas de los asaltos en las casas y lo están haciendo porque existen diversos dictámenes de la Contraloría y un fallo de la Corte Suprema que impiden el cierre de las vialidades. Recordemos que estos cerrojos en ocasiones eran instalados por decisión propia de grupos de vecinos y en algunos casos contaban con “aprobaciones” municipales, las que, como todos sabemos, no tenían valor alguno.
Nosotros estamos a favor de la protección que deben tener todos los inmuebles y sus moradores, pero no podemos llegar al extremo de transformar nuestras ciudades en fortificaciones, pues hay un bien superior que es la libertad de movimiento que tenemos los habitantes. A la violencia que ejercen algunos pocos desadaptados y a este tipo de delitos que, por lo demás, siempre van a existir, se les combate con las armas de la razón, con trabajos dignos, con buena educación pública para nuestros niños y jóvenes y con leyes estrictas y rehabilitadoras que reduzcan paulatinamente la repetición de estos deplorables hechos. Encerrarnos con llave es una solución simplista y nos recuerda el chiste del sofá de don Otto.
Muy ligado a los candados en los cierres metálicos, sostenemos que existe una especie de pánico colectivo promovido por ciertas noticias escandalosas y por ello ha aumentado el negocio de los guardias privados de seguridad, quienes, emulando a Rambo, y a otros similares actores cinematográficos, hacen de las suyas con sus duros adminículos golpeadores. Mientras más sangre se observa en las pantallas de TV, más aumenta el rating y por lo tanto más crecen las tarifas para los avisadores comerciales. Siempre hemos expresado que el miedo y la corrupción generan más actividad económica y por ende mayores bienes y servicios : debemos tener presente que los promotores del libertinaje en el mercado sólo se mueven en el ámbito de la especulación con papeles y de la producción de materias.
Como la institucionalidad se ha visto sobrepasada por la delincuencia, los senadores y diputados le quieren dar atribuciones a los municipios para que cierren las calles y pasajes, con la idea de que así se cautele la seguridad de aquellos que viven enfrentando esas vías. Para tal objetivo, ellos estiman que la letra c) del artículo 5º de la Ley Orgánica de Municipalidades, le entregaría atribuciones al alcalde para proceder en tal sentido. Como ello es discutible sería muy útil que el Tribunal Constitucional diga si esta fórmula privatizadora para protegernos de los malandrines no viola el derecho que tenemos para circular sin perturbación por las calles que nos pertenecen a todos.
(*) Base naval de EEUU localizada en Cuba que sirve como centro de detención.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”