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Por ello lo que importa no son los candidatos ni estrategias seudo originales: hay que identificarse con los derechos fundamentales de nuestro pueblos. Y los candidatos que vengan, deben asegurar una Constitución moralmente aceptable para todo el pueblo y para ellos.
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De nada sirve que se inscriban ya para la próxima elección si no se cambian ahora las reglas del juego.
Chile ha sido acostumbrado a los montajes del estado contra la libertad. Las acciones anunciadas por el flamante presidente y uno de los más ácidos y anti-democráticos servidores de Pinochet, como Jovino Novoa, no nos deben asombrar. Las anunciaron… igual como era ya una muerte anunciada, por colusión, la de la Concertación. ¿En este estado de cosas es posible buscar nuevos caminos?
Las noticias nos indican de que se agudiza la represión y la inmoralidad del sistema judicial y del estado. Nada de extraño este montaje de la justicia de marras contra Elena Varela y contra Kenny Sánchez, más el soborno de Sergio Reyes Matus en el más puro estilo de corrupción. Estas acciones las hicieron también contra Pascual Pichún y Patricia Troncoso y otros que siguen presos pese a que fueron dos veces sobreseídos hasta que se manipuló todo, con testigos encapuchados y pagados a favor de un abogado poderoso. Y el estado termina ofreciendo precios estratosféricos para las tierras de algunos “dueños” que se afirmaban en la intolerancia y el racismo prepotente. El gobierno se acomodó, como lo hizo por 20 años a estos crímenes y a la ley del embudo. Su tarea era asegurar que aumenten las ganancias de los pocos y que el país y su pueblo, si es necesario, se vayan al diablo. Los sectores más ricos le exigían al gobierno reprimir: el gobierno se adaptó a todo porque es y era parte de la confabulación de la historia. Las acusaciones contra los dirigentes de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) fueron montadas e incluyeron el uso de la tortura. Cuando fueron sorprendidos tuvieron que soltar a estos dirigentes… para luego volver a detenerlos con más montajes y en forma preventiva. El Estado chileno, a través de sus instituciones de control de la población y que garantizan las ganancias de los que dirigen el país y que hicieron una Constitución inmoral para eternizar el sistema económico, social y político que confeccionó la dictadura, no pueden sino hacer montajes y manipular. Los gobiernos de turno, mientras acepten (y se acomoden) a la Constitución actual, seguirán haciendo esto.
El paso siguiente -que ya lo han dado- es desencadenar una represión a los niveles que sea necesario. De allí la guerra sucia contra el pueblo mapuche que incluye a quienes solidaricen con ellos. Racismo e intolerancia prevalecen en la sociedad chilena que detenta el poder. ¿Debemos dejar que siga así por siglos y siglos con las autoridades, todas, seguir criminalizando a este pueblo? Las condenas mundiales por inequidad y represión a los pueblos originarios se han transformado en una segunda piel del sistema.
No es casualidad que Jovino Novoa haya hecho declaraciones de que “hay que terminar con los juicios a los miembros de FFAA y Carabineros”. De hecho, “el regalito” que les hizo el presidente “socialista” Lagos de que terminarían con todas las causas contra los criminales de lesa humanidad en este año 2010 permite a Novoa decirlo y prepararse para llevarlo a la práctica. Su presidente, el flamante magnate que engordó bajo el dictador Pinochet, ya se reunió en campaña electoral con los oficiales de las FFAA’s y les prometió que los juicios se van a terminar. Por eso es que el juicio en Italia a Podlech es una necesidad para caminar en Chile hacia algo más democrático. Veamos si la justicia chilena tiene algo de dignidad al ver el ejemplo.
Hay un camino… Uno que exija la aplicación en Chile de los acuerdos internacionales firmados por el gobierno (aunque los violan a cada paso que dan) relacionados con los DDHH’s en todos sus niveles. La exigencia colectiva debe ir por una Asamblea Constituyente, determinada en un referendo nacional bajo control de Naciones Unidas y no bajo las normas binominales de la Constitución de Pinochet que nos rige. Con ella jamás tendremos justicia porque la justicia actual (civil y militar) tienen como objetivo único proveer impunidad a la gran mayoría de los represores y mantener un sistema en Chile para unos pocos: los ricos cada día más ricos; los trabajadores cada vez con menos derechos y más inseguridad laboral en este paraíso de la inequidad. El futuro de Chile, de su pueblo no se considera. El capitalismo demencial que todo lo destruye es la norma. Las leyes nuevas de mayor silenciamiento del pueblo esas sí que se crean.
