Madrid.- Entonando consignas que parecían olvidadas como el no pasarán, los principales sindicatos españoles celebraron hoy un multitudinario acto de apoyo al juez Baltasar Garzón en la Universidad Complutense de Madrid, en el cual cuestionaron su eventual procesamiento por el presunto delito de prevaricación al intentar investigar los crímenes de la dictadura de Francisco Franco (1936-1975).
En el acto, al que asistieron representantes de las víctimas y familiares de la represión franquista, intelectuales, escritores, políticos y estudiantes, e incluso una delegación de las Abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina, los presentes cuestionaron no sólo el procesamiento a Garzón, sino que criticaron lo que, a su juicio, hay detrás de este intento de apartar de la carrera judicial al único magistrado español que se atrevió a investigar los delitos de la dictadura, entre ellos el de genocidio, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos.
Todos los asistentes son la punta de lanza de una movilización en ciernes en la que vuelven a florecer consignas que parecían olvidadas: las críticas a una transición a la democracia que se hizo bajo el yugo de los estamentos franquistas, y la tarea pendiente de democratizar el aparato judicial español.
Asimismo, cuestionar la legitimidad de la Ley de Amnistía de 1978 para algunos de los delitos todavía sin juzgar, como el secuestro de miles de niños por el mero hecho de haber sido gestados por padres republicanos y las decenas de miles de personas que permanecen desaparecidas, enterradas en las miles de fosas comunes dispersas en territorio español.
Una de las personalidades que tomó la palabra para expresar el malestar fue el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, reputado académico ya jubilado de su responsabilidad pública, para quien la admisión de la querella es una falta de respeto a las víctimas del franquismo e instrumento para favorecer la actual expresión del fascismo español.
Esto porque, dijo, los mismos que pretenden juzgar a Garzón son los mismos magistrados que formaron parte del Tribunal de Orden Público del franquismo y, por tanto, son cómplices de torturas hasta el último día del régimen fascista.
La querella, admitida por el Tribunal Supremo, la presentaron organizaciones abiertamente vinculadas al franquismo, como Falange y el sindicato ultraderechista Manos Limpias.
El ex fiscal también coincidió en que esta causa también fue impulsada desde el anonimato por el derechista Partido Popular (PP), sobre todo por las acciones legales de Garzón para investigar las decenas de casos de corrupción, abuso de poder y robo que se han destapado en el caso Gürtel, que afecta sobre todo a la época del gobierno de José María Aznar y que incluye varias comunidades autónomas.
En Argentina, por otra parte, familiares de víctimas del franquismo anunciaron que presentarán una demanda judicial en su país, amparados en la jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad.