La sesión especial realizada en la tarde de este miércoles fue solicitada por las bancadas de la oposición para que el Gobierno informara y diera los fundamentos de las “exoneraciones masivas de funcionarios públicos” que se han producido en las últimas semanas, particularmente en el Ministerio de Educación.
La Presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, debió pedir repetidamente silencio al público para mantener el orden en la sesión y garantizar que los parlamentarios pudieran hacer uso de la palabra.
El ministro Joaquín Lavín señaló que el país necesita un ministerio de Educación mucho más moderno y a la altura del desafío que representa manejar un presupuesto de 9 mil millones de dólares, enfatizando que “lo que corresponde a un ministro y un gobierno es ser muy cuidadosos en el uso de los recursos públicos porque son platas de todos los chilenos”.
“Aquí (en el Mineduc) hay despilfarro y eso no puede seguir; la plata tiene que ir a los colegios y a los niños; hay que gastar menos en burocracia y más en los colegios”, indicó.
El secretario de Estado enfatizó que las desvinculaciones ocurridas en su cartera se deben a que hay duplicidad de funciones, programas mal evaluados y despilfarro, ejemplificando tales situaciones en el hecho de que había más de 130 abogados, más de 60 periodistas y 425 viajes al extranjero realizados el año pasado.
Tras precisar que son 466 los funcionarios despedidos y que más del 90 por ciento del personal va a seguir, Lavín aseguró que “lo que queremos es que haya profesionalización y excelencia; aquí no hay absolutamente nada político”. Especificó que entre los despedidos hay funcionarios que votaron por el Presidente Piñera y el ex candidato Frei e incluso aseguró que personas que participaron en actividades de proselitismo de la Concertación durante la campaña siguen trabajando en el ministerio.
El diputado Rodrigo González (PPD) recordó que el Presidente Piñera prometió a los funcionarios públicos en la pasada campaña que no habría despidos y recalcó que ahora se exonera a los trabajadores sólo por razones políticas y sin que medie justificación disciplinaria ni evaluación de desempeño. “Estos despidos buscan desmantelar el principal instrumento que tiene el estado para ejercer su rol rector en educación y van dirigidos a pulverizar la educación pública”, afirmó.
El diputado Gabriel Silber (DC) habló de una “política de persecución y despidos en el Mineduc que atenta contra el estado de derecho”, agregando que “este no es un tema legal ni estatutario sino un tema ético y moral respecto a como se gobierna en democracia”. Anunció además la presentación este jueves de una acusación constitucional contra la intendenta de Atacama por indagar la militancia de los funcionarios públicos y opinó que “no hemos visto al contralor en una actitud diligente respecto de esta materia”.
El diputado Gustavo Hasbún (
UDI) acusó a los parlamentarios opositores de “estar más preocupados de asegurar el trabajo de sus operadores políticos que por mejorar la calidad de la educación del país” y subrayó que “los ministerios no son agencias de empleo ni un premio para la solidaridad y el trabajo político de operadores de los dirigentes de la Concertación”.