La Comisión de Educación de la Cámara recibió ayer a Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, quien dijo tener toda la intención de pactar con el Ejecutivo una solución para el pago de la deuda histórica y el bono SAE, pero, a su parecer, el Gobierno no ha dado señales de querer avanzar en la materia. Los parlamentarios estaban interesados en ayudar a los profesores a buscar una solución para zanjar el conflicto por la denominada deuda histórica, que tiene a los docentes en un paro nacional indefinido desde el viernes pasado.
Gajardo señaló que existe la necesidad de parte de los profesores de que el Gobierno reconozca la deuda histórica, debido a que ésta es la única forma de abrir espacios para negociar. “Nosotros dijimos que estamos con toda la flexibilidad y ánimo para buscar un acuerdo”, señaló.
Asimismo, el dirigente argumentó que este acuerdo debe estar basado en cuatro criterios: “Que sea un acuerdo nacional, suscrito por todos los sectores; que plantee la idea de la reparación y que además tome en cuenta que la reparación puede darse por periodos, ya que no necesariamente tiene darse el pago todo de una vez”.
Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores puntualizó que para que esto se produzca es necesario que la autoridad esté dispuesta a buscar una solución concreta, considerando que son 80 mil los profesores afectados y 1,5 millones de estudiantes que se encuentran sin clases.
Pese a esto, sostuvo que “una reunión que teníamos hoy programada con la autoridad para las seis de la tarde la han derivado para mañana a las 19 horas. Entonces esto habla mal de la autoridad y demuestra que aquí no hay espíritu negociador”, señaló refiriéndose a un acuerdo tripartito acordado entre el Gobierno, los profesores y los alcaldes para zanjar el conflicto.
Por último, Gajardo adelantó que el paro no se depondrá y que esto ocurrirá cuando “haya un cambio de conducta de la autoridad en donde se suscriba un acuerdo que diga que va a haber reparación y que se va a pagar el bono SAE. En esos términos, nosotros deponemos el paro, si no sencillamente no puede haber acuerdo”.
Debido a lo expresado por Gajardo, el presidente de la instancia, diputado Sergio Bobadilla (UDI), expresó que la Comisión “ha resuelto no seguir discutiendo el proyecto que crea la Superintendencia de la Educación (boletín 5083)- hasta la próxima semana, como una manera y una forma de solicitarle al Gobierno que flexibilice su postura y que busque los espacios de acercamiento porque una situación como esta no se puede postergar por más tiempo”.
En tanto, el diputado PS Manuel Monsalve dijo respecto a la mesa de dialogo que se postergó para mañana que “yo creo que ha llegado el momento de reponer esta mesa de diálogo. Nosotros esperamos ayudar a que eso se haga, a que el Colegio de Profesores se siente con el Gobierno y que ambos vean sus posiciones. Yo creo que la posición del Ejecutivo es extremadamente legalista, pero lo concreto es que aquí se produjo un daño patrimonial a los profesores que debe ser resuelto”, recalcó.
Informe a Bachelet
En forma unánime, en el marco de las negociaciones para el pago de la deuda histórica del magisterio, la Sala acordó pedir a la Presidenta Michelle Bachelet que aplique las propuestas contenidas en el informe de la Comisión Especial que estudió el tema.
El proyecto de acuerdo Nº 878, aprobado por 78 votos, pide además el reconocimiento tácito o explícito de la deuda moral que han hecho tantos los distintos poderes del Estado como las propias municipalidades.
Adicionalmente, se solicita que el Ejecutivo reconozca la posición inicial que manifestó al firmar un protocolo de acuerdo con representantes del Congreso Nacional, lo que originó la instancia que propuso soluciones posibles a la deuda histórica.
El documento recuerda el incumplimiento de la Ley 3.551, de 1980, que otorgaba un mejoramiento salarial en cuatro tramos sucesivos entre 1981 y 1984, que se dejó de pagar por el traspaso de las escuelas y liceos a los municipios y empresarios privados regidos por la ley 3.166.
La grave situación que afecta al gremio dio origen a una Comisión Especial, previa petición del Ejecutivo que analizara el tema de la deuda histórica.
“Nos encontramos con que la obligación existe y que se ha transformado en un problema moral del Estado de Chile, al cual no se ha logrado dar una solución y que mantiene por ello efectos negativos de naturaleza económica, previsional y social”, añade el documento.