Royalty minero: ¿soberanos o valets de las multinacionales?

Las leyes actuales votadas en el régimen binominal favorecen la irresponsabilidad de las empresas mineras y la depredación constante e irreversible de los recursos naturales del país.

En una nación de catástrofes naturales recurrentes como Chile es una aberración jurídica que el legislador no haya previsto una cláusula donde las grandes empresas que explotan los recursos minerales estén obligadas por ley a pagar un tributo o Royalty excepcional para compensar las cuantiosas utilidades que éstas obtienen y exportan a sus países de origen y al sistema financiero mundial.

En vez de aquello, los diputados y senadores chilenos promulgaron una ley que establece un irrisorio impuesto específico a la actividad minera. Más aún, firmaron y persistieron con un decreto ley y un artículo que por sí solo da cuenta de dónde estaba el espíritu de los legisladores: más preocupados en proteger los intereses de las multinacionales del rubro que en desarrollar el país con los tributos de la extracción y venta de minerales de gran demanda en el mercado global.

El Decreto Ley 600 en uno de sus articulados dispone la invariabilidad tributaria por hasta 15 años para inversiones extranjeras en minería.

Esta legislación que le entrega el destino y la soberanía del país a las multinacionales y a los organismos reguladores del sistema global le permite a la Presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, expresar el pensamiento globalista y neoliberal del gobierno de Piñera. Evelyn Matthei ha declarado que de poco sirve que se les aumente el tributo a las transnacionales mineras, ya que éstas, en la práctica, “no van a estar sujetas a nada” y, agrega, “no veo una rendija para subir los impuestos a las mineras”.

Así, en un territorio donde el Estado asume las externalidades para que las empresas produzcan sin problemas, de golpe, a la primera oportunidad y antes de analizar el dossier y darle vuelta al aspecto jurídico y a la situación de precariedad que viven millones de familias asalariadas pobres, los políticos piñeristas muestran nuevamente la hilacha.

Antes de proponer y votar una Ley que aumente el tributo y Royalty minero de manera significativa para ir a buscar unos 20.000 millones de dólares para la reconstrucción del país, y sin siquiera reflexionar acerca del diseño de una estrategia para dar una batalla jurídica en tribunales internacionales, con el fin de hacer valer una cláusula de país damnificado en situación de emergencia por calamidad natural y, por lo tanto, obligado razonablemente y por fuerza mayor a aumentar el tributo a las grandes empresas mineras cuyas astronómicas ganancias exigen un mínimo de responsabilidad social, los neoliberales de la ultraderecha tiran la toalla, transformándose de hecho ante el país en los abogados políticos de los intereses de las grandes compañías.