El proyecto fue aprobado con más de 200 modificaciones de fondo, algunas sustanciales, como la prohibición a las empresas telefónicas de participar en el negocio de la televisión por cable.
El texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha provocado entre las empresas con intereses en el sector.
También crea cupos de producción local e indica que las compañías con licencias pueden tener hasta un 30 por ciento de participación extranjera, salvo que se trate de una empresa de un país que haya firmado un tratado de “reciprocidad efectiva” con Argentina, lo que habilita una participación mayoritaria de capital de origen foráneo.
“Estamos tocando intereses poderosos que se sentían impunes y usaban todo tipo de elementos para impedir que una nueva ley regule los medios so pretexto de afectar la libertad de expresión”, aseveró Baladrón.
Tras la exposición del miembro informante, diputados opositores de la Unión Cívica Radical (
UCR), la Unión PRO y la Coalición Cívica plantearon cuestiones de privilegio para denunciar supuestas irregularidades en la firma del dictamen y en el desarrollo de la sesión especial.