La cita del G-20 en Toronto, cuya cobertura periodística se deleitó en los choques entre grupos de manifestantes y las fuerzas policiales, ha sido una nueva expresión de la dirección y la velocidad que han tomado las grandes políticas en el mundo. Un sentido impulsado por las grandes corporaciones y, especialmente, por los grandes poderes financieros, que legitima y consolida todas las medidas a favor de ellos tomadas por los estados como herramientas para salir del colapso económico que vivió el mundo hacia finales del 2008. Pero también ahonda estas medidas, y lo hace hoy de una forma que ha comenzado a generar un malestar social –con protestas masivas- no observado en las economías desarrolladas desde hace décadas.
La declaración de este grupo de poderosas naciones parece haber sido escrita por los mismos bancos beneficiados, lo que no escapa totalmente de la realidad. Porque si no obliga a nada a las entidades financieras, sí instruye a los gobiernos a recortar su déficit fiscal a la mitad para los próximos tres años. Un proceso que ya comenzó en Grecia y España, pero que se extiende por el resto de las naciones industrializadas. Hay anuncios en Gran Bretaña, Alemania, Francia, que implican disminución de los empleos públicos, jubilaciones anticipadas, abiertos recortes salariales, como en España y Grecia, y el fin de numerosos otros subsidios.
Es una aplanadora política impulsada desde el poder financiero por sobre países con una larga tradición de derechos ciudadanos y seguridad social. Las políticas que se realizaron en un país como Chile entre las décadas de los ochenta y los noventa, aquellas “reformas estructurales” dirigidas por los organismos económicos internacionales están ahora extendiéndose en Europa. Pero la reacción de los ciudadanos organizados ha sido otra: las señales que han surgido durante las últimas semanas en países de la Unión Europea es que los trabajadores y estudiantes no aceptarán estas reformas de brazos cruzados. Huelgas y movilizaciones se expanden por las capitales de Europa.
Decretar recortes salariales o impulsar millones de despidos son medidas inéditas y extremas, no observadas en la reciente historia económica. Pero tampoco lo es el discurso beligerante y amedrentador. José Durao Barroso, ex Primer Ministro de Portugal y actual Presidente de la Comisión Europea, ha advertido a los sindicatos y movimientos populares de Europa que de no aceptar los cambios, podrían instalarse dictaduras militares en España, Grecia y Portugal.
La máquina económica de las grandes corporaciones, que dicta sus condiciones a los gobiernos europeos, avanza también por nuestras latitudes. En Latinoamérica, donde en muchos países impuso esas reformas en las décadas pasadas, desde la reducción y la claudicación de los estados a la privatización de prácticamente todas las empresas públicas y a la desregulación de todos los mercados para convertirlos en monopolios, surge hoy un renovado y abierto interés por redoblar el libre y ancho acceso a la explotación de cada vez más recursos naturales. No sólo la minería, la agricultura y monocultivos, también la energía y la pesca. Sin ir muy lejos, en nuestro país tenemos proyectos extremos en todos y cada uno de esos sectores: en la minería está Pascua Lama, de Barrick Gold, aquel proyecto que prevé remover un glaciar para extraer oro; en la energía, Hidro Aysén, que busca instalar una serie de represas hidroeléctricas en la Patagonia para derivar la energía a lo largo del país y a servir las necesidades de los enclaves mineros transnacionales del norte; y en la salmonicultura, las concesiones marinas, que ha significado la última de las privatizaciones de la Concertación: la del mar.
El gran capital, que ha comenzado a dictar sus órdenes en los países europeos, tiene también nuevos intereses en Chile. Y no sólo en los recursos naturales. Una nueva vuelta de tuerca es posible en los servicios, que no son sólo el suministro de agua, electricidad o comunicaciones, sino también educación y salud.
Ya está en carpeta la venta de lo que le queda al Estado en las sanitarias (un 35 por ciento en Aguas Andinas y un 43,4 por ciento en Essbio), éstas ya privatizadas durante el gobierno de Eduardo Frei. Bajo el actual estatuto de estas empresas, la decisión del gobierno de Piñera sólo espera contar con un buen comprador. El cuerpo legal ya fue también privatizado durante los gobiernos pasados. Lo que tenemos hoy en día es un anticipo de un futuro monopólico. Porque actualmente, sólo dos empresas, Aguas Barcelona y la canadiense OTPP, controlan el 75 por ciento del “negocio” del agua potable en Chile.
