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Para quiénes somos católicos es particularmente doloroso el escándalo dado por la Iglesia, con ocasión del manejo que ha hecho su jerarquía de los múltiples casos de pederastia en que se han visto involucrados un número importante de sacerdotes y obispos de ella.
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Además que lo más censurable del caso no ha sido la existencia de numerosos religiosos que han incurrido en esos graves delitos, sino la actitud de virtual encubrimiento de ellos efectuada por la jerarquía eclesiástica durante décadas.
La clave pareciera estar en el célebre y feliz aserto del intelectual católico inglés Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. En efecto, el carácter absolutista y vertical de la estructuración del poder que todavía tiene la Iglesia Católica es lo que ha permitido la existencia de aquel encubrimiento. La propia historia de la Iglesia nos corrobora la validez de tal aserto. Nunca hubo más corrupción en su jerarquía que en el medioevo; cuando precisamente el poder político-religioso de ella estuvo en su cenit. Por otro lado, no hay duda que la pérdida de los Estados Pontificios (1870) y la progresiva separación de la Iglesia y del Estado en los países tradicionalmente católicos, han tenido un positivo efecto purificador sobre ella. Así, desde un Papado que anatematizaba la propia idea de los derechos humanos y que oprimía políticamente a una importante región de Italia, utilizando incluso a la Inquisición para tales efectos; en menos de un siglo se llegó a una Iglesia que –a través del Concilio Vaticano II- proclamó la primacía de la fraternidad universal por sobre la propia fe y que hizo suyo el concepto de derechos humanos fundamentales.
Desgraciadamente, aquellos cambios doctrinarios aportados por el Concilio Vaticano II –que, en definitiva, significaron una vuelta al auténtico espíritu evangélico- no se extendieron a una democratización de sus estructuras. De este modo, la pervivencia del absolutismo y del secretismo de las estructuras eclesiásticas hizo posible que se “manejaran” las múltiples denuncias de pederastia sacerdotales, sin que se sancionara debidamente a sus responsables ni se reparara a las víctimas; y en el marco del desconocimiento total de ellas por parte de la generalidad de los laicos y del conjunto de la sociedad. Así, muchas denuncias simplemente se desechaban y las que se investigaban se hacían secretamente, terminando por lo general en “sanciones” a los autores de los crímenes pederastas consistente en su traslado a otros ámbitos pastorales, con lo que ¡se extendía su pernicioso accionar delictivo! Sin duda que el caso más patético ha sido el de Marcial Maciel -fundador de una congregación religiosa- cuya delictiva acción se mantuvo por décadas, pese a muchísimas denuncias en tal sentido efectuadas ante el propio Vaticano.
Finalmente, Benedicto XVI le está tomando el debido peso a esta verdadera catástrofe moral y religiosa; instando a terminar claramente con las políticas de encubrimiento y estimulando que las denuncias de pederastia se efectúen también ante los tribunales de justicia de cada país. Sin embargo, el daño que la propia Iglesia se ha hecho a sí misma ha sido tan grande –como lo reconoció también el Papa, en una sobrecogedora mención al tercer mensaje de la Virgen de Fátima- que se imponen transformaciones profundas orientadas a la democratización y transparencia de aquella.
Una de las conductas imprescindibles en este sentido –que demuestren que la jerarquía eclesiástica está yendo más allá de las palabras- será ciertamente la publicación de los instructivos históricos que la Iglesia ordenó a los sacerdotes y obispos respecto de cómo abordar las denuncias de pederastia sacerdotales. Ha habido diversas versiones periodísticas no desmentidas –y que son congruentes con las actitudes de la jerarquía- que hablan de instructivos para manejar aquello en total y absoluto secreto decretados en el siglo XVIII; y otras originadas durante el pontificado de Juan XXIII. Otra conducta fundamental de transparencia sería abrir los archivos eclesiásticos para que todo el mundo pueda conocer las denuncias, procesos y sanciones efectuados en la materia, con la obvia discreción respecto de la identificación de los niños y niñas víctimas, para no añadir un nuevo sufrimiento a su calvario. Por muy duro que sea para los católicos conocer estas realidades, mucho peor será para la Iglesia que aquellas permanezcan en un ocultamiento vergonzoso. No es bueno el temor a la verdad. Jesús nos dice que ella nos hará libres. (Juan; 8, 32)