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La prensa ha publicado un gran número de análisis y reflexiones dedicados al sufrimiento humano y a los grandes problemas sociales y económicos producidos por el terremoto y el maremoto que asolara recientemente a un importante segmento de la geografía y de la población chilena.
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Estas reflexiones se han concentrado, como era de esperar dado la urgencia de estos problemas, en la exploración y la definición de las sorprendentes y claras limitaciones del Estado y de la sociedad chilena, primero para prevenir, y luego para resolver de manera inmediata, humanitaria y eficaz, los agudos problemas derivados de esta catástrofe sísmica. Como lo han señalado varios cronistas las insuficiencias del Estado y las de la sociedad para enfrentar a estos problemas, siempre presentes en la historia de Chile, se deben a una multitud de factores que abarcan prácticamente el completo espectro de las actividades humanas. Y que van desde la falta de participación ciudadana en las decisiones de los gobiernos locales y regionales y el gobierno nacional, la distribución asombrosamente desigual del ingreso en la población con su agregada precariedad en la calidad de la vivienda, de la educación y de la salud para la mayoría, y la falta de planificación por parte del Estado y sus instituciones para enfrentar estos nocivos fenómenos naturales de prácticamente cuotidiana ocurrencia.
La mortífera e ignominiosa insolvencia demostrada por el Estado para prevenir los resultados perjudiciales de estos fenómenos sísmicos, y una vez producidos para aminorar sus efectos, y que hace escarnio de la manida y farsante frase propagandística “En Chile las instituciones funcionan”, es a mi modo de ver el resultado de un hecho más general, extenso y pernicioso para el desarrollo del país que merece también un análisis serio. Esta contingencia, que abarca la mayor parte de las actividades y de los quehaceres humanos en Chile, es la sorprendente, primitiva, e inexcusable ineptitud de las organizaciones del Estado y de sus representantes para manejar los fenómenos de la realidad material con los conceptos de la ciencia y de la tecnología moderna. En los días siguientes al reciente terremoto el rector de la Universidad de Chile, Don Víctor Pérez, declaraba a la prensa con razonable y ponderada indignación que los requerimientos de la Universidad de Chile a diversas instancias gubernamentales por mas de 20 años para crear una red sísmica que permita mejorar la predicción de estos fenómenos naturales y crear las instancias para paliar de manera adecuada sus efectos, se habían estrellado por mucho tiempo contra los oídos sordos de diferentes gobiernos y del Ministerio de Hacienda. Es pasmoso que en un país que se dice moderno y democrático, el Ministerio de Hacienda tenga la facultad para decidir de manera arbitraria y absoluta, sobre un problema de política pública con bases científicas y que afecta de manera negativa la vida y la propiedad de millones de chilenos. Ignorándose caprichosamente en este proceso la opinión sólida, técnica y basada en datos irrefutables, de los reconocidos expertos mundiales de la Universidad de Chile en estas materias.