Para Elena Varela y los otros presos políticos –son unos 100 los mapuche que se han demonizado y los reciclan en las cárceles- debe demostrarse un mínimo de decencia: liberarlos ya y asegurar que todos los juicios sean bajo la justicia civil. Para ello es necesario que haya control de que la Justicia Civil no se declare incompetente, como acostumbran inmoralmente hacerlo. En estos años de falsa democracia lo han hecho sistemáticamente: en los casos de jóvenes asesinados, en los de la desaparición de José Huenante, en el asesinato de Matías Catrileo, en el de Alex Lemun y de Jaime Mendoza y tantos otros comuneros Mapuche o en el caso del niño de 12 años torturado y amenazado de ser lanzado desde un helicóptero de carabineros y por lo que se presentó una querella. Y así h sido en un total de 22 muertos mapuche “en democracia” por los que el estado nada ha hecho por que se haga Justicia. Esto, a pesar de que en prácticamente todos los asesinos son conocidos y confesos (con excusas estúpidas y montadas, pero confesos). Así, una vez que asesinos y culpables son conocidos y tienen la desvergüenza de remitir la pena. En todos los casos de crímenes contra mapuche, los hechores son conocidos. Los tres carabineros que hicieron desaparecer a José Huenante son también conocidos. Remitirles las penas es “perdonarlos”, mandarlos a sus casas, hacerlos firmantes y nada más. Siguen en sus instituciones y siguen subiendo en grado y sueldos. Y el pueblo mapuche que no tiene derecho a una justicia real ni a un apoyo legal que los países democráticos sí consideran no pueden sino quedarse con ese crimen y la tristeza de esta rutina que se ejerce contra ellos. A los asesinos de sus hijos se les defiende con fondos del estado… como a Podlech y otros. Pero, ¿qué se le ofrece a los pobres trabajadores, a los Mapuche que buscan justicia sino el trato discriminatorio que denunciamos? Por eso es que el que se creen Institutos de los derechos Humanos y designen, de oficio, que su Director será el Subsecretario del Interior es un contrasentido enorme: De ese Ministerio y de esa persona salen las normas y planes para reprimir. O crear un Ministerio de Asuntos Indígenas sin participación del pueblo Mapuche. O de inaugurar una institución muy pomposa como el Museo de la Memoria que le da trabajo a una presidenta cesante pero que no tuvo la memoria para cumplir las promesas hechas de cambiar la Constitución y de ponerse al frente de la defensa de los DDHH’s.
¿Los que cometieron crímenes cuándo tendrán la dignidad de confesar y aceptar la responsabilidad de sus crímenes? Los de antes y los de ahora. Estos que aún gozan de la impunidad son pretendidos héroes que no son capaces de enfrentarse a un juicio pero si lo hicieron con gente vendada, con ancianos, con detenidos que fueron torturados, como lo hemos visto en Roma donde se juzga un criminal contra la humanidad. Los desaparecieron, torturaron y luego escondieron la mano culpable… y, en seguida, extendieron la otra para recibir el premio que una sociedad chilena bajo dictadura les guardaba. Podríamos estar de acuerdo que los de baja graduación, -aquellos a los que se les manda y obliga hacer lo que los jefes ordenan- tuvieran que firmar… luego de un período de cárcel y re-educación democrática (que incluya el deber moral, obligatorio, de desobedecer las órdenes de golpes militares y de abusos y crímenes contra la población). Pero esto debe implicar obligatoriamente que los responsables superiores, cuando se cometan crímenes de lesa humanidad, sean ellos quienes reciban el peso y las condenas de sus crímenes. Que se juzgue a los que mandan, a los que planifican la represión y luego justifican sus crímenes cubriéndolo todo con el manto de la criminalización de quienes piden demandas razonables que el mundo entero reconoce como tales. Este es el caso de las luchas del pueblo mapuche pero también la de los estudiantes, los pescadores, los profesores, los mineros y tantos otros que se han cansado. Por ello, deberíamos ver que desde el Ministerio del Interior y de los oficiales superiores de Carabineros y otras fuerzas represivas irán apareciendo los verdaderos culpables. Ellos deberían, entonces, por dar las órdenes, ser quienes enfrenten la Justicia con todo el peso que sea necesario. Y que ellos cumplan penas reales por sus crímenes.
