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“Operadores políticos” ha sido el apelativo que algunos en el gobierno de Sebastián Piñera les han dado a los funcionarios que en las semanas que siguieron a la asunción del mando y hasta ahora, han sido despedidos de sus trabajos.
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Lamentable como puede ser para aquellos que hoy han perdido sus trabajos y criticable como puede ser la actitud persecutoria de parte de las nuevas autoridades, es sin embargo importante señalar que en la raíz de este problema se halla una falta de la cual los propios gobiernos anteriores (de la Concertación) tienen una buena parte de responsabilidad: el hecho que en Chile no exista una bien definida carrera funcionaria pública que establezca claramente las diferencias entre los funcionarios que entran al servicio del Estado como una carrera profesional, con todas sus obligaciones y garantías (entre estas últimas su inamovilidad y derecho a promoción independientemente del gobierno de turno); claramente diferenciados de aquellos funcionarios que se entiende que son contratados para llenar cargos de la confianza del gobierno de turno (sea la confianza del presidente, de sus ministros, subsecretarios, intendentes, etc.).
Nótese que ambas estructuras de la administración del Estado son igualmente legítimas: una administración pública profesional es necesaria para garantizar un servicio eficiente a la población, en la cual la competencia o capacidad sea el criterio central para su contratación y permanencia en el puesto, sea que se trate de puestos altamente sensitivos, personal de la salud o controladores de vuelo en un aeropuerto por ejemplo, hasta aquellos cuya función sea más estrictamente asociada con la función burocrática como los que inscriben los nacimientos o defunciones. Sin importar la envergadura o trascendencia de su empleo, el funcionario del Estado debe tener un adecuado marco legal que asegure su estabilidad laboral y condiciones de trabajo.
Por otra parte, todo gobierno necesita de equipos de funcionarios que van a diseñar, articular y programar sus acciones de acuerdo a sus lineamientos políticos (ahora nos ha tocado un gobierno de Derecha y aunque no nos guste, tenemos que hacernos a la idea que sus personeros tienen el derecho a intentar implementar su programa, por supuesto otra cosa es la acción política que se pueda desarrollar en el parlamento, pero en especial en la calle, los sindicatos, la base social misma, en oposición a aquellas políticas que se consideren nocivas, esto último es también parte del juego democrático). Naturalmente esos equipos de funcionarios (a veces llamados asesores, consejeros u otros apelativos) sí son removibles una vez terminado el gobierno que los contrató o – como también sucede – una vez terminada la confianza que el jefe que los contrató depositó en ellos.
Faltando en Chile una clara distinción conceptual entre estos dos niveles de la función pública, se puede decir que lo que existe entonces es una situación de ambivalencia en la cual – lamentablemente – los únicos perdedores van a ser aquellos funcionarios, la mayor parte profesionales, que tocó la mala suerte que fueron contratados en un marco legal ambiguo y que por lo tanto han quedado expuestos a ser despedidos por motivos básicamente políticos: haber sido contratados por el previo gobierno y por lo tanto ser vistos con desconfianza por los nuevos ocupantes ministeriales o simplemente ser obstáculos presupuestarios para la contratación de nuevo personal más afín a los nuevos administradores del Estado.
En todo esto hay que admitir entonces que también ha habido falta de los previos gobiernos concertacionistas para los cuales – al parecer – el establecimiento de una bien reglamentada carrera funcionaria no fue una prioridad. Esto porque a cualquier gobierno de turno el mantener una cierta ambivalencia respecto del carácter de la función pública puede jugar a su favor en ciertos casos también, ya que le da la posibilidad de utilizar cierta flexibilidad o manga ancha en contrataciones de gente cuya descripción de trabajo puede no coincidir con la función que efectivamente desempeñan. En los hechos un desorden administrativo si se quiere, pero una práctica útil cuando hay que contratar gente.
Naturalmente el establecimiento de un claro estatuto de la administración pública se advierte ahora como una necesidad principalmente por parte de quienes han perdido sus trabajos y por quienes poco se puede hacer ahora, dada la ambigüedad existente respecto de muchos de sus casos, pero no es para nada claro que llenar ese vacío forme parte de las prioridades políticas del gobierno o incluso de la propia oposición, aunque sean miembros o simpatizantes de sus partidos los que en estos momentos sufran los efectos de los despidos. Una de las razones para no tener mucho interés en precisar límites entre nombramientos políticos y profesionales es que de por sí se trata de una tarea muy complicada desde un punto de vista técnico lo que puede resultar en el traslado del péndulo al otro extremo, esto es, dar un excesivo poder a la burocracia del Estado en desmedro de las autoridades políticas, como ha sido el modelo anglosajón magistralmente ironizado en el programa televisivo británico Yes Minister, producido por la BBC en los años 80 y en el que se mostraba a un novicio e inexperto político (el Ministro James Hacker, interpretado por Paul Eddington) enfrentado a su jefe de gabinete, un astuto y experimentado veterano del Civil Service, la administración pública británica (Sir Humphrey Appleby, interpretado por Nigel Hawthorne). El cinismo del jefe de la burocracia se reflejaba en muchas de sus famosas frases que aun hoy resuenan excitantes para los burócratas con poder en cualquier parte del mundo: “La Oposición no es realmente la oposición. Ella es solo el gobierno en el exilio. La administración pública es la oposición residente”. Los consejos del veterano burócrata a otros administradores