En mi opinión, esto indica las limitaciones serias que experimenta el ejercicio democrático en Chile, ya que uno debiera preguntarse donde estaba el rol fiscalizador de los gobiernos regionales y del Parlamento, que en su calidad de representantes políticos de la población y de sus intereses, debieran ser los llamados a modificar estas miopes, ignorantes y torpes decisiones elaboradas por miembros del Ejecutivo. Esto además revela, como lo señalara el Sr. Rector, que en Chile la ciencia y la técnica necesaria para la implementación de políticas públicas resultantes en el bienestar de la población, son desconocidas, minimizadas y sacrificadas por razones subalternas y de utilitarios y cortoplacistas objetivos económicos, por burócratas que carecen del conocimiento necesario para evaluarlas de manera adecuada y seria. Los trabajos publicados por los científicos de la U. de Chile, profesores Campos, Barrientos y otros y sus colaboradores extranjeros desde fines de la década de los 90, establecían con claridad meridiana que en la región entre Constitución y Concepción se estaban generando las condiciones físicas para que ocurriera un gran terremoto de aproximadamente 8.0 a 8.8 en la escala Richter como acaba de suceder. Si bien es cierto, que la predicción de terremotos a corto plazo (días, semanas, meses) aún presenta importantes limitaciones, la predicción a largo plazo (años) de ellos parece ser relativamente adecuada. Esto estaría demostrado por el trabajo de los autores chilenos discutido arriba y por el trabajo reciente del profesor estadounidense Eric Calais y sus colaboradores, quienes usando métodos similares a los usados en Chile, fueron capaces de predecir el terremoto que recién acaba de ocurrir en Haití, en un trabajo publicado el año 2008. Pareciera claro, como lo dice el Sr. Rector, que en el país más sísmico del mundo como lo es Chile, aún la proyección a largo plazo de un gran terremoto como el del eje Constitución-Concepción, debiera haber estimulado por parte de los organismos del Estado incluyendo el Parlamento, el diseño de planes y el comienzo de su implementación, con el objetivo de mitigar de manera eficiente las potenciales pérdidas de vida y de la propiedad que este produciría. Planes de esta naturaleza existen en otras regiones sísmicas del mundo como California, Japón, Rusia y Rumania.
La inhabilidad del Estado chileno en el manejo de la ciencia y de la técnica modernas como soportes de políticas públicas envueltas en asegurar el bienestar de la población es además manifestada en innumerables otros ejemplos. En el fiasco dilatado del Transantiago, en el colapso sanitario y económico de la salmonicultura aún sin solución, en la cuasi destrucción de los géiseres del Tatio, en la persistente contaminación química del aire de las grandes ciudades, en la limitada capacidad para controlar enfermedades epidémicas como las producidas por vibrios y virus Hanta, en la irresponsable promoción de la energía atómica, en la falta de planes para enfrentar el cambio climático, en la inhabilidad para controlar la calidad de drogas y de productos farmacéuticos, y en la incapacidad de regular de manera racional el empleo de los recursos naturales. A pesar de que esta primitiva y arcaica situación tiene una compleja historia es imposible en el corto espacio de este artículo analizar todas sus causas y sus ramificaciones. Sin duda, la historia de la brecha y del divorcio que existe entre la ciencia y la tecnología y su uso por el Estado chileno, podría comenzarse con el asedio inhumano por diversos medios de los científicos y de sus actividades, y con el desmantelamiento de las Universidades y de sus departamentos e institutos de ciencias, comenzada tan efectivamente por la dictadura militar el año 1973. Política de Estado que continuara de manera incesante y consumada hasta el año 1990. Si a esto agregamos la inclemente y brutal purga política realizada por el mismo gobierno de los organismos del Estado cuyas actividades necesitaban de la actividad científica y tecnológica, puede entenderse el retroceso importante del desarrollo de estas actividades en Chile. La atmósfera de terror creada por las políticas de la dictadura militar, y la miniaturización del Estado por ella propiciada, inhibió además el florecimiento del espíritu crítico y de la libertad, tan necesaria para el libre juego democrático entre las disciplinas científicas, las actividades políticas y el Estado.
Estas políticas también generaron una prescindencia importante del uso del papel crítico de la ciencia y de la tecnología para analizar la realidad, y para solucionar los problemas presentes en ella. Reemplazándose parcialmente su uso con una mezcla de represión, de ignorancia deliberada de los problemas y por último de relaciones públicas, que los hacía desaparecer sin solucionarlos. Desgraciadamente el advenimiento de la democracia el año 1990 fracasó en producir los cambios drásticos que uno hubiese esperado de gobiernos con una civilizada y democrática visión de futuro, y los cuales se habrían necesitado para mitigar y remediar de manera importante esta desmedrada y desastrosa situación. Después de 20 años aún nos encontramos, como la señala meridianamente el Sr. Rector, con una situación en la cual carecemos de la institucionalidad y de los mecanismos para fundamentar las políticas públicas en bases científicas y tecnológicas, que el bienestar de la población y el futuro del país merecen. En vez de introducir al análisis diario de la realidad, del accionar del Estado y de la política, los universales conceptos de la cultura científica y de la técnica moderna, de factualidad, de racionalidad, de veracidad y de verificabilidad, se continúa gobernando con políticas preferentemente basadas en las relaciones públicas, las encuestas, la propaganda y la publicidad. Como desafortunada y fatalmente las ineficiencias del aparato gobierno y del Estado ante este último terremoto parecieran palmariamente demostrarlo.
