Inesperadamente, el 19 de octubre, la Corte Suprema de Uruguay declaró inconstitucional, en un fallo histórico, la Ley de Caducidad de la Propiedad Punitiva del Estado que impedía juzgar a los militares acusados de violar los derechos humanos durante el régimen militar. El fallo fue 4 a 1, en lo formal y unánime sobre el punto que el parlamento votó la ley de caducidad bajo presión, lo que violaba 5 artículos de la Constitución y era incompatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos El caso particular que ocasionó el dictamen fue la investigación de la muerte de la profesora Nibia Sabalzagaray, militante de las juventudes comunistas, en un cuartel militar, presuntamente bajo torturas. Los altos magistrados fundamentaron su decisión en que la norma violaba la separación de poderes y que no podía ser entendida como una ley de amnistía, porque no fue aprobada según lo establecido en la Constitución. Estableció además que vulneraba tratados internacionales. La ley de Caducidad había sido aprobada por el Congreso en 1986, cuando los militares amenazaron que no asistirían a los juzgados si eran citados en procesos por violaciones a los derechos humanos, en franco desacato a las instituciones democráticas.. Cediendo a esta medida de extorsión militar, la ley de Caducidad fue aceleradamente aprobada en diciembre de ese año en una sesión extraordinaria antes del receso legislativo. Fue ratificada en un referéndum el 16 de abril de 1989, por un 57%, bajo similares circunstancias de presión militar, cuando la democracia se encontraba aún debilitada y había acuerdos de los políticos para la impunidad. Los jueces dijeron que los legisladores en 1986 se habían atribuido facultades constitucionalmente asignadas a los jueces, es decir que hubo violación a la separación de poderes.. Anteriormente, hace 20 años, la Corte Suprema había considerado válida la ley de Caducidad, por 3 votos contra 2.
La ley de Caducidad estableció la obligación a los jueces de pedir permiso al gobierno de turno para investigar torturas o asesinatos ocurridos durante la dictadura cívico-militar de 1973 a 1985. Pero la Historia, humilde maestra de la paciencia, logró abrirse paso. En 2005, el Frente Amplio de centro izquierda llegó al poder, y el presidente Tabaré Vázquez, cumpliendo una promesa electoral, autorizó a los jueces actuar. Se declaró al margen del amparo de esa ley a la desaparición forzosa al considerarlo un delito de carácter permanente, de acuerdo al compromiso asumido por Uruguay con la legislación internacional en materia de derechos humanos. Se trataba del traslado clandestino de detenidos en Argentina hacia Montevideo entre 1977 y 1978 y luego desaparecidos. Por esta acción fueron encarcelados Juan María Bordaberry y el general ® Gregorio Álvarez, junto con una decena represores más en diciembre de 2007. Estos procesamientos y el hallazgo de tumbas ocultas en recintos militares hizo que la situación fuera diferente. En un país de 3.300.000, se estima existieron 200 detenidos desaparecidos, varios de ellos en la operación Cóndor.
Gregorio Álvarez fue comandante en jefe del Ejército durante 1978 y 1979 y presidente de facto entre el 1° de diciembre de 1981 y 12 de febrero de 1985. No aceptó la voluntad de la mayoría de volver a la democracia manifestada al rechazar la Constitución propuesta por los militares y ocupó el poder Ejecutivo, postergando la vuelta a la democracia. Un hermano del general Álvarez, el coronel Artigas Álvarez, Director de la Defensa Civil, imputado de haber matado a patadas a una persona en la cárcel, había sido asesinado por los tupamaros a la salida de su domicilio. Esta muerte motivaba al general a ser extremadamente inflexible contra ese movimiento guerrillero.
El 22 de octubre, fueron condenados el general Álvarez y el ex capitán de navío, Juan Carlos Larcebeau (conocido torturador y asesino) a 25 y 20 años respectivamente. El primero por 37 homicidios y el segundo por 29, todos “muy especialmente agravados” ocurridos en 1977 y 1978 . Se les calificó como crímenes de lesa humanidad, constituyendo un avance muy importante para el Derecho uruguayo, al ajustarse a la legislación internacional. El octogenario ex dictador no asistió a la lectura del fallo, aduciendo que se encontraba con diarrea. Se le envió un médico forense para constatar y fue notificado en la cárcel.
Por otra parte, la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, durante un año y medio, recolectó firmas de la ciudadanía y logró que se convocara a un plebiscito sobre la materia. Esta Coordinadora está integrada por organizaciones sociales y políticas y por reconocidas personalidades de la cultura uruguaya.
