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En agosto de 1989, veinte años atrás, una recatada profesora le compró en 2 millones de pesos al Banco Osorno y La Unión, hoy Banco Santander Chile, un terreno de 800 m2 de superficie localizado en la calle Marte sin número, de la subdivisión de la parcela B El Milagro, situada en la comuna de Rancagua, VI Región.
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En la actualidad ese sector urbano se llama Villa Teniente II y en el Conservador de Bienes Raíces figura como titular del inmueble la persona que tuvo la mala decisión de adquirir este predio tipificado como “equipamiento” en el Plan Regulador de Rancagua y como sitio eriazo, tanto por el Servicio de Internos Internos (SII) como por la Tesorería General de la República.
La señora en cuestión, hoy en día jubilada, había comprado el terreno para instalar allí un colegio y para ello en 1990 había contratado los servicios profesionales de un arquitecto para que le hiciera los planos correspondientes, proyecto que se vio truncado porque la Junta de Vecinos del sector, equivocadamente, sostenía que el predio en donde se pensaba emplazar ese colegio no admitía tal equipamiento educacional, sino que era tan solo para área verde. En realidad, esos antiguos dirigentes vecinales no querían que se edificara el establecimiento educacional porque temían por los eventuales trastornos y ruidos que iban a producir los alumnos.
Los dirigentes vecinales de entonces, aplicando la práctica de los hechos consumados, con el consentimiento de las autoridades municipales, contrataron a unos jardineros para que materializaran el área verde, la que hoy en día es una plazoleta con diferentes especies arbóreas, algunas de gran tamaño y otras más chicas. La municipalidad, coludida con los cabecillas de la Junta Vecinal, incluso pagaba el agua con que se regaba la vegetación de la plazoleta.
Está claro que esta área verde consolidada y en los hechos de carácter pública, entrega externalidades positivas a la comunidad porque es una fuente de oxigenación y ayuda al ornato del barrio, pero no podemos perder de vista que fue tomada ilegalmente por una Junta de Vecinos que se excedió en sus atribuciones.
Lo anterior le ha ocasionado un perjuicio económico de proporciones a la dueña del sitio, la que, aunque el lector no lo crea, ha estado pagando religiosamente las contribuciones de Bienes Raíces que le cobra el SII. Al año, la persona vulnerada en su derecho de propiedad, paga $ 300.000, lo que significa que ha desembolsado la suma de $ 6.000.000 en los veinte años en que no ha ejercido su dominio sobre el sitio que le pertenece legalmente. Recordemos que las jubilaciones de los profesores son exiguas, de tal forma que esta compatriota tiene que hacer esfuerzos tremendos para pagar ese impuesto territorial.
Este sucinto relato público debe hacer recapacitar a las actuales autoridades de la Municipalidad de Rancagua, más aún si sabemos que los nuevos dirigentes de la Junta de Vecinos comparten el justo reclamo de la dueña del sitio, lo que ha quedado establecido en carta del 3 de octubre de 2008 dirigida al alcalde, la que no mereció respuesta alguna a pesar del razonable planteamiento de la misma : solicitaban que, con recursos municipales, se le comprara el predio a su dueña para así mantener el área verde recreativa.
Qué sirva esta columna para recordarle al Concejo Municipal de Rancagua y en especial a su alcalde UDI, Eduardo Soto, que el derecho de propiedad de los más débiles también se debe respetar. Si dicho edil, por los motivos que sean, no se da por aludido, esperamos que Edison Ortiz, activo concejal PS, pro Marco Enríquez-Ominami, tomará cartas en el asunto para que se ponga en tabla de una próxima sesión esta vergonzosa situación.
También podría ser posible, aunque es muy difícil que ello ocurriera, que el terreno en cuestión haya formado parte de la cesión gratuita que todo loteador tiene que hacer para destinarla a áreas verdes y equipamientos de uso público, tal como lo manda el artículo 70º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Si se hubiera dado esta situación, quién caería en dolo, sería el banco comercial que le vendió este terreno a la profesora. Pero como la municipalidad de Rancagua mantiene una impresentable mudez, el asunto todavía está pendiente.