Nada de eso será posible con el nuevo Presidente Piñera que ya anunció sus políticas al respecto…Tampoco lo fue con los años de la Concertación porque aceptaron, a cambio del poder, coludirse con estos crímenes y con los beneficiados: los dueños de fundos mal habidos, los magnates del papel, la celulosa, la madera, las minas, etc. Estos son los mismos que piden represión para los mapuche, contra quienes luchan por sus derechos, que impiden la venta del mar, de las montañas, de la pampa, los lagos y que destruyen las riquezas no renovables del país a precio de insulto. Curiosamente, en el extranjero, los grupos bancarios y mineros celebran ya al nuevo presidente porque saben que va a aumentar las ganancias de los inversionistas con ventaja.
Por ello, es necesario que todos los chilenos tomemos nuestra dignidad y la pongamos al frente, apoyando las luchas por el respeto de todos los derechos fundamentales. Y hacerlo buscando la unidad en torno a la gran necesidad de tener un país justo. Para que eso suceda, debemos caminar urgentemente hacia una Nueva Constitución, a través de un proceso nacional, público y no manoseado por un Parlamento y/o el gobierno al servicio del sistema actual. Supervisado y vinculante: que comprometa a todo el pueblo y estado en sus nuevas normas. No debe responder a la justicia actual que impide que se haga justicia y que tengamos democracia. Chile no debe seguir adaptándose a la dictadura disfrazada. ¿Son estos sueños demenciales o debemos siempre buscar el mal menor, comprometer el alma por una migaja, como se nos ha impuesto siempre por todo tipo de coludidos con el poder? La historia la hacen los pueblos y quienes los aplastan, eventualmente son desenmascarados y culpables. Al salir de los momentos siniestros de la historia siempre ha sido necesario cortar con ese pasado y no adaptarse a ellos. Hay que buscar la unidad de todos los chilenos por la defensa de estos derechos y no creer que ahora se trata de cantar “arriba los corazones” como se nos estimula… ¿O es cierto que los chilenos no podemos buscar la verdadera justicia, equidad y justicia?
Sólo entonces podremos empezar a asegurar de que se cumplirá la justicia. Es una responsabilidad de todos y cada uno. Si se cree en la justicia hay que seguir buscándola, debemos romper las amarras mentales que nos han mantenido en torno a las manipulaciones antidemocráticas que nos gobiernan.
Escrito por José Venturelli
Chile ha sido acostumbrado a los montajes del estado contra la libertad. Las acciones anunciadas por el flamante presidente y uno de los más ácidos y anti-democráticos servidores de Pinochet, como Jovino Novoa, no nos deben asombrar. Las anunciaron… igual como era ya una muerte anunciada, por colusión, la de la Concertación. ¿En este estado de cosas es posible buscar nuevos caminos?
Las noticias nos indican de que se agudiza la represión y la inmoralidad del sistema judicial y del estado. Nada de extraño este montaje de la justicia de marras contra Elena Varela y contra Kenny Sánchez, más el soborno de Sergio Reyes Matus en el más puro estilo de corrupción. Estas acciones las hicieron también contra Pascual Pichún y Patricia Troncoso y otros que siguen presos pese a que fueron dos veces sobreseídos hasta que se manipuló todo, con testigos encapuchados y pagados a favor de un abogado poderoso. Y el estado termina ofreciendo precios estratosféricos para las tierras de algunos “dueños” que se afirmaban en la intolerancia y el racismo prepotente. El gobierno se acomodó, como lo hizo por 20 años a estos crímenes y a la ley del embudo. Su tarea era asegurar que aumenten las ganancias de los pocos y que el país y su pueblo, si es necesario, se vayan al diablo. Los sectores más ricos le exigían al gobierno reprimir: el gobierno se adaptó a todo porque es y era parte de la confabulación de la historia. Las acusaciones contra los dirigentes de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) fueron montadas e incluyeron el uso de la tortura. Cuando fueron sorprendidos tuvieron que soltar a estos dirigentes… para luego volver a detenerlos con más montajes y en forma preventiva. El Estado chileno, a través de sus instituciones de control de la población y que garantizan las ganancias de los que dirigen el país y que hicieron una Constitución inmoral para eternizar el sistema económico, social y político que confeccionó la dictadura, no pueden sino hacer montajes y manipular. Los gobiernos de turno, mientras acepten (y se acomoden) a la Constitución actual, seguirán haciendo esto.