Desafortunadamente, el 25 de octubre, por la polarización existente entre el Frente Amplio y los tradicionales partidos Colorado y Blanco (PN), el Sí logró un 47,4%, semejante al 47,5% de José Mujica. Se requería superar el 50% para anular la ley de Caducidad. Según la prensa uruguaya, este fracaso fue recibido con jolgorio en las sedes de los partidos opositores. Hubo falta de racionalidad de los opositores al gobierno de Vázquez, dado que estaba claro que la Ley de Caducidad estaba viciada en su generación, al ser impuesta bajo presión militar y vulneraba la legislación internacional sobre derechos humanos. Hubo ceguera política por el rechazo al candidato frentista, por haber sido miembro del Movimiento Tupamaro. Sin embargo, es altamente probable que próximamente se presenten más recursos de inconstitucionalidad para otros casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar. La Corte Suprema podrá seguir evaluando la inconstitucionalidad caso a caso y, al haber ya sentado un precedente con el caso Sabalsagaray, se estima que la emisión de resoluciones será más rápida.
Sucinta comparación con Chile.
A diferencia de Uruguay, Chile tuvo una prolongada dictadura unipersonal regida por un militar ansioso de poder y avidez de dinero. Logró que todo girara en torno a su figura, en un remedo del rey sol, Luis XIX, pretendía que el Estado era él. Quiso permanecer el mayor tiempo posible encabezando al régimen militar, planeaba hacerlo hasta 1997 o hasta su muerte. Quería disponer de tiempo para incrementar su fortuna y evitar que los comunistas pudiesen regresar al poder y tomaran revancha de su actuación genocida.
Cuando, bajo el auspicio del cardenal Fresno, se planteaba un acuerdo nacional para volver a la democracia, su alarma fue evidente. En una improvisación, a comienzos de octubre de 1984, en el Club de la Unión, expresó: “El día que se acabe el gobierno militar, el día que venga la agresión comunista, que va a ser mucho más sangrienta de lo que están soñando, porque se van a tomar represalias. Espero en Dios no estar ya en este mundo”. Entonces van a saber qué es la cosa”… “Y me dicen que va a llegar la presión de éste (se refería al cardenal Fresno), de la Iglesia… ¡qué me importa a mí, señores!. ¡yo estoy peleando contra los comunistas!”.
En Uruguay se rechazó la Constitución propuesta por los militares. En cambio, en Chile fue aprobada en plebiscito de 1980. Eso sí en condiciones aberrantes: sin registros electorales, durante estado de emergencia, con partidos políticos prohibidos, sin supervisión electoral independiente, con recuento de votos a cargo de partidarios del Sí, sin posibilidad alguna de control por los opositores. Su elaboración había sido a puertas cerradas por redactores de tendencia política sólo de tendencia ultraconservadora. Asiste la duda si en circunstancias electorales normales habría sido ratificada, aún en dictadura.
En Chile, también se pretendió darle un punto final a la violación de los derechos humanos por la dictadura militar. El intento fue la Comisión de Verdad y Reconciliación a la que llamó Patricio Aylwin, que intencionadamente dejó de lado la palabra Justicia. Se pretendía un retorno a la democracia acallando el pasado, lo cual le dio dudosa calidad e hizo interminable la transición chilena. Fue como una especie de pacto de no agresión, dejando atrás muchas convicciones. Se impuso una transición pactada, dado que, en los últimos años de la dictadura, la oposición no tenía medios ni fuerzas suficientes para hacer caer al régimen y éste no tenía capacidad para doblegar a la oposición. Y el gobierno militar tenía puestos sobre él los ojos del mundo, al ir quedando solitario como dictadura en Latinoamérica, restando sólo Stroessner en Paraguay. Había una especie de situación de paralización mutua, a la cual había que buscar una salida. Pero, aclarar los crímenes cometidos por una despiadada dictadura durante casi 17 años era un problema de dignidad ineludible y los familiares de las víctimas clamaban por justicia. Paradojalmente, Pinochet colaboró eficazmente en que se investigaran sus crímenes, al viajar imprudentemente a operarse a Inglaterra. De poco le sirvió el estricto control ejercido en el nombramiento de los jueces a las cortes superiores, pues ya se había producido una renovación parcial de ellas en los diez años trascurridos desde que dejó la presidencia. En los esfuerzos por obtener su liberación de Inglaterra para evitar ser juzgado en España, los políticos se vieron forzados a comprometerse a enjuiciarlo en Chile. Luego viviría una verdadera odisea judicial, tanto por sus crímenes como por cuantiosos sus robos. Saldría ignominiosamente librado sólo al ser declarado artificiosamente demente, lo cual estaba cuestionado al momento de su muerte.
