En ese sentido, el jefe del Ministerio Público chileno, quien ratificó la entrega este mismo lunes de un informe a Perú sobre las investigaciones solicitadas, anunció que “en lo que nos compete técnicamente, no corresponde por ahora abrir ninguna investigación con los antecedentes que se nos pidieron desde Perú”.
El requerimiento de Perú se realizó invocando la “Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal”, suscrita por ambos países. En ella, los Estados “se comprometen a brindarse asistencia mutua en materia penal”, incluso si “el hecho que la origine no sea punible, según la legislación del Estado requerido”.
Según la prensa local, pese a que el Ministerio Público determinó la inexistencia de las indentidades de los sujetos mencionados por Ariza, no se descarta que en los próximos días el gobierno de Álan García envíe nuevas solictudes.
A mediados de noviembre pasado una radioemisora peruana desató el escándalo tras afirmar que el suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP), Ariza Mendoza, espiaba a favor de Chile.
Tras conocerse el caso, el diario peruano La República, publicó que Ariza Mendoza suministró a Chile “planes estratégicos de la modernización de los equipos de guerra de la Fuerza Armada Peruana (FAP) hasta el año 2021, como el Plan Maldonado para la recuperación de los aviones de combate, los códigos de los números de los teléfonos y faxes encriptados de la embajada del Perú en Santiago, fotografías de la base aérea de La Joya donde se encuentran emplazados los aviones de combate Mirage-2000 y el complejo de defensa aérea Pechora, la identificación del personal de inteligencia en comisión de servicio en la capital del vecino del sur, entre otra información que compromete la seguridad nacional, vendió el suboficial FAP Víctor Ariza Mendoza a las fuerzas armadas chilenas, confirmaron fuentes militares relacionadas con la investigación”.
Acusaciones similares se produjeron del otro lado de la frontera en agosto pasado, cuando Chile denunció a Perú por un caso de espionaje.
Por este caso, el jefe de la diplomacia peruana, José Antonio García Belaúnde, había asegurado el pasado 2 de agosto que “no era ninguna política de Estado espiar” y señaló que los responsables de este hecho eran los integrantes de la empresa privada Buissness Track (BTR), detenidos hace varios meses por participar en espionaje empresarial.