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Esta semana se dio a conocer el resultado del proceso a que fue sometida una enfermera de un centro de salud, que se negó a atender a un enfermo grave por no residir el paciente dentro de su comuna. Aparte de ser una conducta carente de criterio y de las mínimas normas de solidaridad, esta actitud revela una mentalidad imbuida en los principios, ordenamientos y características generales de este monstruo moderno que es la burocracia.
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El Estado, como principal estructura política establece una relación de dominación entre sus dispositivos y los gobernados, es decir dominación de hombres sobre otros hombres que se impone por tener el Estado el monopolio de la violencia ya que la policía, los organismos de seguridad y el ejército, forman parte de su estructura. Pero a su vez, necesita legitimarse para contar con la obediencia de sus ciudadanos y esto se legaliza, según el sociólogo alemán Max Weber, el principal teórico de la burocracia del pasado siglo, “…en la creencia en la validez de preceptos legales y en la competencia objetiva fundada sobre normas racionalmente creadas, es decir, en la orientación a la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas; una dominación como la que ejercen el moderno servidor del Estado y todos aquellos titulares del poder que se asemejan a él”.[1]
En el logro de este objetivo la implementación y expansión de las formas burocráticas cumplen una importante función.
La burocracia opera mediante ciertos principios destinados a poner en práctica y ejecutar las atribuciones oficiales organizadas mediante leyes y ordenamientos administrativos. Las actividades para cumplir los objetivos se distribuyen rigurosamente por las autoridades encargadas de hacerlo y son consideradas como deberes oficiales. La administración del cargo moderno se basa en documentos escritos o archivos que se conservan en forma original o como proyectos, existiendo para esto, una planta de funcionarios y subalternos con diversas funciones. Estos elementos constituyen en el gobierno público la autoridad burocrática o “magistratura” y en el ámbito privado, forman parte de la “administración” burocrática es decir “el despacho” o el trabajo gerencial.
Como poder estatal esta estructura organizativa funciona bajo un principio de autoridad jerárquica de cargos, propio de las estructuras dominantes a las cuales es funcional, existiendo un sistema de subordinación, en el cual los funcionarios superiores controlan a los de menor rango. Así, un alto incremento del tipo burocrático, como se observa en las sociedades de los países tercermundistas, lleva a una organización monocrática de jerarquía de cargos.
En los estados de países desarrollados el funcionario estatal, por lo general está investido de una buena estimación social estamental en comparación al resto de los gobernados. Además, la exigencia de estudios cada vez más especializados, está vinculada a la calificación para el puesto; estos conocimientos le dan “status” dentro del rango social del funcionario. Todo esto contribuye a considerar los cargos públicos como “prebendas” para los habilitados por estudios superiores. El considerar capacidades personales e intelectuales, independientemente de este carácter en los funcionarios de confianza política ha llevado a que los cargos políticos más elevados, sobre todo los de Ministro, se llenen sin tomar en consideración dichas exigencias.
La gran contradicción de las estructuras burocráticas dada preferentemente en el sistema estatal está en la consecución de los puestos de trabajo de los funcionarios públicos. Si bien es cierto que el tipo representativo de funcionario burocrático es designado por una jerarquía superior con las características señaladas anteriormente, existe otro tipo de nombramiento de funcionarios, como producto de las elecciones y los cambios de gobiernos el cual no es exclusivamente burocrático…
Este no depende de normas legales, sino del mecanismo de funcionamiento de los partidos políticos.
Con el desarrollo de la burocratización y el crecimiento del número de cargos los militantes de los partidos los ven como una forma de aseguramiento laboral.
Para el capitalismo del siglo XX, la superioridad técnica de la organización burocrática fue siempre la razón decisiva de su progreso respecto de toda otra forma de organización. Cuando más se “deshumaniza” la burocracia, más contribuye a despejar los asuntos de factores personales, irracionales y emocionales que escapen a todo cálculo, cuestión muy aplaudida por la competitividad del mercado. Esta es su índole particular y es estimada como su virtud específica. Sólo así se ha puesto el fundamento para la administración de una ley racional, sistematizada, sobre la. base de estatutos. Además sólo la burocratización del Estado, y de la ley en general, brinda una posibilidad de separar el derecho “público” del derecho “privado”. El derecho público regula las relaciones de la autoridad pública con los gobernados el derecho privado regula las relaciones mutuas de estos. Para un sistema basado en la individualidad y en la privatización, la constitución de una burocracia controlada es de gran utilidad, no obstante la hipertrofia que esta pueda alcanzar y que, en determinados momentos, dificulten ciertos procesos mercantiles.
Una vez instaurada en su plenitud, la burocracia ha constituido una de las estructuras sociales más difíciles de destruir. Por doquiera, el Estado moderno está sometido a la burocratización; resulta impresionante el poder de una burocracia en plena expansión. El Estado burocrático significa una gran concentración de medios organizativos, por ejemplo, el control presupuestario de todos sus gastos administrativos, y el otorgamiento a las autoridades inferiores de los medios de pago ordinarios, cuya utilización es reglada y controlada por aquel. La burocratización de la administración también implica la concentración de los medios organizativos en otras esferas. como la empresa privada y el Ejército. La disciplina militar y las prácticas técnicas pudieron evolucionar en plenitud y en su alto grado actual, en gran parte producto de una administración burocratizada. Respecto de la acción administrativa propiamente, es decir, toda la actividad del Estado, existe la práctica de reivindicar la libertad de acción y el predominio de las decisiones, con el moderno concepto, de “razones de Estado”, como norma suprema y decisiva de la actuación burocrática. Las condiciones indispensables para mantener su poder en el propio Estado lleva como ensamblaje la sacralización de estas “razones”.
Analizando políticamente este moderno dispositivo, el gran Estado y el Partido de masas son el terreno clásico para la burocratización. El avance de esta en la propia administración estatal es un fenómeno ligado a los gobiernos democráticos; la burocracia va unida necesariamente a la moderna democracia de masas. Esto se explica por el requerimiento de “igualdad ante la ley” y por consiguiente, al repudio de privilegios Pero la igualdad, para los intereses burgueses, sólo se relaciona con una distribución y administración racionalmente controlable, que no sirve a las clases desposeídas. Desde su perspectiva, estas exigen que la justicia y la administración de bienes sirvan para mejorar sus oportunidades económicas y sociales de vida, cuestión ajena a las intenciones de las clases poseedoras.
A modo de conclusión es necesario remarcar y enfatizar que esta clase concentra enorme poder de dominación y que por sus características y su extensión, unida a una práctica continua, pierde con frecuencia el sentido del objetivo final que es el servir a la sociedad. Entonces en esta impersonal abstracción del trabajo centrado en órdenes y estatutos basados en el correcto funcionamiento del engranaje burocrático, no es de extrañar conductas como la de esa funcionaria de la salud para quien era más importante cumplir con el reglamento, que salvar una vida.
Finalmente, quiero terminar con esta acotación de Weber:
Licenciada en Cs, Sociales Universidad Arcis
Diplomada en Estudios griegos y Bizantinos de Universidad de Chile
[1] Weber, Max, El político y el científico, Ediciones El libertador, Buenos Aires, 2005, p. 14
[2] Weber, Max, El político y el científico, Ediciones El libertador, Buenos Aires, 2005, p. 30