La continuación de esta forma de gobernar pareciera contener las semillas de la ruina política de los grupos que la sustentan, ya que como dijera el famoso Premio Nobel de Física estadounidense Richard Feynman “La realidad debe colocarse antes que las relaciones públicas, ya que la naturaleza no puede ser engañada”. Es en este contexto que uno puede imaginar que si la coalición gobernante en los últimos 20 años hubiese escuchado temprana, atenta y sensatamente a los científicos chilenos de diversas disciplinas respecto de sus predicciones del reciente terremoto y maremoto, se pudieron en parte haber temperado sus inmensas y letales consecuencias. Al mismo tiempo, se podrían haber morigerado la evolución en curso de las razonables y negativas repercusiones para el prestigio de la coalición y para su futuro político. La visita de la jefe de Estado a Haití, en días previos al terremoto chileno, para demostrar adecuadamente su solidaridad y simpatía con las victimas del terremoto en ese país, tampoco habría adquirido la connotación de un embarazoso traspié de relaciones públicas. Esto, por la insuficiente preparación de su gobierno y del Estado, frente al terremoto que asolaría a Chile unos días más tarde, y que similarmente al haitiano, había sido previsto con bastante anticipación por los científicos nacionales y a los cuales el Estado chileno prestara oídos sordos insensatamente.
La mortífera e ignominiosa insolvencia demostrada por el Estado para prevenir los resultados perjudiciales de estos fenómenos sísmicos, y una vez producidos para aminorar sus efectos, y que hace escarnio de la manida y farsante frase propagandística “En Chile las instituciones funcionan”, es a mi modo de ver el resultado de un hecho más general, extenso y pernicioso para el desarrollo del país que merece también un análisis serio. Esta contingencia, que abarca la mayor parte de las actividades y de los quehaceres humanos en Chile, es la sorprendente, primitiva, e inexcusable ineptitud de las organizaciones del Estado y de sus representantes para manejar los fenómenos de la realidad material con los conceptos de la ciencia y de la tecnología moderna. En los días siguientes al reciente terremoto el rector de la Universidad de Chile, Don Víctor Pérez, declaraba a la prensa con razonable y ponderada indignación que los requerimientos de la Universidad de Chile a diversas instancias gubernamentales por mas de 20 años para crear una red sísmica que permita mejorar la predicción de estos fenómenos naturales y crear las instancias para paliar de manera adecuada sus efectos, se habían estrellado por mucho tiempo contra los oídos sordos de diferentes gobiernos y del Ministerio de Hacienda. Es pasmoso que en un país que se dice moderno y democrático, el Ministerio de Hacienda tenga la facultad para decidir de manera arbitraria y absoluta, sobre un problema de política pública con bases científicas y que afecta de manera negativa la vida y la propiedad de millones de chilenos. Ignorándose caprichosamente en este proceso la opinión sólida, técnica y basada en datos irrefutables, de los reconocidos expertos mundiales de la Universidad de Chile en estas materias.