El paso siguiente -que ya lo han dado- es desencadenar una represión a los niveles que sea necesario. De allí la guerra sucia contra el pueblo mapuche que incluye a quienes solidaricen con ellos. Racismo e intolerancia prevalecen en la sociedad chilena que detenta el poder. ¿Debemos dejar que siga así por siglos y siglos con las autoridades, todas, seguir criminalizando a este pueblo? Las condenas mundiales por inequidad y represión a los pueblos originarios se han transformado en una segunda piel del sistema.
No es casualidad que Jovino Novoa haya hecho declaraciones de que “hay que terminar con los juicios a los miembros de FFAA y Carabineros”. De hecho, “el regalito” que les hizo el presidente “socialista” Lagos de que terminarían con todas las causas contra los criminales de lesa humanidad en este año 2010 permite a Novoa decirlo y prepararse para llevarlo a la práctica. Su presidente, el flamante magnate que engordó bajo el dictador Pinochet, ya se reunió en campaña electoral con los oficiales de las FFAA’s y les prometió que los juicios se van a terminar. Por eso es que el juicio en Italia a Podlech es una necesidad para caminar en Chile hacia algo más democrático. Veamos si la justicia chilena tiene algo de dignidad al ver el ejemplo.
Hay un camino… Uno que exija la aplicación en Chile de los acuerdos internacionales firmados por el gobierno (aunque los violan a cada paso que dan) relacionados con los DDHH’s en todos sus niveles. La exigencia colectiva debe ir por una Asamblea Constituyente, determinada en un referendo nacional bajo control de Naciones Unidas y no bajo las normas binominales de la Constitución de Pinochet que nos rige. Con ella jamás tendremos justicia porque la justicia actual (civil y militar) tienen como objetivo único proveer impunidad a la gran mayoría de los represores y mantener un sistema en Chile para unos pocos: los ricos cada día más ricos; los trabajadores cada vez con menos derechos y más inseguridad laboral en este paraíso de la inequidad. El futuro de Chile, de su pueblo no se considera. El capitalismo demencial que todo lo destruye es la norma. Las leyes nuevas de mayor silenciamiento del pueblo esas sí que se crean.
Para Elena Varela y los otros presos políticos –son unos 100 los mapuche que se han demonizado y los reciclan en las cárceles- debe demostrarse un mínimo de decencia: liberarlos ya y asegurar que todos los juicios sean bajo la justicia civil. Para ello es necesario que haya control de que la Justicia Civil no se declare incompetente, como acostumbran inmoralmente hacerlo. En estos años de falsa democracia lo han hecho sistemáticamente: en los casos de jóvenes asesinados, en los de la desaparición de José Huenante, en el asesinato de Matías Catrileo, en el de Alex Lemun y de Jaime Mendoza y tantos otros comuneros Mapuche o en el caso del niño de 12 años torturado y amenazado de ser lanzado desde un helicóptero de carabineros y por lo que se presentó una querella. Y así h sido en un total de 22 muertos mapuche “en democracia” por los que el estado nada ha hecho por que se haga Justicia. Esto, a pesar de que en prácticamente todos los asesinos son conocidos y confesos (con excusas estúpidas y montadas, pero confesos). Así, una vez que asesinos y culpables son conocidos y tienen la desvergüenza de remitir la pena. En todos los casos de crímenes contra mapuche, los hechores son conocidos. Los tres carabineros que hicieron desaparecer a José Huenante son también conocidos. Remitirles las penas es “perdonarlos”, mandarlos a sus casas, hacerlos firmantes y nada más. Siguen en sus instituciones y siguen subiendo en grado y sueldos. Y el pueblo mapuche que no tiene derecho a una justicia real ni a un apoyo legal que los países democráticos sí consideran no pueden sino quedarse con ese crimen y la tristeza de esta rutina que se ejerce contra ellos. A los asesinos de sus hijos se les defiende con fondos del estado… como a Podlech y otros. Pero, ¿qué se le ofrece a los pobres trabajadores, a los Mapuche que buscan justicia sino el trato discriminatorio que denunciamos? Por eso es que el que se creen Institutos de los derechos Humanos y designen, de oficio, que su Director será el Subsecretario del Interior es un contrasentido enorme: De ese Ministerio y de esa persona salen las normas y planes para reprimir. O crear un Ministerio de Asuntos Indígenas sin participación del pueblo Mapuche. O de inaugurar una institución muy pomposa como el Museo de la Memoria que le da trabajo a una presidenta cesante pero que no tuvo la memoria para cumplir las promesas hechas de cambiar la Constitución y de ponerse al frente de la defensa de los DDHH’s.