El proceso de concesiones privadas desarrollado por la Concertación ha sido elogiado por figuras fundamentalistas del libre mercado como Hernán Büchi y Carlos Cáceres. El modelo, aplicado en diversas áreas, como las sanitarias, los puertos y, por cierto, las autopistas, nacionales y urbanas, tuvo su última expresión en las costas marinas, entregadas en concesión a la industria salmonera transnacional para hipotecarlas a favor de la gran banca privada, con la que mantiene una deuda de cuatro mil millones de dólares, la que equivale al 30 por ciento del patrimonio de la banca. El modelo, tan alabado por los mismos creadores en Chile del patrón neoliberal, no es otra cosa que una privatización.
Desde la instalación de las reglas del mercado el discurso de sus oficiantes ha sido claro: el sector privado es el motor de la economía, en tanto el Estado debe replegarse y realizar funciones mínimas, como lo es la asistencia de aquellos grupos de ciudadanos que quedan fuera del mercado. Es lo que ha ocurrido en Chile en todas las áreas de la producción y los servicios, con excepción de algunas unidades productivas como Codelco y Enap, y el Bancoestado en los servicios financieros. Para nadie es un misterio que la derecha y los grupos económicos tienen a estas empresas en la mira. El BancoEstado tiene aproximadamente un quinto del mercado de las colocaciones bancarias, en tanto Codelco, es el principal productor de cobre del mundo, con el 25 por ciento de la producción chilena y activos por más de 13.700 millones de dólares.
En esta línea, inaugurada por los gobiernos de la Concertación, el gran capital olfatea hoy nuevamente más negocios. Y qué mejor que nuevas vueltas de tuerca en sectores tan masivos, tan variados y básicos como la salud y la educación. Aquellas declaraciones del Jefe de la División de Educación Superior del gobierno, Juan José Ugarte, que sondeaban la intención de eliminar los aportes estatales directos del fisco a las universidades estatales apuntan a consolidar y fortalecer en esta área al sector privado. Debilitar las instituciones públicas es una estrategia clásica de las políticas del libre mercado, que busca traspasar todas las actividades económicas y también sociales al sector privado. Es un nuevo paso en el proceso de mercantilización de actividades que algún día fueron en Chile consideradas como derechos adquiridos de los ciudadanos.
El consenso en torno al modelo privado une y no separa a la Concertación y la derecha, lo que se expresó con evidencia palmaria tras la fusión de estos dos bloques ante la presión de los estudiantes secundarios, que pedían el fin de la LOCE y el regreso de la educación a la tutela del Estado. La LEGE (Ley General de Educación), bien sabemos, fue el resultado del consenso entre la entonces dupla gobierno-oposición, que elaboró y aprobó un texto a espaldas de los estudiantes para cautelar los intereses privados en la educación Básica y Media.
Bajo el modelo de las concesiones el actual gobierno intenta introducir elementos propios del sector privado en la gestión de la salud pública, lo que avanza junto a intereses para traspasar los consultorios a las municipalidades, tal como ocurre actualmente con la educación básica y media municipalizada. En una declaración pública difundida el mes pasado, la coordinadora de los gremios de la salud de la Confenats expresó su rechazo a la construcción de establecimientos hospitalarios, que entregan al sector privado unidades y servicios de apoyo clínico, supuestamente para abaratar los costos de construcción de esos edificios.
En una reciente entrevista realizada por el periodista Andrés Figueroa, el presidente de la Confenats, Roberto Alarcón, declaró: “La concesión de los hospitales es una política que se originó en la dictadura, que continuó la Concertación y que hoy profundiza Piñera. La Concertación, desde 1990 dijo que habían mejorado la salud en el país, y que duplicó el gasto presupuestario. Es cierto. Pero lo que pasa es que Pinochet invirtió apenas un 0,8 por ciento del PIB en el sector. Hoy es de 1,6 por ciento, pero la comparación es mañosa, porque en la dictadura los hospitales se caían a pedazos”. Si se compara el gasto en salud pública con un país de la OCDE, grupo al cual Chile pertenece desde este año, la diferencia es abismal: Portugal destina el 7,1 por ciento; Alemania, el 8; España, el 6,1 por ciento; Finlandia, el 6,1 y Japón el 6,7.
El mismo clima de alerta ronda a los estudiantes. La Confech (Confederación de Estudiantes de Chile), que convocó a una exitosa movilización el pasado 1 de junio, observa con bastante inquietud los nuevos aires privatizadores hacia el sector educación. Y tal como los estudiantes, la CAT (Central Autónoma de Trabajadores) también tiene convocada una manifestación este mes contra el proceso de privatizaciones, los despidos masivos y alzas en las tarifas del Transantiago.
Artículo publicado en Punto Final y Rebelión