En mi opinión, esto indica las limitaciones serias que experimenta el ejercicio democrático en Chile, ya que uno debiera preguntarse donde estaba el rol fiscalizador de los gobiernos regionales y del Parlamento, que en su calidad de representantes políticos de la población y de sus intereses, debieran ser los llamados a modificar estas miopes, ignorantes y torpes decisiones elaboradas por miembros del Ejecutivo. Esto además revela, como lo señalara el Sr. Rector, que en Chile la ciencia y la técnica necesaria para la implementación de políticas públicas resultantes en el bienestar de la población, son desconocidas, minimizadas y sacrificadas por razones subalternas y de utilitarios y cortoplacistas objetivos económicos, por burócratas que carecen del conocimiento necesario para evaluarlas de manera adecuada y seria. Los trabajos publicados por los científicos de la U. de Chile, profesores Campos, Barrientos y otros y sus colaboradores extranjeros desde fines de la década de los 90, establecían con claridad meridiana que en la región entre Constitución y Concepción se estaban generando las condiciones físicas para que ocurriera un gran terremoto de aproximadamente 8.0 a 8.8 en la escala Richter como acaba de suceder. Si bien es cierto, que la predicción de terremotos a corto plazo (días, semanas, meses) aún presenta importantes limitaciones, la predicción a largo plazo (años) de ellos parece ser relativamente adecuada. Esto estaría demostrado por el trabajo de los autores chilenos discutido arriba y por el trabajo reciente del profesor estadounidense Eric Calais y sus colaboradores, quienes usando métodos similares a los usados en Chile, fueron capaces de predecir el terremoto que recién acaba de ocurrir en Haití, en un trabajo publicado el año 2008. Pareciera claro, como lo dice el Sr. Rector, que en el país más sísmico del mundo como lo es Chile, aún la proyección a largo plazo de un gran terremoto como el del eje Constitución-Concepción, debiera haber estimulado por parte de los organismos del Estado incluyendo el Parlamento, el diseño de planes y el comienzo de su implementación, con el objetivo de mitigar de manera eficiente las potenciales pérdidas de vida y de la propiedad que este produciría. Planes de esta naturaleza existen en otras regiones sísmicas del mundo como California, Japón, Rusia y Rumania.
La inhabilidad del Estado chileno en el manejo de la ciencia y de la técnica modernas como soportes de políticas públicas envueltas en asegurar el bienestar de la población es además manifestada en innumerables otros ejemplos. En el fiasco dilatado del Transantiago, en el colapso sanitario y económico de la salmonicultura aún sin solución, en la cuasi destrucción de los géiseres del Tatio, en la persistente contaminación química del aire de las grandes ciudades, en la limitada capacidad para controlar enfermedades epidémicas como las producidas por vibrios y virus Hanta, en la irresponsable promoción de la energía atómica, en la falta de planes para enfrentar el cambio climático, en la inhabilidad para controlar la calidad de drogas y de productos farmacéuticos, y en la incapacidad de regular de manera racional el empleo de los recursos naturales. A pesar de que esta primitiva y arcaica situación tiene una compleja historia es imposible en el corto espacio de este artículo analizar todas sus causas y sus ramificaciones. Sin duda, la historia de la brecha y del divorcio que existe entre la ciencia y la tecnología y su uso por el Estado chileno, podría comenzarse con el asedio inhumano por diversos medios de los científicos y de sus actividades, y con el desmantelamiento de las Universidades y de sus departamentos e institutos de ciencias, comenzada tan efectivamente por la dictadura militar el año 1973. Política de Estado que continuara de manera incesante y consumada hasta el año 1990. Si a esto agregamos la inclemente y brutal purga política realizada por el mismo gobierno de los organismos del Estado cuyas actividades necesitaban de la actividad científica y tecnológica, puede entenderse el retroceso importante del desarrollo de estas actividades en Chile. La atmósfera de terror creada por las políticas de la dictadura militar, y la miniaturización del Estado por ella propiciada, inhibió además el florecimiento del espíritu crítico y de la libertad, tan necesaria para el libre juego democrático entre las disciplinas científicas, las actividades políticas y el Estado.