¿Los que cometieron crímenes cuándo tendrán la dignidad de confesar y aceptar la responsabilidad de sus crímenes? Los de antes y los de ahora. Estos que aún gozan de la impunidad son pretendidos héroes que no son capaces de enfrentarse a un juicio pero si lo hicieron con gente vendada, con ancianos, con detenidos que fueron torturados, como lo hemos visto en Roma donde se juzga un criminal contra la humanidad. Los desaparecieron, torturaron y luego escondieron la mano culpable… y, en seguida, extendieron la otra para recibir el premio que una sociedad chilena bajo dictadura les guardaba. Podríamos estar de acuerdo que los de baja graduación, -aquellos a los que se les manda y obliga hacer lo que los jefes ordenan- tuvieran que firmar… luego de un período de cárcel y re-educación democrática (que incluya el deber moral, obligatorio, de desobedecer las órdenes de golpes militares y de abusos y crímenes contra la población). Pero esto debe implicar obligatoriamente que los responsables superiores, cuando se cometan crímenes de lesa humanidad, sean ellos quienes reciban el peso y las condenas de sus crímenes. Que se juzgue a los que mandan, a los que planifican la represión y luego justifican sus crímenes cubriéndolo todo con el manto de la criminalización de quienes piden demandas razonables que el mundo entero reconoce como tales. Este es el caso de las luchas del pueblo mapuche pero también la de los estudiantes, los pescadores, los profesores, los mineros y tantos otros que se han cansado. Por ello, deberíamos ver que desde el Ministerio del Interior y de los oficiales superiores de Carabineros y otras fuerzas represivas irán apareciendo los verdaderos culpables. Ellos deberían, entonces, por dar las órdenes, ser quienes enfrenten la Justicia con todo el peso que sea necesario. Y que ellos cumplan penas reales por sus crímenes.
Nada de eso será posible con el nuevo Presidente Piñera que ya anunció sus políticas al respecto…Tampoco lo fue con los años de la Concertación porque aceptaron, a cambio del poder, coludirse con estos crímenes y con los beneficiados: los dueños de fundos mal habidos, los magnates del papel, la celulosa, la madera, las minas, etc. Estos son los mismos que piden represión para los mapuche, contra quienes luchan por sus derechos, que impiden la venta del mar, de las montañas, de la pampa, los lagos y que destruyen las riquezas no renovables del país a precio de insulto. Curiosamente, en el extranjero, los grupos bancarios y mineros celebran ya al nuevo presidente porque saben que va a aumentar las ganancias de los inversionistas con ventaja.
Por ello, es necesario que todos los chilenos tomemos nuestra dignidad y la pongamos al frente, apoyando las luchas por el respeto de todos los derechos fundamentales. Y hacerlo buscando la unidad en torno a la gran necesidad de tener un país justo. Para que eso suceda, debemos caminar urgentemente hacia una Nueva Constitución, a través de un proceso nacional, público y no manoseado por un Parlamento y/o el gobierno al servicio del sistema actual. Supervisado y vinculante: que comprometa a todo el pueblo y estado en sus nuevas normas. No debe responder a la justicia actual que impide que se haga justicia y que tengamos democracia. Chile no debe seguir adaptándose a la dictadura disfrazada. ¿Son estos sueños demenciales o debemos siempre buscar el mal menor, comprometer el alma por una migaja, como se nos ha impuesto siempre por todo tipo de coludidos con el poder? La historia la hacen los pueblos y quienes los aplastan, eventualmente son desenmascarados y culpables. Al salir de los momentos siniestros de la historia siempre ha sido necesario cortar con ese pasado y no adaptarse a ellos. Hay que buscar la unidad de todos los chilenos por la defensa de estos derechos y no creer que ahora se trata de cantar “arriba los corazones” como se nos estimula… ¿O es cierto que los chilenos no podemos buscar la verdadera justicia, equidad y justicia?
Sólo entonces podremos empezar a asegurar de que se cumplirá la justicia. Es una responsabilidad de todos y cada uno. Si se cree en la justicia hay que seguir buscándola, debemos romper las amarras mentales que nos han mantenido en torno a las manipulaciones antidemocráticas que nos gobiernan.
Escrito por José Venturelli
20 de enero del 2010