Esperamos que después de la segunda vuelta de la elección presidencial, con un nuevo primer mandatario, la situación ilegal de Rancagua se resolverá a favor de la retirada docente violada en sus derechos desde hace cuatro lustros.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”
La señora en cuestión, hoy en día jubilada, había comprado el terreno para instalar allí un colegio y para ello en 1990 había contratado los servicios profesionales de un arquitecto para que le hiciera los planos correspondientes, proyecto que se vio truncado porque la Junta de Vecinos del sector, equivocadamente, sostenía que el predio en donde se pensaba emplazar ese colegio no admitía tal equipamiento educacional, sino que era tan solo para área verde. En realidad, esos antiguos dirigentes vecinales no querían que se edificara el establecimiento educacional porque temían por los eventuales trastornos y ruidos que iban a producir los alumnos.
Los dirigentes vecinales de entonces, aplicando la práctica de los hechos consumados, con el consentimiento de las autoridades municipales, contrataron a unos jardineros para que materializaran el área verde, la que hoy en día es una plazoleta con diferentes especies arbóreas, algunas de gran tamaño y otras más chicas. La municipalidad, coludida con los cabecillas de la Junta Vecinal, incluso pagaba el agua con que se regaba la vegetación de la plazoleta.
Está claro que esta área verde consolidada y en los hechos de carácter pública, entrega externalidades positivas a la comunidad porque es una fuente de oxigenación y ayuda al ornato del barrio, pero no podemos perder de vista que fue tomada ilegalmente por una Junta de Vecinos que se excedió en sus atribuciones.
Lo anterior le ha ocasionado un perjuicio económico de proporciones a la dueña del sitio, la que, aunque el lector no lo crea, ha estado pagando religiosamente las contribuciones de Bienes Raíces que le cobra el SII. Al año, la persona vulnerada en su derecho de propiedad, paga $ 300.000, lo que significa que ha desembolsado la suma de $ 6.000.000 en los veinte años en que no ha ejercido su dominio sobre el sitio que le pertenece legalmente. Recordemos que las jubilaciones de los profesores son exiguas, de tal forma que esta compatriota tiene que hacer esfuerzos tremendos para pagar ese impuesto territorial.
Este sucinto relato público debe hacer recapacitar a las actuales autoridades de la Municipalidad de Rancagua, más aún si sabemos que los nuevos dirigentes de la Junta de Vecinos comparten el justo reclamo de la dueña del sitio, lo que ha quedado establecido en carta del 3 de octubre de 2008 dirigida al alcalde, la que no mereció respuesta alguna a pesar del razonable planteamiento de la misma : solicitaban que, con recursos municipales, se le comprara el predio a su dueña para así mantener el área verde recreativa.
Qué sirva esta columna para recordarle al Concejo Municipal de Rancagua y en especial a su alcalde UDI, Eduardo Soto, que el derecho de propiedad de los más débiles también se debe respetar. Si dicho edil, por los motivos que sean, no se da por aludido, esperamos que Edison Ortiz, activo concejal PS, pro Marco Enríquez-Ominami, tomará cartas en el asunto para que se ponga en tabla de una próxima sesión esta vergonzosa situación.
También podría ser posible, aunque es muy difícil que ello ocurriera, que el terreno en cuestión haya formado parte de la cesión gratuita que todo loteador tiene que hacer para destinarla a áreas verdes y equipamientos de uso público, tal como lo manda el artículo 70º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Si se hubiera dado esta situación, quién caería en dolo, sería el banco comercial que le vendió este terreno a la profesora. Pero como la municipalidad de Rancagua mantiene una impresentable mudez, el asunto todavía está pendiente.
Esperamos que después de la segunda vuelta de la elección presidencial, con un nuevo primer mandatario, la situación ilegal de Rancagua se resolverá a favor de la retirada docente violada en sus derechos desde hace cuatro lustros.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”