Carlos Avirama, representante de uno de los movimientos indígenas presentes en la zona, repudió lo sucedido con el gobernador de Caquetá, afirmó que “era uno de los mejores líderes de la región que había registrado la mayor votación del departamento” que, en la actualidad, es uno de los más violentos del país.
El secretario de la Alianza Social Indígena, Juan Diego García, señaló, que la organización emitió un comunicado a las autoridades colombianas judiciales para pedir celeridad en las investigaciones con miras a conseguir, rápidamente, a los autores del crimen.
El gobernador colombiano,
Luis Francisco Cuéllar, fue secuestrado este lunes en horas de la noche por cerca de 10 hombres fuertemente armados que lograron entrar a su residencia y burlaron a sus escoltas, portaban uniformes del comando antisecuestro del Ejército.Tras conocer la noticia del secuestro, autoridades colombianas
responsabilizaron del hecho a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e indicaron que el grupo armado sacó supuestamente al funcionario de su residencia luego de atacar a balazos y con granadas a su grupo de escoltas. Posteriormente, el gobierno anunció un operativo militar contra el grupo insurgente con miras a rescatar a todos los secuestrados que tienen en su poder.Cuéllar fue hallado sin vida este martes en Sebastopol, una zona rural cercana a Florencia, según indicó el secretario de Gobierno del departamento colombiano del Caquetá, Edilberto Ramón Endo. El hecho ha enlutado a una de las regiones más violentas de toda Colombia.
Fiscalía anuncia investigación
El Fiscal General de Colombia, en carácter de encargado, Guillermo Mendoza, calificó el crimen como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario debido a que se trataba de una persona protegida e indicó que el caso podría llegar a la Corte Penal Internacional.
Mendoza también anunció la creación de una comisión especial de fiscales para investigar el caso que el gobierno atribuyó a las FARC.
“La comisión especial va a trabajar en forma coordinada con la Policía para recopilar pruebas”, dijo el fiscal y agregó que aunque no puede hablar del esquema de vigilancia del gobernador, “sí me extraña que hubiera solo una persona vigilando su casa”.
Mencionó, por último, que el fallecido gobernador tenía tres investigaciones penales en curso por denuncias en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares y por concierto para delinquir agravado.