“Es gente que no debiera recibir fondos del estado porque debiera estar fuera de la administración, eso es lo que queremos indagar”, aclaró Ojeda.
Por su parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que es clave la entrega de información de parte del Ejército, porque los casos revelados por medio de un reportaje de La Nación Domingo sólo se refieren a personas con contratos a honorarios y que se puede acceder a sus ingresos gracias a la Ley de Transparencia Pública.
La dirigenta señaló que no se trataría de los únicos casos, y que podría haber más debido a que la ley establece reservas para ciertos ingresos en la institución castrense.