en sus sesiones de adiestramiento eran también clásicos: “Si Uds. no están conformes con las decisiones del Ministro no hay necesidad de discutir con él. Acéptenlas entusiastamente y entonces sugiéranle que los deje a Uds. trabajar los detalles de su implementación”. Pero como el rol de la administración pública es – al menos en teoría – apoyar el trabajo de sus jefes políticos, el jefe de la burocracia también daba sus consejos al Ministro: “Los problemas resueltos no son noticia. Hay que decir la historia a la prensa en dos mitades: primero el problema y después la solución, más tarde; de esa manera se tiene una historia de desastre el primer día y un triunfo el segundo”. Por supuesto el burócrata se reservaba para sí mismo sus verdaderas aprensiones sobre sus colegas administradores: “Hay que evitar a toda costa que los políticos establezcan el principio que los funcionarios públicos de alto rango pudieran ser removidos por incompetencia. Perderíamos a docenas de los nuestros. Cientos quizás. Incluso miles…”
Viviendo en Canadá, que como Gran Bretaña ha adoptado también un modelo en el cual la burocracia, tanto federal como provincial, tiene mucho poder, en muchos casos opacando o incluso contradiciendo a las autoridades electas, debo decir de inmediato que tal modelo no es bueno tampoco, ya que entrega mucho poder de decisión a individuos que no tienen que responder ante la gente, como las autoridades elegidas por voto popular, lo que genera de hecho una situación poco democrática. Por otro lado es evidente que en muchos casos es necesario que una decisión tenga que tomarse considerando tanto factores políticos como técnicos, por lo que fijar parámetro claros es imprescindible, aunque complicado, y en todo esto debe tenerse presente una adecuada transparencia (aunque el burócrata de la serie británica sobre esto también tenía un cínico comentario que hacer: “La gente no necesita saber Señor Ministro, eso sólo la haría cómplice de las malas decisiones. La ignorancia tiene su dignidad…”)
Para ejemplificar con un caso relativamente sencillo, la asignación de casas en un programa de vivienda social debe ser hecha por funcionarios profesionales sobre la base de criterios objetivos (puntajes) y de público conocimiento de manera de evitar abusos de que fulano obtuvo su casa porque conoce a alguien cercano al ministro o porque trabajó en la campaña del diputado tal; la decisión de dónde construir tales viviendas necesita tener en consideración factores políticos (prioridades fijadas por la autoridad gubernamental) pero también factores técnicos (¿es conveniente densificar un determinado sector urbano? ¿hay suficiente infraestructura: red de agua potable, electricidad, alcantarillado, transporte público en ese sector? si no lo hay ¿cuál sería el costo de instalarla? etc.); por último, las decisiones de política general corresponden a las autoridades políticas: ¿habrá una política de vivienda social o no? ¿le corresponderá al Estado un rol en ella o todo estará en manos del mercado? etc.
El temor central por cierto es el de los abusos que se pueden cometer y cómo evitarlos. Naturalmente no hay fórmulas mágicas para esto. Los despidos arbitrarios ocurren incluso en países que supuestamente tienen salvaguardias para evitarlos (recientemente aquí en Canadá quien fuera jefe de la empresa estatal de ferrocarriles ganó un juicio por haber sido injustamente despedido a comienzos de la década de los 2000), pero un adecuado sistema de balances entre la parte política y la técnico-profesional de la administración pública es un requisito importante para la modernización del estado chileno. Y para impedir abusos como los que el actual gobierno estaría cometiendo en los despidos efectuados en varios ministerios, aunque hay que decir que despidos arbitrarios también sucedieron en la administración anterior: un concuñado mío que fue directivo de un organismo gubernamental, seleccionado por concurso de antecedentes, fue intempestivamente removido por un intendente cuando asignó contratos a gente que no eran de la lista de los preferidos del intendente en cuestión…
Un adecuado sistema de selección de ciertos puestos es también necesario ya que de paso, eso daría más credibilidad a la gente contratada para los altos niveles de la administración pública. Lo que no siempre ocurre ahora.
Esto evitaría que incluso en el presente caso de los despedidos hubiera una actitud ambivalente, motivo por el cual es difícil hacer una movilización exitosa a favor de los despedidos, por justas que en la mayoría de los casos sean sus protestas. Lo que sucede es que en gran parte de la población en general e incluso de la militancia de los partidos opositores existe la percepción que muchos de los que son contratados por el gobierno de turno, cualquiera que este sea, son lo que popularmente se conoce como “apitutados”. No me refiero aquí a funcionarios en las categorías más bajas de la administración pública pero al mismo tiempo con funciones más específicas, sino de muchos en esas categorías no muy definidas, con descripción de tareas a veces muy distintas de las que efectivamente cumplen, que tengo la impresión es el caso en unos cuantos de los despedidos.
Lo que finalmente me lleva a concluir que, lamentablemente por los despedidos, no es mucho lo que se podrá hacer por ellos, en gran parte por la ambivalencia con que los gobiernos anteriores (y muy probablemente el actual también) han abordado el tema de la administración pública. A lo que naturalmente habrá que agregar que en el grueso de la población su causa no sea prioritaria, aunque por cierto estoy claro que la mayoría de los despedidos no se trata de simples “apitutados”, pero lamentablemente cuando no hay claridad en el contexto en que uno se inserta (ese brumoso mundo de la administración pública), es muy habitual que justos paguen por pecadores. Eso sin olvidar que el nuevo gobierno tiene un hacha que afilar en esto también, entre otras cosas hacer lugar para sus propios “apitutados”.