Estas políticas también generaron una prescindencia importante del uso del papel crítico de la ciencia y de la tecnología para analizar la realidad, y para solucionar los problemas presentes en ella. Reemplazándose parcialmente su uso con una mezcla de represión, de ignorancia deliberada de los problemas y por último de relaciones públicas, que los hacía desaparecer sin solucionarlos. Desgraciadamente el advenimiento de la democracia el año 1990 fracasó en producir los cambios drásticos que uno hubiese esperado de gobiernos con una civilizada y democrática visión de futuro, y los cuales se habrían necesitado para mitigar y remediar de manera importante esta desmedrada y desastrosa situación. Después de 20 años aún nos encontramos, como la señala meridianamente el Sr. Rector, con una situación en la cual carecemos de la institucionalidad y de los mecanismos para fundamentar las políticas públicas en bases científicas y tecnológicas, que el bienestar de la población y el futuro del país merecen. En vez de introducir al análisis diario de la realidad, del accionar del Estado y de la política, los universales conceptos de la cultura científica y de la técnica moderna, de factualidad, de racionalidad, de veracidad y de verificabilidad, se continúa gobernando con políticas preferentemente basadas en las relaciones públicas, las encuestas, la propaganda y la publicidad. Como desafortunada y fatalmente las ineficiencias del aparato gobierno y del Estado ante este último terremoto parecieran palmariamente demostrarlo.
La continuación de esta forma de gobernar pareciera contener las semillas de la ruina política de los grupos que la sustentan, ya que como dijera el famoso Premio Nobel de Física estadounidense Richard Feynman “La realidad debe colocarse antes que las relaciones públicas, ya que la naturaleza no puede ser engañada”. Es en este contexto que uno puede imaginar que si la coalición gobernante en los últimos 20 años hubiese escuchado temprana, atenta y sensatamente a los científicos chilenos de diversas disciplinas respecto de sus predicciones del reciente terremoto y maremoto, se pudieron en parte haber temperado sus inmensas y letales consecuencias. Al mismo tiempo, se podrían haber morigerado la evolución en curso de las razonables y negativas repercusiones para el prestigio de la coalición y para su futuro político. La visita de la jefe de Estado a Haití, en días previos al terremoto chileno, para demostrar adecuadamente su solidaridad y simpatía con las victimas del terremoto en ese país, tampoco habría adquirido la connotación de un embarazoso traspié de relaciones públicas. Esto, por la insuficiente preparación de su gobierno y del Estado, frente al terremoto que asolaría a Chile unos días más tarde, y que similarmente al haitiano, había sido previsto con bastante anticipación por los científicos nacionales y a los cuales el Estado chileno prestara oídos sordos insensatamente.
Situaciones críticas como la que atravesamos actualmente, y el advenimiento de un nuevo gobierno, parecerían constituir la situación ideal y la gran oportunidad, para esperar con optimismo que las situaciones descritas en los párrafos precedentes sean de alguna manera corregidas y mejoradas. Sin embargo, esta esperanza y este entusiasmo debe ser atenuado, por el conocimiento de que algunos de los elementos importantes del nuevo gobierno fueron los que apoyaron de manera incondicional el intensivo, innecesario y delirante asalto de la dictadura militar en contra de la ciencia, la tecnología, los científicos y las universidades en Chile. Atenuado optimismo debiera también manifestarse porque en California, al igual que Chile un territorio sísmico por excelencia, hace más de 90 años atrás la comunidad empresarial (propiedades, construcción y seguros), y los periódicos ligados a ella, fueron capaces de parcialmente arruinar con calumnias la carrera del profesor de geología de la Universidad de Stanford, ingeniero Bailey Willis, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. y uno de los sismologos más brillantes de su época. El pecado del profesor Willis fue el haber comenzado a llamar la atención sobre el riesgo de los terremotos y sobre la necesidad de tener sólidos controles y regulaciones de la urbanización y de la construcción, para evitar la pérdida de vidas humanas y el daño que ellos producen. Esperemos que ahora no aparezcan en Chile, empresarios como algunos de California de esa época diciendo “Si los científicos continúan con su conversación alarmante acerca del peligro de los terremotos, yo me encargaré de pararles todos sus jueguitos sismológicos”