El vocero de la policía, Orlin Cerrato, informó que ese cuerpo está intensificando sus operaciones, entre ellas los patrullajes y los retenes.
Lo que estamos haciendo es tener más presencia en las calles, estamos a un cien por ciento trabajando junto con las Fuerzas Armadas, dijo.
Los comicios son rechazados por el Frente Nacional contra el golpe de Estado, que los considera una farsa fraudulenta para validar la asonada militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya.
El estadista adelantó que impugnará legalmente las elecciones, al denunciarlas como ilegales por su realización por un régimen de facto represivo que destruyó la legalidad democrática de Honduras.
El Frente llamó ayer a la población a mantenerse en sus viviendas desde las 06:00 hora local hasta las 18:00 de mañana y no acudir a votar para no validar la farsa de los golpistas.
Líderes de esa alianza de fuerzas sociales y políticas como Juan Barahona y Rafael Alegría explicaron durante una manifestación este viernes que se tratará de “un toque de queda popular”.
Alegría precisó que la medida evitará también que los hondureños sean reprimidos por los casi 30 mil militares y policías desplegados en el país por el régimen de facto.
En tanto, en la norteña ciudad de San Pedro Sula, la segunda del país y su emporio industrial, las organizaciones del Frente convocaron a una marcha este domingo para expresar el repudio a los comicios.
Barahona aseguró que la resistencia hará patente, de formas diversas, pero pacíficas, el rechazo del pueblo a los comicios, con los cuales -denunció- la oligarquía golpista aspira a perpetuar su poder.
Los voceros del régimen y los medios de difusión, en su mayoría propiedad de los grupos de poder que apoyan el golpe, mantienen este sábado una intensa campaña para lograr la afluencia de los votantes a las urnas.
Voceros del gobierno de facto, las fuerzas armadas, la policía, el Tribunal Electoral y el Ministerio Público, advirtieron que cualquier intento de boicotear la votación será perseguido y castigado con penas de cárcel.
El fiscal general, Luis Alberto Rubí, dijo haber cursado instrucciones a los 530 fiscales del país para proceder contra quienes traten de boicotear el sufragio, contra los que anunció penas de cuatro años de prisión.
En las elecciones participan los cinco partidos reconocidos legalmente, aunque tres de ellos, incluido uno de los dos tradicionales, el Liberal, han sufrido fuertes desgajamientos internos por su complicidad con el golpe.